Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La gran prensa colombiana viene construyendo una imagen positiva de Santos, a través de un ejercicio informativo ligero que recuerda la relación de sometimiento que esa misma gran prensa edificó con Uribe, en respuesta al poder intimidante de aquél, en sus ochos años de gobierno.
Y la verdad es que Santos exhibe un discurso ambivalente alrededor de dicotomías que pueden resultar favorables para las finanzas del Estado en el corto plazo, pero fatales para la Nación en el mediano. Planteo varias dicotomías, con la seguridad alimentaria como eje transversal: minería-seguridad alimentaria, biocombustibles-seguridad alimentaria y restitución de tierras -seguridad alimentaria.
Sobre la primera, el Presidente se la juega por el desarrollo minero a gran escala, como una de sus llamadas locomotoras, lo que muy seguramente garantizará recursos económicos importantes para el país, pero que dejará efectos ambientales irreversibles. Con ese dinero, acaso, ¿pensará financiar los costos de la ley de Víctimas?
En lugar de pensar en afectar zonas frágiles y biodiversas, debería de jugársela con un programa de seguridad alimentaria que convoque a campesinos e indígenas y pequeños cultivadores, entre otros, en aras de asegurar no sólo que en el país no haya escasez de alimentos, sino que se logre beneficiar al consumidor con precios bajos y a los productores, con asistencia técnica, con el reconocimiento cultural, el respeto a sus prácticas y cosmovisiones, así como a las relaciones inmanentes construidas con el medio ambiente y los recursos naturales.
De la misma manera, insiste Santos en los proyectos agroindustriales que sirven a la fabricación de biocombustibles. Son estas iniciativas un claro beneficio para sectores minoritarios, especialmente los palmicultores y los cañicultores, muchos de ellos comprometidos con el fenómeno paramilitar y el desplazamiento forzoso de campesinos, negros e indígenas, ubicados en zonas estratégicas para el cultivo de palma africana, por ejemplo. Este asunto no es nuevo, la historia está llena de episodios en los que el despojo de tierras ha sido una constante en Colombia.
En cuanto a la restitución de tierras, hay que estar muy atentos a las condiciones en las que van a ser devueltas fincas y demás predios, muchos de ellos alquilados a terceros que vienen desarrollando proyectos agroindustriales u otras actividades, que no se pueden desmontar de la noche a la mañana, circunstancia ésta que podría convertirse en el mayor obstáculo para una real y efectiva devolución de tierras.
El ex senador Gustavo Petro llama la atención sobre el asunto, señalando que detrás del asunto está el concepto de superficie, que lo explica así: “Ahora han transformado el concepto como superficie y es el que se está construyendo alrededor de los proyectos productivos sobre tierras usurpadas, que llevaría a que la tierra sea propiedad de a quien le fue usurpada, pero la superficie sería un derecho del que tiene un proyecto productivo”. (En Entrevista con EL ESPECTADOR. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-256414-neoparamilitares-ahora-estan-el-estado).
No estamos esperando que Santos lidere el proceso de transformación que necesita Colombia para superar la inequidad, la pobreza y la exclusión, entre otros problemas. Es claro que ello implicaría tocar intereses de poderosos actores legales e ilegales, que históricamente se han servido del Estado para sacar adelante sus negocios. Y Santos no los va a tocar. Pero sí hay que esperar y exigir que tenga mínimas consideraciones alrededor de lo que significa ambiental y socialmente entregar zonas frágiles y biodiversas a empresas nacionales y multinacionales, desestimando las advertencias de científicos y expertos ambientales sobre los riesgos y los graves impactos que conlleva la minería a gran escala.
Un Presidente que posa de reformador, pero que opera y decide desde los intereses de una clase empresarial y política alejada de tiempo atrás de un sentido colectivo que ayude a profundizar la democracia y ampliar el espectro de un Estado social de derecho en dificultades, debe ser objeto de seguimientos periodísticos serios y permanentes.
Esperamos una mínima tarea fiscalizadora de la prensa frente al Gobierno, pues no hay forma de que el Congreso haga su tarea de control político, pues si ayer la aplanadora uribista cooptó a dicha corporación, de igual forma hoy existe la aplanadora de la Unidad Nacional, que a pesar de los reclamos de los conservadores, tiene a un alto número de congresistas, alineados con los proyectos del Gobierno. Menos aún podrá esperarse algún pronunciamiento de la Academia, hoy ocupada en asuntos menores y cada vez más alejada del contexto. Y ante una sociedad civil fragmentada, sólo queda esperar que el periodismo controle, de alguna forma, al Poder. Es lo mínimo que puede hacer, pero tampoco hay que esperar mucho.
Finalmente, lo más probable es que todo empeore en Colombia, en especial cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se lee un principio orientador de la política económica de Santos: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario.
La gran prensa colombiana viene construyendo una imagen positiva de Santos, a través de un ejercicio informativo ligero que recuerda la relación de sometimiento que esa misma gran prensa edificó con Uribe, en respuesta al poder intimidante de aquél, en sus ochos años de gobierno.
Y la verdad es que Santos exhibe un discurso ambivalente alrededor de dicotomías que pueden resultar favorables para las finanzas del Estado en el corto plazo, pero fatales para la Nación en el mediano. Planteo varias dicotomías, con la seguridad alimentaria como eje transversal: minería-seguridad alimentaria, biocombustibles-seguridad alimentaria y restitución de tierras -seguridad alimentaria.
Sobre la primera, el Presidente se la juega por el desarrollo minero a gran escala, como una de sus llamadas locomotoras, lo que muy seguramente garantizará recursos económicos importantes para el país, pero que dejará efectos ambientales irreversibles. Con ese dinero, acaso, ¿pensará financiar los costos de la ley de Víctimas?
En lugar de pensar en afectar zonas frágiles y biodiversas, debería de jugársela con un programa de seguridad alimentaria que convoque a campesinos e indígenas y pequeños cultivadores, entre otros, en aras de asegurar no sólo que en el país no haya escasez de alimentos, sino que se logre beneficiar al consumidor con precios bajos y a los productores, con asistencia técnica, con el reconocimiento cultural, el respeto a sus prácticas y cosmovisiones, así como a las relaciones inmanentes construidas con el medio ambiente y los recursos naturales.
De la misma manera, insiste Santos en los proyectos agroindustriales que sirven a la fabricación de biocombustibles. Son estas iniciativas un claro beneficio para sectores minoritarios, especialmente los palmicultores y los cañicultores, muchos de ellos comprometidos con el fenómeno paramilitar y el desplazamiento forzoso de campesinos, negros e indígenas, ubicados en zonas estratégicas para el cultivo de palma africana, por ejemplo. Este asunto no es nuevo, la historia está llena de episodios en los que el despojo de tierras ha sido una constante en Colombia.
En cuanto a la restitución de tierras, hay que estar muy atentos a las condiciones en las que van a ser devueltas fincas y demás predios, muchos de ellos alquilados a terceros que vienen desarrollando proyectos agroindustriales u otras actividades, que no se pueden desmontar de la noche a la mañana, circunstancia ésta que podría convertirse en el mayor obstáculo para una real y efectiva devolución de tierras.
El ex senador Gustavo Petro llama la atención sobre el asunto, señalando que detrás del asunto está el concepto de superficie, que lo explica así: “Ahora han transformado el concepto como superficie y es el que se está construyendo alrededor de los proyectos productivos sobre tierras usurpadas, que llevaría a que la tierra sea propiedad de a quien le fue usurpada, pero la superficie sería un derecho del que tiene un proyecto productivo”. (En Entrevista con EL ESPECTADOR. http://www.elespectador.com/impreso/politica/articulo-256414-neoparamilitares-ahora-estan-el-estado).
No estamos esperando que Santos lidere el proceso de transformación que necesita Colombia para superar la inequidad, la pobreza y la exclusión, entre otros problemas. Es claro que ello implicaría tocar intereses de poderosos actores legales e ilegales, que históricamente se han servido del Estado para sacar adelante sus negocios. Y Santos no los va a tocar. Pero sí hay que esperar y exigir que tenga mínimas consideraciones alrededor de lo que significa ambiental y socialmente entregar zonas frágiles y biodiversas a empresas nacionales y multinacionales, desestimando las advertencias de científicos y expertos ambientales sobre los riesgos y los graves impactos que conlleva la minería a gran escala.
Un Presidente que posa de reformador, pero que opera y decide desde los intereses de una clase empresarial y política alejada de tiempo atrás de un sentido colectivo que ayude a profundizar la democracia y ampliar el espectro de un Estado social de derecho en dificultades, debe ser objeto de seguimientos periodísticos serios y permanentes.
Esperamos una mínima tarea fiscalizadora de la prensa frente al Gobierno, pues no hay forma de que el Congreso haga su tarea de control político, pues si ayer la aplanadora uribista cooptó a dicha corporación, de igual forma hoy existe la aplanadora de la Unidad Nacional, que a pesar de los reclamos de los conservadores, tiene a un alto número de congresistas, alineados con los proyectos del Gobierno. Menos aún podrá esperarse algún pronunciamiento de la Academia, hoy ocupada en asuntos menores y cada vez más alejada del contexto. Y ante una sociedad civil fragmentada, sólo queda esperar que el periodismo controle, de alguna forma, al Poder. Es lo mínimo que puede hacer, pero tampoco hay que esperar mucho.
Finalmente, lo más probable es que todo empeore en Colombia, en especial cuando en el Plan Nacional de Desarrollo se lee un principio orientador de la política económica de Santos: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario.
Nota: esta columna fue reproducida en el espacio digital www.revistacierto.com, el 04 de abril de 2011.
1 comentario:
Hola Uribito:
La transcripción con que terminas el texto es la muestra fehaciente de la ambivalencia del gobierno Santos. A poca gente le interesa el problema de la minería, el cual me parece uno de los más graves que podemos enfrentar en esta nueva administración.
Con respecto al suelo, la idea de "apropiarse" así sea temporalmente de la superficie de una parcela para la agricultura, no es tan descabellada, comoquiera que en Estados del primer mundo, éso es solo lo que puede ser objeto de propiedad privada, en tanto que el suelo y el subsuelo son de exclusividad del Estado. Creo que en Colombia estamos en mora de dar un debate serio al respecto.
Luis F.
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