LA VARIABLE TIEMPO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Extender en el tiempo el diálogo político con los sectores que reclaman la victoria del NO en el plebiscito del 2 de octubre, irá erosionando, poco a poco, la legitimidad del Acuerdo Final y socavará la confianza entre los equipos negociadores, la misma que tanto costó construir y consolidar durante el proceso de negociación adelantado en La Habana. 

Al mismo tiempo, podría fracturar la unidad de mando de las Farc, dadas las expectativas de desarme y reinserción que se pudieron generar en la guerrillerada. En cuanto  a la Fuerza Pública, el nivel de incertidumbre provocaría la deliberación de oficiales con mando de tropa, lo que aumentaría el riesgo de que se ordenen operaciones militares que terminen provocando al ya casi desaparecido enemigo interno.

Así entonces, el tiempo es, desde el nefasto e inesperado resultado electoral, la variable que bien puede dar al traste con la compleja negociación que terminó en un Acuerdo Final, que más de seis millones de colombianos decidieron no refrendar, bien porque jamás lo leyeron y comprendieron, porque creyeron en las mentiras y tergiversaciones, ya reconocidas, a las que apeló Álvaro Uribe Vélez y Juan Carlos Vélez Uribe,  cabezas visibles de la campaña por el NO; o porque simplemente, al dejarse llevar por el odio hacia las Farc, decidieron negarse a refrendar el señalado documento. Incluso, muchos bien pudieron haber votado NO ese 2 de octubre, como forma de castigar a la administración de Santos.

A pesar del consenso que hay alrededor de los riesgos en los que caería el proceso de paz y la misma institucionalidad al extender en el tiempo el proceso de ajuste al Acuerdo Final que echó a andar el triunfo del NO, el Gobierno continúa escuchando a los sectores de poder y de opinión que hicieron campaña por el NO.  Ya el Centro Democrático, en cabeza del ganadero y senador de la República, Álvaro Uribe, hizo públicas sus propuestas para “mejorar” el documento acordado entre los negociadores del Gobierno y de las Farc.

En reuniones posteriores, llegaron a la Casa de Nariño, la ex ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, así como miembros de iglesias cristianas que hicieron campaña por el NO, apoyados en aquello que se llamó la “ideología de género”. Igualmente, aparece Ordóñez Maldonado, a quien el triunfo del NO y los medios masivos de comunicación le mantienen una inexplicable vocería  y legitimidad, a pesar de sus actuaciones inmorales y las maniobras ilegales con las que logró reelegirse como Procurador General de la Nación.

Así entonces, el creciente  listado de voceros y de sectores que reclaman ser escuchados por el Gobierno, obliga a los negociadores del Gobierno y de las Farc a discutir, con celeridad, la viabilidad de esas propuestas y la posibilidad de integrarlas al Acuerdo Final. Y ello tomará tiempo.

Ahora bien, el país debe entender que el ejercicio de escuchar y recoger las propuestas de los sectores que se negaron a refrendar el Acuerdo Final, no obliga a que todos los puntos contenidos en esas propuestas terminen convertidos en ajustes al documento del Acuerdo Final. La estrecha victoria del NO, no convierte a sus  líderes y sectores en nuevos negociadores y mucho menos hace que lo propuesto adquiera el carácter obligatorio, que termine en una re-edición de un documento ya acordado y firmado. Menos mal el Presidente y las Farc ya dejaron claro este asunto en su comunicado conjunto y posteriormente, Juan Manuel Santos llamó la atención a los voceros del NO, para que hagan propuestas viables. 

Eso sí, el proceso de ajuste que echó a andar el triunfo del NO bien puede dejar insatisfechos al hacendado y ex presidente, Álvaro Uribe Vélez,  y a los otros voceros del NO. Dado ese caso, se necesita que el grueso del Establecimiento apoye a Santos, para salvar el Acuerdo Final.

Qué bueno sería que los grandes ricos salieran a respaldar el Acuerdo Final con el firme propósito de debilitar la inmerecida legitimidad que el NO le renovó a Uribe Vélez. Es hora de adoptar posturas claras en beneficio de la Nación y de los colombianos.

Si el Gran Latifundista insiste en torpedear lo acordado, actores claves de la sociedad civil deben exponer con claridad cuál es el proyecto ético-político que están dispuestos a defender: si el modelo latifundista que tanta violencia ha generado en el país, o si por el contrario,  buscan que este modelo conviva con el modelo minifundista con el que nuestros campesinos sobreviven y con el que aportan en buena medida a mantener la seguridad alimentaria en el país.  

Es hora de tomar decisiones en procura de ampliar la democracia formal y procedimental con la que hemos dejado por fuera a grupos que tienen ideas distintas alrededor del ejercicio de la política, el Estado y el funcionamiento de la sociedad, el Estado y el mercado. Si el Acuerdo Final no pone en riesgo la propiedad privada, ni toca el modelo político y económico y mucho menos, lo hace con las Fuerzas Armadas, ¿por qué insistir en oponerse al fin del conflicto armado?

Imagen tomada de semana.com