Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La muerte de miles de tiburones en inmediaciones de la isla Malpelo, en el Pacífico colombiano es, sin duda, un hecho condenable desde cualquier punto de vista. Ello confirma, junto a otros hechos, que el ser humano es una especie dañina y perversa, capaz no sólo de poner en riesgo la vida de animales y de ecosistemas, sino la suya propia por intereses arraigados en las ansias de acumular capital.
Duele la muerte de estos animales, pero molesta la incapacidad del Estado colombiano y la propia del gobierno de Juan Manuel Santos, para ejercer soberanía en ese punto geográfico y ambientalmente estratégico para el país.
Qué tristeza escuchar anoche en uno de los noticieros privados, de voz de la señora Sandra Bessudo, alta consejera presidencial para la biodiversidad, que embarcaciones de la Armada Nacional, que patrullan dicho escenario biodiverso, están en reparación en algún lejano astillero. ¡Qué desidia con la que los funcionarios estatales vigilan y administran los bienes del Estado!
Si el comandante general de las fuerzas armadas no es capaz de ejercer la soberanía en este punto de esta rica, pero mal administrada Colombia, entonces, la responsabilidad de lo sucedido recae sobre él y por supuesto, sobre los irresponsables pescadores que participaron de la cruel faena. El artículo 189, en su numeral tres, señala que al Presidente le corresponde “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República”. Malpelo no hace parte de la agenda de gobierno porque no existe una política ambiental seria y responsable por parte del Estado. Y este asunto viene de tiempo atrás. Baste con recordar al gobierno de Uribe Vélez, en el que retrocedimos en materia ambiental. Santos, con algunos matices, sigue en la misma tónica de Uribe: extraer, extraer y violentar la Naturaleza.
Hay que esperar que el Congreso haga control político a partir de esta evidente desidia que no sólo es del Presidente Santos, sino del actual ministro del Medio Ambiente, así como del Ministro de Defensa y de la cúpula militar de la fuerza encargada de vigilar, de hacer presencia y ejercer soberanía en Malpelo.
Si la máxima autoridad administrativa del Estado, en cabeza del Presidente, no está en capacidad de hacer cumplir la Constitución, entonces para qué se hizo elegir, si por cuenta de su ineptitud, y por una evidente omisión, no sólo se permite la matanza de los tiburones, sino que por ese camino, se desconoce y se violan varios artículos de la Carta Política, a saber: Artículo 3ro. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. Artículo 8º. “Es obligación del Estado y de la persona proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano… Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
Lo cierto es que por la precariedad del Estado colombiano hechos ambientales como el recientemente denunciado son y serán pan de cada día. Sucede lo mismo con la explotación legal e ilegal de oro y madera, entre otros. De verdad que da tristeza reconocer que Colombia, como Estado y como Nación, no sabe qué hacer con sus riquezas naturales, contrario a empresas foráneas (multinacionales) y furtivos pescadores, que sí saben para qué sirven. Conservar y aprovechar de forma racional los recursos son principios claves para establecer una relación respetuosa con los recursos naturales, con la propia Naturaleza.
La muerte de miles de tiburones en inmediaciones de la isla Malpelo, en el Pacífico colombiano es, sin duda, un hecho condenable desde cualquier punto de vista. Ello confirma, junto a otros hechos, que el ser humano es una especie dañina y perversa, capaz no sólo de poner en riesgo la vida de animales y de ecosistemas, sino la suya propia por intereses arraigados en las ansias de acumular capital.
Duele la muerte de estos animales, pero molesta la incapacidad del Estado colombiano y la propia del gobierno de Juan Manuel Santos, para ejercer soberanía en ese punto geográfico y ambientalmente estratégico para el país.
Qué tristeza escuchar anoche en uno de los noticieros privados, de voz de la señora Sandra Bessudo, alta consejera presidencial para la biodiversidad, que embarcaciones de la Armada Nacional, que patrullan dicho escenario biodiverso, están en reparación en algún lejano astillero. ¡Qué desidia con la que los funcionarios estatales vigilan y administran los bienes del Estado!
Si el comandante general de las fuerzas armadas no es capaz de ejercer la soberanía en este punto de esta rica, pero mal administrada Colombia, entonces, la responsabilidad de lo sucedido recae sobre él y por supuesto, sobre los irresponsables pescadores que participaron de la cruel faena. El artículo 189, en su numeral tres, señala que al Presidente le corresponde “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República”. Malpelo no hace parte de la agenda de gobierno porque no existe una política ambiental seria y responsable por parte del Estado. Y este asunto viene de tiempo atrás. Baste con recordar al gobierno de Uribe Vélez, en el que retrocedimos en materia ambiental. Santos, con algunos matices, sigue en la misma tónica de Uribe: extraer, extraer y violentar la Naturaleza.
Hay que esperar que el Congreso haga control político a partir de esta evidente desidia que no sólo es del Presidente Santos, sino del actual ministro del Medio Ambiente, así como del Ministro de Defensa y de la cúpula militar de la fuerza encargada de vigilar, de hacer presencia y ejercer soberanía en Malpelo.
Si la máxima autoridad administrativa del Estado, en cabeza del Presidente, no está en capacidad de hacer cumplir la Constitución, entonces para qué se hizo elegir, si por cuenta de su ineptitud, y por una evidente omisión, no sólo se permite la matanza de los tiburones, sino que por ese camino, se desconoce y se violan varios artículos de la Carta Política, a saber: Artículo 3ro. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. Artículo 8º. “Es obligación del Estado y de la persona proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano… Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
Lo cierto es que por la precariedad del Estado colombiano hechos ambientales como el recientemente denunciado son y serán pan de cada día. Sucede lo mismo con la explotación legal e ilegal de oro y madera, entre otros. De verdad que da tristeza reconocer que Colombia, como Estado y como Nación, no sabe qué hacer con sus riquezas naturales, contrario a empresas foráneas (multinacionales) y furtivos pescadores, que sí saben para qué sirven. Conservar y aprovechar de forma racional los recursos son principios claves para establecer una relación respetuosa con los recursos naturales, con la propia Naturaleza.
Nota: columna publicada en el portal www.hechoemcali.com
2 comentarios:
Hola Germán, totalmente de acuerdo con lo que planteas. Los pescadores, que seguramente, siguen ordenes de alguna multinacional pesquera o de algún comerciante privado, son los responsables directos del genocidio que se cometió con 2000 tiburones (cifra que plantean los medios). Sin embargo, un hecho como este nos lleva a plantear, tal cual como ocurre con otros asuntos, la responsabilidad del Estado Colombiano y de manera directa de todos los funcionarios que por ley tienen la discrecionalidad de garantizar la soberanía del territorio y la conservación de todo cuanto repose en el. Es absurdo que sólo ahora, perpetrado ya el genocidio, se saque a la luz pública que las embarcaciones están siendo reparadas, y no se explique cuál fue el plan de contingencia que se diseñó para proteger el territorio, el ecosistema y los ciudadanos. No puede aceptarse una excusa como esa y menos aún que a los responsables no se les llame a rendir cuentas ante la opinión pública. Pero desafortunadamente estamos en Colombia y lastimosamente en nuestro país, el cinismo de nuestros dirigentes y funcionarios públicos, cada vez es más grande, cuando se trata de asumir su responsabilidad pública, sobre aquello que las leyes y los ciudadanos hemos demandado como parte de su deber ético como ciudadanos.
Al leer la noticia a través de los medios, me horrorice… afortunadamente todavía estos hechos, aunque dolorosos, me cuestionan como ciudadana y me lleva a preguntarme sobre las decisiones que tomamos, cuando ejercemos nuestro derecho ciudadano de elegir a ciertos individuos, que cada vez muestran su incapacidad para atender con diligencia, la confianza que depositamos en ellos.
Carmen
German:
Y dónde estará toda la platica que le asignan a las FF.AA … será que como el honorable senador “Corcho”, perdón Corzo (o mejor Corsario), no les alcanzan los pesitos que les dan para vigilar las fronteras de la patria???
Saludos,
Alexander
Publicar un comentario