Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Ahora que el ELN se atribuyó la
autoría del ataque con explosivos perpetrado contra un grupo de policiales del
ESMAD, en el sector de La Macarena, en Bogotá, bien vale la pena discernir
alrededor de las características de lo sucedido, el sentido político del mismo
acto violento y sus consecuencias inmediatas en la Mesa de diálogo instalada en
Quito, Ecuador.
Aunque algunos Medios de
comunicación calificaron lo sucedido como un atentado, otros fueron más allá y
le sumaron a dicho vocablo, la ideologizada nomenclatura de terrorista.
Por tratarse de una acción
violenta perpetrada por un grupo armado ilegal que, a pesar de que en estos momentos
adelanta diálogos con el Gobierno de Santos para ponerle fin a la confrontación
armada, se mantiene en pie de guerra, lo sucedido no debería de calificarse
como un acto terrorista per se. Otro
asunto es que nos parezca temeraria, cobarde y hasta incomprensible la decisión
de atentar contra la vida de los uniformados, en plena capital del país y
después de haber puesto en marcha una compleja negociación política.
No se trataría de una acción
terrorista porque el blanco estaba claramente definido: unidades del ESMAD; y
no se buscaba afectar a la población civil, para generar miedo y terror en los
ciudadanos que viven o transitan cotidianamente por el sector en donde se ubicó
la carga explosiva. Es claro que la Policía Nacional hace parte de la
estructura del Estado, la misma que el ELN combate y desconoce su autoridad y
legitimidad.
Aunque el ESMAD no actúa de
manera directa sobre milicias urbanas o ataca unidades guerrilleras del ELN,
este grupo subversivo justifica el atentado con explosivos diciendo que “El ESMAD es un cuerpo de la Policía
encargado exclusivamente de reprimir las manifestaciones sociales en campos y
ciudades del país, dando tratamiento de guerra a las demandas populares. En
varias jornadas represivas han sido asesinadas o heridas varias personas en
total estado de indefensión, los reclamos por ello no han trascendido más allá
de compromisos del gobierno de investigarlos o justificarlos, quedando todo en
la impunidad”[1].
De esta manera y más allá de
lecturas ideologizadas de lo sucedido, la acción violenta protagonizada por
efectivos milicianos del ELN bien podríamos llamarla como un atentado, o un
atentado con explosivos, en el contexto de una negociación política que las
partes decidieron adelantar en medio de las hostilidades. Es más, en el mismo
comunicado publicado por el ELN en su red social Twitter, se entiende el acto violento como una forma de presión al
Gobierno para que en la Mesa se pacte
cuanto antes un cese bilateral del fuego.
En la carta que varias
organizaciones y actores de la sociedad civil enviaron al ELN y al Gobierno
para que rápidamente se pacte un cese bilateral del fuego, no se habla de
atentado terrorista. Se habla de acciones militares y no de atentados. Así
entonces, conviene, de cara a generar condiciones que faciliten la negociación,
no entrar en lecturas ideologizadas de los actos de guerra de los que se haga
responsable el ELN, sin que ello sea obstáculo para descalificarlos, desde un
punto de vista político y de responsabilidad con el momento histórico que vive
el país.
En cualquier sentido, la acción del
ELN no solo es temeraria y provocadora, sino retadora. Y claramente deja
entrever la escasa voluntad de avanzar en una negociación complicada de
adelantar por la metodología planteada. Pareciera que el COCE no dimensiona los
efectos políticos que deja un acto de guerra como el perpetrado, gracias a los
tratamientos noticiosos y a las presiones que recaen sobre el Gobierno y sus
negociadores para que se levanten de la Mesa de Negociación instalada en Quito.
Es mas, parece que la dirigencia del grupo subversivo desestimara los efectos
políticos y sociales que dicha reacción genera, por el solo hecho de
presentarse en la Capital del país. No es lo mismo si el mismo ataque se
hubiera presentado en otra ciudad.
Habrá que esperar la respuesta
militar por parte del Estado. En esa línea de análisis, bien podrían caer las
fuerzas estatales y las del ELN, en fuertes retaliaciones que darían vida al
perverso principio de Ojo por ojo, diente
por diente[2];
el mismo que se vivió durante la negociación política entre el Gobierno de
Santos y las Farc, cuando esta guerrilla dio un golpe de mano a soldados en el Cauca y las Fuerzas Militares,
tiempo después, le propinaron a la tropa fariana un golpe contundente en un
campamento ubicado en zona rural de Guapi (Cauca).
Sin desconocer el dolor de los
familiares del policial muerto y de los otros que resultaron heridos, lo que
hizo el ELN fue ponerle un petardo a la Mesa de Diálogo. Quizás esa misma Mesa
no siga en pie si se llega a producir otro atentado similar o una emboscada a
una patrulla militar.
Adenda 1: paz en la tumba del policial que pereció en el atentado y
pronta recuperación a los compañeros que sufrieron heridas graves y leves, en
el ya referenciado ataque del ELN.
Adenda 2: el rechazo social y político por el atentado con
explosivos amerita una revisión de las acciones de inteligencia adelantadas por
las fuerzas y organismos de seguridad
del Estado. Mientras esté en pie de
lucha el ELN, no se puede bajar la guardia y mucho menos, dar espacio para que
con sus acciones se genere miedo en la ciudadanía.
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