Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Dos eventos políticos impiden hoy en Colombia pensar en un proceso de paz serio con las fuerzas insurgentes. El primero, el fallido proceso de paz adelantando entre el gobierno de Pastrana y las Farc, de donde jamás se destacó la construcción de la Agenda Común, sepultada por los errores cometidos tanto por las Farc como por la propia administración de Andrés Pastrana Arango en el manejo de la zona de Distensión.
El discurso político y mediático en contra de lo sucedido terminó sepultando ese elemento básico que es la Agenda Común, para pensar en un futuro diálogo entre los dos actores del conflicto. Y el segundo, el discurso y las acciones políticas de Uribe con los que borró de un plumazo las circunstancias objetivas que legitimaron y justificaron el levantamiento armado en los años 60. Ello lo hizo cuando promulgó la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática, correlato del maniqueo discurso de los gringos después de los ataques del 9/11. Allí no se reconoce la existencia del conflicto armado y se asegura que se asiste, simplemente, a una amenaza terrorista. Esas miradas ahistóricas y acríticas indisponen a la llamada opinión pública.
Digamos que estamos ante dos fuertes obstáculos que impiden avanzar en un proceso de ambientación de la paz, porque subsiste un escenario social, cultural y político que desestima la necesidad de dialogar con los grupos armados ilegales, fortaleciendo ese carácter periférico, que con claros intereses, varios gobiernos y sectores societales se han encargado de darle al conflicto interno.
La salida al conflicto es política y negociada y en eso parecen creer no sólo las Farc, sino el propio gobierno de Santos, a juzgar por los últimos cruces de mensajes. Habría que entrar a revisar qué piensan actores influyentes de la sociedad civil y qué piensan los militares, normalmente mirados como ruedas sueltas, pero que fueron definitivos no sólo en las presiones que ejercieron para que se rompiera el proceso de diálogo que abrió Pastrana, sino para el posicionamiento del discurso anti terrorista de Uribe, que terminó por edificar un imaginario negativo en torno a la necesidad de buscar la paz.
Y dentro de esos actores de la sociedad civil colombiana bien valdría la pena saber qué piensan los industriales y en general los gremios económicos, la Iglesia Católica, las universidades y los medios masivos de información, tradicionalmente ajenos al conflicto, a su naturaleza y a su evolución.
Propongo ocho acciones o pasos para avanzar en la ambientación de escenarios de diálogo que conduzcan, sin afanes, a un proceso de paz que no esté sujeto a los tiempos gubernamentales.
Un primer paso es aceptar que efectivamente existe un conflicto armado interno, con repercusiones sociales, culturales, económicas y políticas. Y para ello no basta con que el Gobierno de Santos lo haya reconocido en el marco de la llamada la ley de víctimas. No. Se necesita de un proceso pedagógico en el que se involucre a todos los ciudadanos y a todos los sectores de la sociedad, pues es difícil que las decisiones y actuaciones políticas del alto gobierno logren permear las vidas de millones de colombianos, preocupados hoy por sobrevivir al día a día, lo que profundiza la idea de que el conflicto es un asunto de otros, periférico, que sólo pasa en las selvas de Colombia.
El segundo paso es revisar las razones objetivas que justificaron en su momento el levantamiento armado en Colombia. Hechos claros y objetivos como la concentración de la riqueza, la extrema pobreza, un modelo de Estado pensado más para satisfacer los intereses de una clase dirigente articulada a la dinámica económica globalizada y a una idea de que los derechos deben tener un carácter de servicio, en aras de que el ciudadano asuma la responsabilidad total de acceder a ellos, deben someterse a revisión y a cambio. Ello requiere de una actitud conciliadora y políticamente responsable de la clase dirigente y de ciertas y específicas élites.
El tercer paso es retomar la Agenda Común lograda entre las Farc y el gobierno de Pastrana y desde allí, iniciar un proceso de superación de esas razones objetivas del levantamiento armado, modificando sustancialmente las estructuras y las lógicas con las cuales hoy el Estado colombiano opera en condiciones claras de ilegitimidad y precariedad institucional.
Un cuarto paso sería humanizar el conflicto, fase en la que hay que exigirle a las Farc no sólo un cese unilateral al fuego, sino la devolución de todos los retenidos, secuestrados o prisioneros de guerra, según desde donde se lea el asunto. Y también, que no reclute más menores de edad y desvincule de sus filas a los que hoy combaten a la fuerza pública. También, que no instale más minas anti persona y no use las armas no convencionales con las cuales hoy ataca a la fuerza pública.
Un quinto paso, va en camino de exigirle a las fuerzas militares su cuota en el cumplimiento del cese al fuego, necesario para poder exigirle respeto a las Farc de dicha condición o acuerdo.
Un sexto paso es preparar el país para un largo diálogo, superando los límites que impone un periodo de gobierno. Y para ello se requiere de la generación de consenso entre las fuerzas políticas, los partidos políticos y los grupos de interés que operan en la esfera pública. Este es un asunto sustancial si de verdad se quiere avanzar en un proceso de paz de largo plazo.
En un séptimo paso propongo el desmonte real del paramilitarismo como fenómeno cultural, social, político y económico, así como el compromiso real de la clase política y empresarial de abandonar toda práctica delincuencial y las acciones de cooptación del Estado para sacar adelante sus proyectos e intereses. Pero para ello se requiere que haya verdad, justicia y reparación efectiva, en aras de mostrar, desde este lado del Estado y la sociedad, una actitud clara de avanzar en la construcción de escenarios de confianza, para poder dialogar.
Y como octavo punto, propongo una lectura crítica de las circunstancias económicas, políticas, culturales y sociales que ha generado este dinámico, pero perverso proceso de globalización en el que el Estado colombiano decidió, de tiempo atrás, articularse sin mirar las condiciones de su sociedad. Mirar el complejo contexto en el que hoy gravita el mundo puede hacer que ambas partes entiendan que hay que llegar a acuerdos sobre la base de unas dinámicas financieras y económicas que han transformado el concepto de Estado y por esa vía, afectado las maneras como los ciudadanos ven y entienden la convivencia dentro de un territorio.
Dos eventos políticos impiden hoy en Colombia pensar en un proceso de paz serio con las fuerzas insurgentes. El primero, el fallido proceso de paz adelantando entre el gobierno de Pastrana y las Farc, de donde jamás se destacó la construcción de la Agenda Común, sepultada por los errores cometidos tanto por las Farc como por la propia administración de Andrés Pastrana Arango en el manejo de la zona de Distensión.
El discurso político y mediático en contra de lo sucedido terminó sepultando ese elemento básico que es la Agenda Común, para pensar en un futuro diálogo entre los dos actores del conflicto. Y el segundo, el discurso y las acciones políticas de Uribe con los que borró de un plumazo las circunstancias objetivas que legitimaron y justificaron el levantamiento armado en los años 60. Ello lo hizo cuando promulgó la Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática, correlato del maniqueo discurso de los gringos después de los ataques del 9/11. Allí no se reconoce la existencia del conflicto armado y se asegura que se asiste, simplemente, a una amenaza terrorista. Esas miradas ahistóricas y acríticas indisponen a la llamada opinión pública.
Digamos que estamos ante dos fuertes obstáculos que impiden avanzar en un proceso de ambientación de la paz, porque subsiste un escenario social, cultural y político que desestima la necesidad de dialogar con los grupos armados ilegales, fortaleciendo ese carácter periférico, que con claros intereses, varios gobiernos y sectores societales se han encargado de darle al conflicto interno.
La salida al conflicto es política y negociada y en eso parecen creer no sólo las Farc, sino el propio gobierno de Santos, a juzgar por los últimos cruces de mensajes. Habría que entrar a revisar qué piensan actores influyentes de la sociedad civil y qué piensan los militares, normalmente mirados como ruedas sueltas, pero que fueron definitivos no sólo en las presiones que ejercieron para que se rompiera el proceso de diálogo que abrió Pastrana, sino para el posicionamiento del discurso anti terrorista de Uribe, que terminó por edificar un imaginario negativo en torno a la necesidad de buscar la paz.
Y dentro de esos actores de la sociedad civil colombiana bien valdría la pena saber qué piensan los industriales y en general los gremios económicos, la Iglesia Católica, las universidades y los medios masivos de información, tradicionalmente ajenos al conflicto, a su naturaleza y a su evolución.
Propongo ocho acciones o pasos para avanzar en la ambientación de escenarios de diálogo que conduzcan, sin afanes, a un proceso de paz que no esté sujeto a los tiempos gubernamentales.
Un primer paso es aceptar que efectivamente existe un conflicto armado interno, con repercusiones sociales, culturales, económicas y políticas. Y para ello no basta con que el Gobierno de Santos lo haya reconocido en el marco de la llamada la ley de víctimas. No. Se necesita de un proceso pedagógico en el que se involucre a todos los ciudadanos y a todos los sectores de la sociedad, pues es difícil que las decisiones y actuaciones políticas del alto gobierno logren permear las vidas de millones de colombianos, preocupados hoy por sobrevivir al día a día, lo que profundiza la idea de que el conflicto es un asunto de otros, periférico, que sólo pasa en las selvas de Colombia.
El segundo paso es revisar las razones objetivas que justificaron en su momento el levantamiento armado en Colombia. Hechos claros y objetivos como la concentración de la riqueza, la extrema pobreza, un modelo de Estado pensado más para satisfacer los intereses de una clase dirigente articulada a la dinámica económica globalizada y a una idea de que los derechos deben tener un carácter de servicio, en aras de que el ciudadano asuma la responsabilidad total de acceder a ellos, deben someterse a revisión y a cambio. Ello requiere de una actitud conciliadora y políticamente responsable de la clase dirigente y de ciertas y específicas élites.
El tercer paso es retomar la Agenda Común lograda entre las Farc y el gobierno de Pastrana y desde allí, iniciar un proceso de superación de esas razones objetivas del levantamiento armado, modificando sustancialmente las estructuras y las lógicas con las cuales hoy el Estado colombiano opera en condiciones claras de ilegitimidad y precariedad institucional.
Un cuarto paso sería humanizar el conflicto, fase en la que hay que exigirle a las Farc no sólo un cese unilateral al fuego, sino la devolución de todos los retenidos, secuestrados o prisioneros de guerra, según desde donde se lea el asunto. Y también, que no reclute más menores de edad y desvincule de sus filas a los que hoy combaten a la fuerza pública. También, que no instale más minas anti persona y no use las armas no convencionales con las cuales hoy ataca a la fuerza pública.
Un quinto paso, va en camino de exigirle a las fuerzas militares su cuota en el cumplimiento del cese al fuego, necesario para poder exigirle respeto a las Farc de dicha condición o acuerdo.
Un sexto paso es preparar el país para un largo diálogo, superando los límites que impone un periodo de gobierno. Y para ello se requiere de la generación de consenso entre las fuerzas políticas, los partidos políticos y los grupos de interés que operan en la esfera pública. Este es un asunto sustancial si de verdad se quiere avanzar en un proceso de paz de largo plazo.
En un séptimo paso propongo el desmonte real del paramilitarismo como fenómeno cultural, social, político y económico, así como el compromiso real de la clase política y empresarial de abandonar toda práctica delincuencial y las acciones de cooptación del Estado para sacar adelante sus proyectos e intereses. Pero para ello se requiere que haya verdad, justicia y reparación efectiva, en aras de mostrar, desde este lado del Estado y la sociedad, una actitud clara de avanzar en la construcción de escenarios de confianza, para poder dialogar.
Y como octavo punto, propongo una lectura crítica de las circunstancias económicas, políticas, culturales y sociales que ha generado este dinámico, pero perverso proceso de globalización en el que el Estado colombiano decidió, de tiempo atrás, articularse sin mirar las condiciones de su sociedad. Mirar el complejo contexto en el que hoy gravita el mundo puede hacer que ambas partes entiendan que hay que llegar a acuerdos sobre la base de unas dinámicas financieras y económicas que han transformado el concepto de Estado y por esa vía, afectado las maneras como los ciudadanos ven y entienden la convivencia dentro de un territorio.
Nota: este artículo fue reproducido en el portal www.hechoencali.com.; también fue publicado en el portal Aula & Asfalto de la Universidad Central de Bogotá, edición 234, del 08/19/2011,http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/
4 comentarios:
Message bodyHola German...
Como siempre, me parece una excelente reflexión, pero creo que te hizo falta proponer una manera para también acabar con la FARCPOLÏTICA, porque si bien es cierto que la Parapolítica le hace mucho daño al país (como el "cáncer" con el que todos queremos acabar), la FARCPOLÍTICA es el enemigo oculto que pocos se atreven a enfrentar.
Un abrazo...
Kenny
German gracias por sus opiniones, estoy de acuerdo con sus comentarios, pero en el paso de sexto de su propuesta, creo que esos diálogos no deberían ser tan largos, debido a que implica volver a darle alternativas a la FARC para que vuelvan a reagrupasen y tomar fuerza (supuestamente están “debilitadas”) como paso en el caso anterior, la pregunta es. ¿Como se puede acelerar este proceso para evitar que dicho grupo vuelva a revivir? Igualmente el comentario popular es que las instituciones educativas públicas están atestadas de milicianos preparándose para liderar el país.
Un abrazo
Diego Mafla
Por qué se minimiza el berenjenal jurídico, que en este país es un limbo?
Juan M.
Interesante Germán. Creo que voy a escribir sobre el mismo tema.
Álvaro
Publicar un comentario