Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Para avanzar en la comprensión y en la superación de los desastres que deja la temporada de lluvias a lo largo y ancho del país, hay que señalar a los verdaderos responsables de lo que ha sucedido en cuanto a inundaciones, los mismos que Santos insiste en ocultar, señalando al fenómeno de La Niña como la maldita culpable.
No. El culpable es el Estado y los funcionarios públicos. Los Presidentes, los ministros, la clase política y la clase dirigente de este país. Los urbanizadores, las CAR, las constructoras, alcaldes y gobernadores, curadores, interventores, ingenieros y arquitectos, entre muchos más.
En la temporada invernal pasada, los empresarios, especialmente los azucareros del Valle, salieron a pedir solidaridad porque vieron afectados sus intereses. Salieron a pedir y a exigir solidaridad. Pero antes de llegar con la caridad cristiana, hay que salir a señalar responsables y a exigir castigos ejemplares contra todos los funcionarios públicos que por su inoperancia, ineficacia y en muchos casos, por sus altos niveles de estupidez, permiten que el Estado ejecute y contrate obras civiles mal concebidas desde el principio, y que inescrupulosos contratistas hagan negociados con dineros públicos.
La tarea de los medios masivos, de los intelectuales, de la Iglesia, de los académicos, de los ciudadanos que medianamente comprenden qué es lo que sucede en Colombia, es develar la verdad de lo que realmente hay detrás de los desastres ‘naturales’ que vienen ocurriendo. Sí, es cierto que hay fenómenos naturales que son difíciles de medir y manejar, pero con inteligencia, prevención y sobre todo, con buen juicio en el ejercicio de lo público, es posible mitigar sus impactos.
Bueno, de los medios no podemos esperar mucho, pues ellos están al servicio de poderosos empresarios, que también tienen culpa pues desde sus particulares intereses han violado normas ambientales o simplemente, han presionado para que éstas no afecten sus negocios. En cuanto a la Iglesia, ella no sólo debe ocuparse de organizar campañas de recolección de ayudas, sino que debe salir a cuestionar en los pulpitos al Presidente, a sus ministros, al Estado, a los particulares, a las firmas constructoras, en fin, a señalar responsables.
Mientras que centenares de miles de colombianos hoy sobreviven bajo el agua, las aseguradoras no asumen responsabilidades y menos aún, salen a solidarizarse con los propietarios de las viviendas anegadas. Ese tipo de solidaridad no aparece, no se exige. En ¿dónde están los bancos y el sistema financiero y su responsabilidad social? Poco les importa la suerte de sus compatriotas.
Y mientras el país se inunda, la clase política, atornillada en el Congreso, con la anuencia del gobierno de Santos, insiste en una reforma a la justicia que no beneficiará a los ciudadanos, sino que afectará la institucionalidad democrática y el equilibrio de poderes. Una reforma a la justicia que no garantiza pronta justicia y que no reducirá los altos índices de impunidad, no es más que un eufemismo para tapar lo que hay de fondo: la búsqueda de venganza de políticos y del actual Congreso, por las sanciones proferidas desde la Corte Suprema de Justicia, por los casos de la parapolítica.
La mejor demostración de solidaridad que podemos ofrecer a los damnificados por la ola invernal, es señalar culpables, castigarlos e impedirles que regresen a la función pública. Hay que limpiar el Estado, desmontar mafias privadas y públicas. Hay que tomar conciencia. No más falsas solidaridades con los damnificados, lo que la gente requiere es respeto y llevar una vida digna.
El Procurador Ordóñez, que vive preocupado por señalar y castigar a los homosexuales y a los ateos, debería de ocuparse de investigar de verdad a los funcionarios públicos y sancionarlos ejemplarmente. Eso debería de hacer, pero el godo funcionario del Ministerio Público muy seguramente cree, como el Presidente y como millones de colombianos, que la culpable es la Naturaleza, la Niña, cuando en el fondo lo que hay que cuestionar y revisar es el modelo de desarrollo.
Para avanzar en la comprensión y en la superación de los desastres que deja la temporada de lluvias a lo largo y ancho del país, hay que señalar a los verdaderos responsables de lo que ha sucedido en cuanto a inundaciones, los mismos que Santos insiste en ocultar, señalando al fenómeno de La Niña como la maldita culpable.
No. El culpable es el Estado y los funcionarios públicos. Los Presidentes, los ministros, la clase política y la clase dirigente de este país. Los urbanizadores, las CAR, las constructoras, alcaldes y gobernadores, curadores, interventores, ingenieros y arquitectos, entre muchos más.
En la temporada invernal pasada, los empresarios, especialmente los azucareros del Valle, salieron a pedir solidaridad porque vieron afectados sus intereses. Salieron a pedir y a exigir solidaridad. Pero antes de llegar con la caridad cristiana, hay que salir a señalar responsables y a exigir castigos ejemplares contra todos los funcionarios públicos que por su inoperancia, ineficacia y en muchos casos, por sus altos niveles de estupidez, permiten que el Estado ejecute y contrate obras civiles mal concebidas desde el principio, y que inescrupulosos contratistas hagan negociados con dineros públicos.
La tarea de los medios masivos, de los intelectuales, de la Iglesia, de los académicos, de los ciudadanos que medianamente comprenden qué es lo que sucede en Colombia, es develar la verdad de lo que realmente hay detrás de los desastres ‘naturales’ que vienen ocurriendo. Sí, es cierto que hay fenómenos naturales que son difíciles de medir y manejar, pero con inteligencia, prevención y sobre todo, con buen juicio en el ejercicio de lo público, es posible mitigar sus impactos.
Bueno, de los medios no podemos esperar mucho, pues ellos están al servicio de poderosos empresarios, que también tienen culpa pues desde sus particulares intereses han violado normas ambientales o simplemente, han presionado para que éstas no afecten sus negocios. En cuanto a la Iglesia, ella no sólo debe ocuparse de organizar campañas de recolección de ayudas, sino que debe salir a cuestionar en los pulpitos al Presidente, a sus ministros, al Estado, a los particulares, a las firmas constructoras, en fin, a señalar responsables.
Mientras que centenares de miles de colombianos hoy sobreviven bajo el agua, las aseguradoras no asumen responsabilidades y menos aún, salen a solidarizarse con los propietarios de las viviendas anegadas. Ese tipo de solidaridad no aparece, no se exige. En ¿dónde están los bancos y el sistema financiero y su responsabilidad social? Poco les importa la suerte de sus compatriotas.
Y mientras el país se inunda, la clase política, atornillada en el Congreso, con la anuencia del gobierno de Santos, insiste en una reforma a la justicia que no beneficiará a los ciudadanos, sino que afectará la institucionalidad democrática y el equilibrio de poderes. Una reforma a la justicia que no garantiza pronta justicia y que no reducirá los altos índices de impunidad, no es más que un eufemismo para tapar lo que hay de fondo: la búsqueda de venganza de políticos y del actual Congreso, por las sanciones proferidas desde la Corte Suprema de Justicia, por los casos de la parapolítica.
La mejor demostración de solidaridad que podemos ofrecer a los damnificados por la ola invernal, es señalar culpables, castigarlos e impedirles que regresen a la función pública. Hay que limpiar el Estado, desmontar mafias privadas y públicas. Hay que tomar conciencia. No más falsas solidaridades con los damnificados, lo que la gente requiere es respeto y llevar una vida digna.
El Procurador Ordóñez, que vive preocupado por señalar y castigar a los homosexuales y a los ateos, debería de ocuparse de investigar de verdad a los funcionarios públicos y sancionarlos ejemplarmente. Eso debería de hacer, pero el godo funcionario del Ministerio Público muy seguramente cree, como el Presidente y como millones de colombianos, que la culpable es la Naturaleza, la Niña, cuando en el fondo lo que hay que cuestionar y revisar es el modelo de desarrollo.
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