YO DIGO SÍ A LA PAZ

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martes, 12 de junio de 2012

EN PELIGRO LA VIDA DE LOS WAYUU ANTE PROYECTO MINERO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo  

La estructural debilidad del Estado colombiano, el desmantelamiento de las instituciones ambientales que realizó el gobierno de Uribe Vélez y el hecho de que la minería sea para el actual gobierno de Santos una de sus más importantes locomotoras del desarrollo, son factores que facilitan que la empresa El Cerrejón contemple la posibilidad de desviar el río Ranchería para ampliar sus zonas de explotación de carbón.

Hay, pues, unas circunstancias contextuales que hacen posible que particulares y propias instituciones estatales participen, propongan, aprueben o piensen desarrollar proyectos de infraestructura que per se, generan graves impactos ambientales y culturales, cuyos beneficios económicos no alcanzan a mitigar los daños que se le pueden infringir a frágiles y valiosos ecosistemas.

Tener dentro de sus planes de expansión el desvío del río Ranchería expone, de entrada, una acción irresponsable que claramente desconoce la cultura indígena de los Wayuu, etnia que vería afectada la relación consustancial que históricamente han mantenido sus miembros no sólo con el río Ranchería, sino con el resto de su entorno natural.

Hace poco Vicenta Siosi Pino, indígena Wayuu, envió una misiva al Presidente Santos en la que lo exhortaba a evitar el desastre ambiental que viene con semejante obra de ingeniería. Al final de la epístola, se lee: ¿Por qué cambiaríamos nuestro único río por regalías? Al final de la reunión concluyeron que sería una gran obra de ingeniería y que las cosas seguirían igual. A lo que una jovencita de la comunidad preguntó. “Si todo permanecerá Igual ¿Por qué nos quieren compensar? Nuestro transcurrir en la península Guajira gira alrededor del río, el es la gracia y la vida aquí. Por favor no permita que la empresa extranjera Cerrejón destruya el acuífero que mantiene el Ranchería y seque la única fuente de agua que poseemos. Si se licencia el traslado y empezamos a padecer los perjuicios, no podremos volver atrás, el daño es irreversible. Por favor ayude a los wayuu[1].

Ahora bien, no se trata de pedirle ayuda al Presidente, de lo que se trata es de exigirle respeto a un mandatario que cree a pie juntillas en un desarrollo extractivo que sólo dejará desastres ambientales y culturales, más pobreza y como siempre, ganancias concentradas en pocas manos. 

Tiene Santos, como jefe de Estado, la responsabilidad de evitar un desastre natural y cultural inconmensurable. Autorizar la ejecución de tal proyecto no sólo violaría derechos constitucionales, sino que se convertiría en una acción estatal fincada exclusivamente en objetivos económicos, que frente a los efectos negativos de una intervención de ese tipo en un afluente espiritual y culturalmente estratégico y de gran valor para los Wayuu, serán mínimos, irrisorios.

El compromiso debe ser con la vida, en especial cuando una obra de esa magnitud pondrá en riesgo la vida de un ecosistema frágil y valioso, y la de unas comunidades que reclaman respeto no sólo del Estado, sino de aquellos individuos que, ubicados en una perversa racionalidad económica, desconocen el valor ambiental y cultural de un afluente sobre el cual las comunidades indígenas han construido y soportan aún su cosmovisión y formas de actuar y de vivir en este mundo. 

El columnista y sociólogo Alfredo Molano Bravo señala que “el proyecto de expansión debe ser consultado por ley con las comunidades indígenas. De hecho, la compañía ha comenzado a dar pasos en esa dirección rodeada de un extraño silencio sobre los verdaderos alcances e impactos del proyecto. Parecería que busca primero la aceptación de las comunidades, antes que la exposición del objeto y los efectos de la obra. Empleados de la compañía, acompañados por funcionarios del Ministerio del Interior, citan a las comunidades para divulgar los beneficios de los planes de expansión, evadiendo o mistificando los impactos negativos. El Gobierno avala los argumentos de la compañía con un silencio aparentemente imparcial pero cargado de contenidos a favor de la empresa, que suele ofrecer todo tipo de regalos como forma de compensación sobre aquellos efectos negativos que no puede esconder. La estrategia, tanto de la minera como del Gobierno, consiste en convencer a las comunidades con los ofrecimientos, o por lo menos dividirlas, para negociar con una de las partes a nombre de la totalidad. Previamente a la citación, la empresa divulga de manera sistemática un cuadro rosado y verde del futuro de la región. Sobra decir que los planes de expansión vienen acompañados por un aumento importante de la presencia de Fuerza Pública y medidas de seguridad.

Como es de suponer, el desvío del río tiene efectos, no sólo sobre la población, sino sobre la fauna y la flora. Los ‘animales de noche’, como los llaman los wayúu, que son los que llamamos salvajes, serían arriados por medio de explosiones sonoras hacia determinadas áreas, según los planes ambientales de la compañía. Los ‘animales de día’, o sea los domésticos, correrían la misma suerte de las comunidades que deben ser desplazadas, como la de Manantial de Cañaverales. Es un corregimiento del municipio de San Juan, de una fertilidad y de una frescura excepcionales en la región, porque tiene un gran ojo de agua. Es un nicho rodeado de gigantescas ceibas y caracolíes, habitado por una familia de micos churucos, donde de un acuífero nace un agua transparente, ligeramente azulada. Un paraíso chiquito y cuidado por la comunidad. El manantial riega la zona y sirve el acueducto del pueblo. Aunque en los planes no está —por ahora— el traslado, la población lo teme porque el afloramiento de carbono estudiado por los geólogos está a menos de dos kilómetros del poblado
…”[2].

Ante semejante propuesta, las Universidades no pueden guardar silencio. Y menos aún, el Congreso de la República, corporación que viene haciéndole el juego a un gobierno que echó a andar una locomotora minera que no sólo viaja a todo vapor, sino que lo hace sobre unas débiles instituciones ambientales, pero sobre todo, que corre sobre una racionalidad económica que le pone precio a la vida y que desconoce la de comunidades indígenas que por años han mantenido una relación respetuosa con la naturaleza.

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