Por Germán Ayala Osorio
Podemos decir que un gran número de colombianos tienen y guardan un imaginario negativo del Estado colombiano. Bien porque nos parece irresponsable, paquidérmico cuando de tomar acciones y decisiones se trata, corrompido, cuando por cuenta de funcionarios públicos inescrupulosos, la función pública queda reducida al afán protagónico de un funcionario que desea o exige una mordida para cumplir con sus obligaciones; o bien, porque su legitimidad se cuestiona.
En general, podemos decir que los colombianos tenemos una mala imagen del Estado y en varios escenarios replicamos esa mala imagen, que habla mal no sólo de las estructuras del Estado, sino de todos nosotros, que por acción u omisión, permitimos que haya corrupción al interior de las instituciones estatales - pagando mordidas, por ejemplo-, o porque conocemos anomalías en la prestación de un servicio, y no cumplimos con la obligación de denunciar o cuestionar las conductas impropias. O peor aún, cuando teniendo a la mano herramientas, instancias y dependencias del Estado, no denunciamos el mal comportamiento de entidades privadas que creen que el Estado no las vigila; o que los ciudadanos, al tener mala imagen de aquél, no somos capaces de recurrir, por ejemplo, a las Superintendencias de servicios públicos, de Industria y Comercio o la Superbancaria.
Claro que no podemos desconocer la satisfacción que produce cuando ciertas instancias, dependencias o instituciones del Estado colombiano hacen o cumplen con sus obligaciones, o aseguran el cumplimiento de la ley, y de los principios constitucionales más elementales.
Pues bien, como ciudadano colombiano celebro la acción jurídico-política de la Superintendencia de Industria y Comercio al sancionar a una empresa que vende muebles en Bogotá y Cali (Resolución 10231 del 31 de marzo de 2008). La razón de la sanción pecuniaria se sostiene en el incumplimiento de la ley que protege los derechos del consumidor. Para el caso específico que denuncié en su momento, se trató del incumplimiento en la entrega de unos muebles que adquirí en la ciudad de Cali.
La celeridad con la que asumieron el caso y la notificación por escrito del fallo en derecho, proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, hacen que como ciudadano recupere la confianza en instituciones estatales obligadas a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, en este caso, los de un ciudadano-consumidor.
Nada más grato que sentir que las instituciones de control del Estado colombiano cumplen a cabalidad con el mandato de la ley y de la Constitución. En buena hora. Desde esta tribuna, mis más sinceras felicitaciones a la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor, María Teresa Pineda Buenaventura, por la labor de control ante la violación de los derechos que me asisten como consumidor y los que de forma flagrante fueron conculcados por la empresa de muebles.
Abril 08 de 2008. Germán Ayala Osorio.
En general, podemos decir que los colombianos tenemos una mala imagen del Estado y en varios escenarios replicamos esa mala imagen, que habla mal no sólo de las estructuras del Estado, sino de todos nosotros, que por acción u omisión, permitimos que haya corrupción al interior de las instituciones estatales - pagando mordidas, por ejemplo-, o porque conocemos anomalías en la prestación de un servicio, y no cumplimos con la obligación de denunciar o cuestionar las conductas impropias. O peor aún, cuando teniendo a la mano herramientas, instancias y dependencias del Estado, no denunciamos el mal comportamiento de entidades privadas que creen que el Estado no las vigila; o que los ciudadanos, al tener mala imagen de aquél, no somos capaces de recurrir, por ejemplo, a las Superintendencias de servicios públicos, de Industria y Comercio o la Superbancaria.
Claro que no podemos desconocer la satisfacción que produce cuando ciertas instancias, dependencias o instituciones del Estado colombiano hacen o cumplen con sus obligaciones, o aseguran el cumplimiento de la ley, y de los principios constitucionales más elementales.
Pues bien, como ciudadano colombiano celebro la acción jurídico-política de la Superintendencia de Industria y Comercio al sancionar a una empresa que vende muebles en Bogotá y Cali (Resolución 10231 del 31 de marzo de 2008). La razón de la sanción pecuniaria se sostiene en el incumplimiento de la ley que protege los derechos del consumidor. Para el caso específico que denuncié en su momento, se trató del incumplimiento en la entrega de unos muebles que adquirí en la ciudad de Cali.
La celeridad con la que asumieron el caso y la notificación por escrito del fallo en derecho, proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, hacen que como ciudadano recupere la confianza en instituciones estatales obligadas a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, en este caso, los de un ciudadano-consumidor.
Nada más grato que sentir que las instituciones de control del Estado colombiano cumplen a cabalidad con el mandato de la ley y de la Constitución. En buena hora. Desde esta tribuna, mis más sinceras felicitaciones a la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor, María Teresa Pineda Buenaventura, por la labor de control ante la violación de los derechos que me asisten como consumidor y los que de forma flagrante fueron conculcados por la empresa de muebles.
Abril 08 de 2008. Germán Ayala Osorio.
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