Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Por estos días varios hechos tienen nerviosos al Gobierno de Uribe y a sus áulicos. La Ola Verde, por ejemplo, es considerada ya una verdadera amenaza, que muy seguramente será enfrentada con las mismas y acostumbradas argucias y estratagemas de un gobierno experto en el todo vale, en crear atajos, con tal de perpetuarse bien en el cuerpo de Santos o en los propios de Vargas Lleras y Noemí.
La renuncia del general Padilla a la comandancia de las Fuerzas Militares, la carta enviada por los ex generales a los candidatos presidenciales, y las declaraciones del general (r), Jorge Enrique Mora Rangel advirtiendo sobre la baja moral de la tropa y exigiendo respeto al fuero militar, constituyen esfuerzos de un gobierno fibroso, que intenta alterar a los ciudadanos, a empresarios y a organizaciones de la sociedad civil que le acompañan desde 2002.
Los últimos ataques de las Farc y el afán propagandístico de Uribe que hasta el último momento usará a RCN y a otros medios (En el programa La Noche, del 27 de mayo, defendió a su hermano Santiago de las acusaciones de apoyar a los paramilitares) para defender los “huevitos de la seguridad democrática” (el único gallo capaz de hacerlo es Juan Manuel Santos), son hechos claros de que el Gobierno está nervioso pues lo edificado en ocho años se está cayendo.
Es probable que los nervios alterados lo hagan pensar en generar condiciones de ingobernabilidad a Mockus, origen de tanto desasosiego y excitación en el alto Gobierno.
Se suman a los anteriores hechos el escándalo del DAS, así como la acusación formal contra Mario Aranguren, el llamamiento a juicio a Sabas Pretel de la Vega, los ‘falsos positivos’ y el ambivalente informe del Relator de la ONU en el que señala que sí hubo un patrón en las ejecuciones de civiles, aunque no puede señalar que los asesinatos obedezcan o se hayan cometido en el marco de una política oficial.
Ante tal nivel de excitación, el Gobierno de Uribe emite el Decreto 1800 del 24 de mayo de 2010, por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de elecciones y se dictan otras disposiciones, para amordazar a la prensa que progresivamente, en algunos casos, parece estar tomando distancia de un Gobierno que presionó y logró cooptar a la gran prensa, que en ocho años, sirvió a los intereses de la seguridad democrática.
En dicho Decreto se lee lo siguiente: ARTÍCULO 1°. TRANSMISIONES. Para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral para Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, a realizarse el 30 de mayo en primera vuelta y el 20 de junio de 2.010 en segunda vuelta, si la hubiere, los programas, mensajes, entrevistas o ruedas de prensa que se transmitan con candidatos y dirigentes políticos así como la propaganda electoral, deberán realizarse dentro de los parámetros del respeto a la honra, el buen nombre y a la intimidad de los demás aspirantes y de las personas en general, de manera que en ningún momento perturben el desarrollo normal del debate electoral, obstaculicen la acción de las autoridades electorales o constituyan factor de alteración del orden público, sin perjuicio del debate político y del ejercicio del derecho a la oposición y de conformidad con la reglamentación que para el efecto deba expedir el Consejo Nacional Electoral.
Así mismo, en los términos del artículo 25 de la Ley 996 de 2.005, los concesionarios y operadores privados de radio y televisión deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas presidenciales y el proselitismo electoral. Los concesionarios y operadores privados de los servicios de radiodifusión sonora, de espacios de televisión, los canales privados del servicio de televisión por suscripción y los canales regionales y locales, se harán responsables de las informaciones que transmitan que no den estricto cumplimiento a lo preceptuado en este artículo.
Ahora que el Presidente siente que varios medios masivos le están retirando el apoyo irrestricto que le ofrecieron y le mantuvieron años atrás, trata de ponerlos en cintura colocándoles cortapisas a su labor informativa. Ahora sí le preocupa al Gobierno de Uribe el pluralismo y el equilibrio informativo, cuando justamente lo que hubo durante ocho años fue unanimismo, esto es, desequilibrio informativo y falta de pluralidad. ¿Será el final del unanimismo mediático que Uribe creó en contubernio con las empresas periodísticas, o se trata sólo de las circunstancias y las lógicas con las cuales operan en Colombia los poderes político y mediático, cuando se asiste al final de un Gobierno?
Escandaliza el contenido del Artículo 9 del mismo decreto, que señala que en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales.
Queda claro que el nerviosismo del actual gobierno ante el derrumbe de su ‘obra’, lo puede llevar a cometer más desaciertos e incluso, a continuar actuando en esa línea delgada que separa lo legal de lo ilegal.
Es posible que un Presidente nervioso, con el talante antidemocrático que caracteriza a Uribe, insista en la única salida posible que le queda para frenar la Ola Verde y la acción de la justicia: generar la hecatombe. Ojalá no se le ocurra.
Por estos días varios hechos tienen nerviosos al Gobierno de Uribe y a sus áulicos. La Ola Verde, por ejemplo, es considerada ya una verdadera amenaza, que muy seguramente será enfrentada con las mismas y acostumbradas argucias y estratagemas de un gobierno experto en el todo vale, en crear atajos, con tal de perpetuarse bien en el cuerpo de Santos o en los propios de Vargas Lleras y Noemí.
La renuncia del general Padilla a la comandancia de las Fuerzas Militares, la carta enviada por los ex generales a los candidatos presidenciales, y las declaraciones del general (r), Jorge Enrique Mora Rangel advirtiendo sobre la baja moral de la tropa y exigiendo respeto al fuero militar, constituyen esfuerzos de un gobierno fibroso, que intenta alterar a los ciudadanos, a empresarios y a organizaciones de la sociedad civil que le acompañan desde 2002.
Los últimos ataques de las Farc y el afán propagandístico de Uribe que hasta el último momento usará a RCN y a otros medios (En el programa La Noche, del 27 de mayo, defendió a su hermano Santiago de las acusaciones de apoyar a los paramilitares) para defender los “huevitos de la seguridad democrática” (el único gallo capaz de hacerlo es Juan Manuel Santos), son hechos claros de que el Gobierno está nervioso pues lo edificado en ocho años se está cayendo.
Es probable que los nervios alterados lo hagan pensar en generar condiciones de ingobernabilidad a Mockus, origen de tanto desasosiego y excitación en el alto Gobierno.
Se suman a los anteriores hechos el escándalo del DAS, así como la acusación formal contra Mario Aranguren, el llamamiento a juicio a Sabas Pretel de la Vega, los ‘falsos positivos’ y el ambivalente informe del Relator de la ONU en el que señala que sí hubo un patrón en las ejecuciones de civiles, aunque no puede señalar que los asesinatos obedezcan o se hayan cometido en el marco de una política oficial.
Ante tal nivel de excitación, el Gobierno de Uribe emite el Decreto 1800 del 24 de mayo de 2010, por el cual se dictan normas para la conservación del orden público durante el periodo de elecciones y se dictan otras disposiciones, para amordazar a la prensa que progresivamente, en algunos casos, parece estar tomando distancia de un Gobierno que presionó y logró cooptar a la gran prensa, que en ocho años, sirvió a los intereses de la seguridad democrática.
En dicho Decreto se lee lo siguiente: ARTÍCULO 1°. TRANSMISIONES. Para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral para Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, a realizarse el 30 de mayo en primera vuelta y el 20 de junio de 2.010 en segunda vuelta, si la hubiere, los programas, mensajes, entrevistas o ruedas de prensa que se transmitan con candidatos y dirigentes políticos así como la propaganda electoral, deberán realizarse dentro de los parámetros del respeto a la honra, el buen nombre y a la intimidad de los demás aspirantes y de las personas en general, de manera que en ningún momento perturben el desarrollo normal del debate electoral, obstaculicen la acción de las autoridades electorales o constituyan factor de alteración del orden público, sin perjuicio del debate político y del ejercicio del derecho a la oposición y de conformidad con la reglamentación que para el efecto deba expedir el Consejo Nacional Electoral.
Así mismo, en los términos del artículo 25 de la Ley 996 de 2.005, los concesionarios y operadores privados de radio y televisión deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas presidenciales y el proselitismo electoral. Los concesionarios y operadores privados de los servicios de radiodifusión sonora, de espacios de televisión, los canales privados del servicio de televisión por suscripción y los canales regionales y locales, se harán responsables de las informaciones que transmitan que no den estricto cumplimiento a lo preceptuado en este artículo.
Ahora que el Presidente siente que varios medios masivos le están retirando el apoyo irrestricto que le ofrecieron y le mantuvieron años atrás, trata de ponerlos en cintura colocándoles cortapisas a su labor informativa. Ahora sí le preocupa al Gobierno de Uribe el pluralismo y el equilibrio informativo, cuando justamente lo que hubo durante ocho años fue unanimismo, esto es, desequilibrio informativo y falta de pluralidad. ¿Será el final del unanimismo mediático que Uribe creó en contubernio con las empresas periodísticas, o se trata sólo de las circunstancias y las lógicas con las cuales operan en Colombia los poderes político y mediático, cuando se asiste al final de un Gobierno?
Escandaliza el contenido del Artículo 9 del mismo decreto, que señala que en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales.
Queda claro que el nerviosismo del actual gobierno ante el derrumbe de su ‘obra’, lo puede llevar a cometer más desaciertos e incluso, a continuar actuando en esa línea delgada que separa lo legal de lo ilegal.
Es posible que un Presidente nervioso, con el talante antidemocrático que caracteriza a Uribe, insista en la única salida posible que le queda para frenar la Ola Verde y la acción de la justicia: generar la hecatombe. Ojalá no se le ocurra.
1 comentario:
Estábamos pensando en lo mismo, ojalá no se le ocurra dar un golpe de Estado a este nervioso presidente.
Saludos.
Claudia Lorena
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