Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Resulta improcedente, peligroso y grave que el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez desconozca el fallo de la juez que en primera instancia acaba de proferir fallo condenatorio, por 30 años de prisión, contra el ex coronel Plazas Vega, por el delito de desaparición forzada agravada de varios civiles que salieron con vida del Palacio de Justicia, en los hechos ocurridos en 1985.
La actitud del Presidente se suma a una larga lista de arremetidas proferidas contra la Corte Suprema de Justicia y en general contra los jueces de la República. Esta última confirma la molestia que le genera la independencia de los poderes públicos, pero especialmente, demuestra hasta dónde puede llegar este Gobierno cuando de defender a los militares se trata.
Convocar a una reunión extraordinaria a la cúpula militar para analizar los alcances del fallo condenatorio contra Alfonso Plazas Vega, tiene un carácter provocador que no sólo puede agravar las ya maltrechas relaciones con la Corte Suprema de Justicia, sino que puede terminar alentando a sectores reaccionarios de las Fuerzas Militares, con el concurso de las siempre atentas fuerzas oscuras (Paracos y sicarios al servicio del Régimen), a violentar a los jueces.
El sometimiento real de las Fuerzas Militares al poder civil empieza desde el preciso momento en que el máximo comandante, es decir, el Presidente de la República, exige a soldados respetar los derechos humanos, aún en condiciones y circunstancias complejas y difíciles como las propias del conflicto armado, o las mismas que se vivieron en la retoma del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por un comando del M-19, al servicio del narcotráfico.
No es sano para la débil democracia colombiana que el Presidente exalte el valor militar, asociado de manera natural a la brutalidad, al uso de la fuerza desmedida y a la violación de los derechos humanos, colocándolo por encima del valor de la ley encarnado en el trabajo de los jueces.
Aceptar que Plazas Vega efectivamente defendió la democracia en la retoma del Palacio de Justicia (1985), es minimizar un hecho doloroso y trágico: 11 civiles que salieron con vida, fueron desaparecidos y sus cuerpos no aparecen.
La ya célebre frase del coronel (r) Plazas alude a una idea de democracia que se reduce a recuperar un edificio, asaltado por un grupo de guerrilleros. Con la frase defendiendo la democracia maestro, se intenta disfrazar el profundo odio que puede llegar a sentir un militar contra las libertades ciudadanas, e incluso, contra la misma condición de civil, con un ejercicio defensivo-ofensivo como el que se puso en marcha en la retoma, acción militar ésta pensada para producir no sólo el mayor número de bajas en el enemigo, borrar evidencias de lo acontecido en el lugar de la confrontación y al enemigo mismo, sino en generar desazón y miedo entre las instituciones democráticas y en los propios ciudadanos, por la posibilidad de que el uso desmedido de la fuerza bélica del Estado se hiciere y se vuelva a hacer pasando por encima de la vida de civiles inermes.
La obligación democrática y constitucional tanto de Plazas Vega, como la del Presidente y la cúpula militar de entonces, era defender la vida de los civiles sometidos a la voluntad de los guerrilleros del M-19.
Este el primer paso de la andanada de presiones que va a recibir el superior jerárquico de la juez Stella Jara, cuando reciba de la defensa de Plazas Vega, la petición de revisión del fallo proferido. La vida de la juez Jara debe estar ya en la mira de las ‘fuerzas oscuras’. El talante autoritario de Uribe no le permite ofrecer y garantizar la vida a la servidora judicial. Prefiere el Presidente ponerse al frente del pelotón, antes de defender a los jueces. Y no duden que Santos hará lo mismo.
Resulta improcedente, peligroso y grave que el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez desconozca el fallo de la juez que en primera instancia acaba de proferir fallo condenatorio, por 30 años de prisión, contra el ex coronel Plazas Vega, por el delito de desaparición forzada agravada de varios civiles que salieron con vida del Palacio de Justicia, en los hechos ocurridos en 1985.
La actitud del Presidente se suma a una larga lista de arremetidas proferidas contra la Corte Suprema de Justicia y en general contra los jueces de la República. Esta última confirma la molestia que le genera la independencia de los poderes públicos, pero especialmente, demuestra hasta dónde puede llegar este Gobierno cuando de defender a los militares se trata.
Convocar a una reunión extraordinaria a la cúpula militar para analizar los alcances del fallo condenatorio contra Alfonso Plazas Vega, tiene un carácter provocador que no sólo puede agravar las ya maltrechas relaciones con la Corte Suprema de Justicia, sino que puede terminar alentando a sectores reaccionarios de las Fuerzas Militares, con el concurso de las siempre atentas fuerzas oscuras (Paracos y sicarios al servicio del Régimen), a violentar a los jueces.
El sometimiento real de las Fuerzas Militares al poder civil empieza desde el preciso momento en que el máximo comandante, es decir, el Presidente de la República, exige a soldados respetar los derechos humanos, aún en condiciones y circunstancias complejas y difíciles como las propias del conflicto armado, o las mismas que se vivieron en la retoma del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por un comando del M-19, al servicio del narcotráfico.
No es sano para la débil democracia colombiana que el Presidente exalte el valor militar, asociado de manera natural a la brutalidad, al uso de la fuerza desmedida y a la violación de los derechos humanos, colocándolo por encima del valor de la ley encarnado en el trabajo de los jueces.
Aceptar que Plazas Vega efectivamente defendió la democracia en la retoma del Palacio de Justicia (1985), es minimizar un hecho doloroso y trágico: 11 civiles que salieron con vida, fueron desaparecidos y sus cuerpos no aparecen.
La ya célebre frase del coronel (r) Plazas alude a una idea de democracia que se reduce a recuperar un edificio, asaltado por un grupo de guerrilleros. Con la frase defendiendo la democracia maestro, se intenta disfrazar el profundo odio que puede llegar a sentir un militar contra las libertades ciudadanas, e incluso, contra la misma condición de civil, con un ejercicio defensivo-ofensivo como el que se puso en marcha en la retoma, acción militar ésta pensada para producir no sólo el mayor número de bajas en el enemigo, borrar evidencias de lo acontecido en el lugar de la confrontación y al enemigo mismo, sino en generar desazón y miedo entre las instituciones democráticas y en los propios ciudadanos, por la posibilidad de que el uso desmedido de la fuerza bélica del Estado se hiciere y se vuelva a hacer pasando por encima de la vida de civiles inermes.
La obligación democrática y constitucional tanto de Plazas Vega, como la del Presidente y la cúpula militar de entonces, era defender la vida de los civiles sometidos a la voluntad de los guerrilleros del M-19.
Este el primer paso de la andanada de presiones que va a recibir el superior jerárquico de la juez Stella Jara, cuando reciba de la defensa de Plazas Vega, la petición de revisión del fallo proferido. La vida de la juez Jara debe estar ya en la mira de las ‘fuerzas oscuras’. El talante autoritario de Uribe no le permite ofrecer y garantizar la vida a la servidora judicial. Prefiere el Presidente ponerse al frente del pelotón, antes de defender a los jueces. Y no duden que Santos hará lo mismo.
3 comentarios:
Germán:
Muy interesante su reflexión … definitivamente Uribe no puede esconder su lado paraco. Como dicen coloquialmente “las cosas que hace con la mano las borra con el codo” …
Saludos,
Alexander
Uribito:
Lamentable el espectáculo. ¿Y la población?
Luisf.
Hola profe:
No lo había recibido pero es bienvenido, uno no puede dar crédito a lo que oye, que un presidente sin el menor asomo de vergüenza, legitime y justifique la masacre del palacio de justicia, además mande el mensaje abierto que los militares tienen derecho a asesinar, que alegue a su favor que fue defendiendo la democracia ¿qué clase de democracia tenemos que está fundamentada en el crimen y el terror? Que nos vamos a aterrar de los falsos positivos si los subalternos del palacio de justicia aprendieron bien la lección.
Hasta pronto
Adriana
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