Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y
politólogo
Al referirse al
escándalo por la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña Samper
Presidente, Álvaro Gómez Hurtado dijo en su momento: “el Presidente no se cae porque nadie lo está tumbando, ni los
estudiantes, ni los sindicatos…, pero tampoco se puede quedar…”.
Tenía razón en parte el líder conservador. A Samper
nadie lo quiso tumbar a pesar de la
enorme crisis de gobernabilidad que generó el que se haya conocido públicamente[1]
la entrada de dineros “sucios” del cartel de Cali a su campaña; lo que si hubo fue manifestaciones de rechazo
al interior de las filas castrenses, en particular en cursos de ascenso de
oficiales que sugerían “tumbar” al Presidente.
Es decir, se dieron
conatos de desobediencia y acciones deliberantes, pero al final el Régimen dejó
que la institucionalidad siguiera en pie a pesar de la ilegitimidad y de los
cuestionamientos morales y éticos que sobre esta recayeron, en particular sobre
la institucionalidad presidencial, por el escándalo del Proceso 8.000.
Sin duda, los
narcos, con su incontrastable poder económico, lograron permear la vida social,
política y económica del país. Al final, y como prueba irrefutable de la
fragilidad moral y ética de amplios sectores sociales, incluidas las élites
empresarial y política, hoy exhibimos un ethos
mafioso[2]
sobre el que se soportaron y se lograron las
relaciones y transacciones que dieron vida a los negociados y a las
conductas dolosas e impropias en los escándalos de Reficar y Odebrecht, para nombrar
tan solo a los más recientes casos de corrupción público-privada.
Guardadas las
proporciones, las circunstancias contextuales y la trascendencia de los cargos,
sugiero que volvamos a lo dicho por el asesinado líder conservador, pero a la
luz de las actuaciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto
Martínez Neira.
Es claro que el
único que quiere “tumbar” al Fiscal es el senador del Polo Democrático, Jorge
Enrique Robledo. Ni los sindicatos, ni los estudiantes, ni la academia, ni las
Altas Cortes, ni los medios masivos, ni los partidos políticos y mucho menos el
Congreso en pleno, están pidiendo la renuncia de Humberto Martínez a su cargo
como Fiscal General de la Nación. Al igual que en el caso de Samper, nadie del
Régimen (empresarios, por ejemplo) está presionando la caída de quien dirige hoy
el ente acusador e investigador.
Así entonces, y
siguiendo la lógica del discurso del inmolado líder conservador, crítico, pero
afecto al Régimen, nada ganaría el país si se cae el Fiscal, porque lo que hay
que “tumbar” es el Régimen. Pero ello no va a suceder, por lo menos, por ahora.
El inquieto y
acucioso senador Robledo considera que Martínez Neira, como cabeza del ente
acusador, estaría impedido, éticamente, para continuar al frente de las
investigaciones que adelanta la Fiscalía por las coimas que pagó la
multinacional brasilera para hacerse con los contratos de obras civiles en varios
tramos de la llamada Ruta del Sol. El impedimento ético estaría dado por la
amistad[3]
que Martínez Neira sostiene con Luis Carlos Sarmiento Ángulo, el rico
empresario colombiano que tiene intereses en la construcción de los carreteables
de la Ruta del Sol; y por las asesorías legales que, según Robledo, Néstor
Humberto Martínez prestó, en su calidad de abogado, al consorcio Navelena que
tenía relación comercial con Odebrecht[4].
Como lo hiciera Samper,
el Fiscal niega los señalamientos. Eso sí, a diferencia de Samper, no acude a
la frase “se había producido a mis
espaldas”. Martínez Neira insiste en que él no tiene conflictos de interés
en el caso de Odebrecht, al tiempo que desvirtúa los documentos que presentó
Robledo, que demostrarían que él, como abogado, ofreció asesoría legal a
Navelena y calificó lo dicho por el Congresista como una mentira del tamaño de una Catedral[5].
Más allá del
rifirrafe y del cruce de documentos y opiniones, lo cierto es que el Conpes[6]
3817 de 2014 daría vida a un efectivo e innegable conflicto de interés en tanto
que Néstor Humberto Martínez, en su calidad de “Súper Ministro” de Santos,
firmó y dio vida a dicho Conpes con el que claramente se mantuvo en operación
la concesión vial, que ya arrastraba cuestionamientos de todo tipo. Subsiste
allí un conflicto ético que el Fiscal minimiza, en el contexto de una sociedad
que ve como una nimiedad todo lo que tenga que ver con la ética[7].
Que actores importantes
de la sociedad civil no estén exigiendo la caída del Fiscal[8]
General de la Nación, no significa que en el manejo que le está dando a las
investigaciones y capturas producidas por el caso Odebrecht, no subsistan, por
lo menos, conflictos de carácter ético. Pero no estamos en un país decente. Estamos
en Colombia y por tanto, el Fiscal no se cae. Y al igual que Samper, se
atornillará en su cargo, así sea a costa de la ética, porque una parte del
Régimen lo necesita[9]
para torpedear o ponerle límites a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Lo mínimo que debe pasar es que el Fiscal se declare impedido para manejar y orientar las investigaciones en el caso de las coimas pagadas por Odebrecht. Y aunque solo se le esté pidiendo que dé un paso al costado, una sociedad que tiene claro qué es lo público y sabe ponerle límite a lo privado y un país comprometido con la paz y la implementación del Acuerdo Final (II), debería de volcarse a las calles a exigir la renuncia de Martínez Neira al cargo de Fiscal. Su perfil corporativo es suficiente para entender que sus decisiones y directivas como Fiscal General de la Nación devienen y devendrán permeadas y contaminadas por sus intereses particulares y sus relaciones de amistad con personas que ostentan gran poder político y económico.
Imagen tomada de ElPais.com.co
[1]
El país no se espantó, en sí mismo, por la entrada de los dineros de la mafia a
la campaña presidencial de Samper, sino por el haberse hecho público el hecho
delictivo. Y es así porque dineros de los mafiosos siempre estuvieron presentes
en otras campañas. Política y crimen en Colombia de tiempo atrás caminan
juntos.
[2]
Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2016/12/por-un-nuevo-ethos.html;
Ethos mafioso: “Se define como el
conjunto de acciones, actitudes, decisiones y comportamientos que claramente
buscan acomodar las leyes, los códigos y las normas, incluyendo las sociales y
consuetudinarias, a los intereses de unos pocos, en especial, aquellos que
ostentan algún tipo de poder o que buscan imponer su voluntad en detrimento del
Bien Común. Ese ethos mafioso guiaría las actividades y
transacciones de todo tipo, que los ciudadanos y las instituciones desarrollan
y establecen en sus cotidianidades, lo que les daría un carácter subrepticio y
acomodaticio a particulares y reducidos intereses. Ese ethos mafioso, al consolidarse,
corre el riesgo de volverse norma social, legitimada por la debilidad y la
incapacidad del Estado de erigirse como un orden justo, viable y legítimo y por
la imposibilidad de la sociedad de auto regularse y de enfrentar ese ilegítimo
e inmoral orden establecido, para intentar cambiarlo en perspectiva de alcanzar
el Bien Común”.
1 comentario:
Aquí el único que cae es el de la clase media los demás NO !!
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