Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Ante los tozudos hechos que expresan la crisis económica, política, social y de liderazgo dentro del territorio del Valle del Cauca, sólo queda el camino de la reflexión y de la acción política, para hacer viable la vida en una región acosada, de tiempo atrás, por problemas, fuerzas y actores nacionales y globales.
A continuación presento a Ustedes una reflexión para llamar la atención de quienes tienen la posibilidad, la capacidad, el interés y la intención de recomponer el camino al vacío que el departamento viene transitando, y con el que de seguro arrastra con la vida y el bienestar de miles de ciudadanos que viven en esta comarca. La reflexión gira en torno a la idea del tipo de Estado que hemos construido y el que, desde el deseo, es posible crear.
Las débiles estructuras estatales sirven para reproducir instituciones como el clientelismo, que resulta de viejas transacciones políticas entre representantes de los partidos tradicionales, políticos, comunidades y por supuesto, con empresarios y demás actores de la sociedad civil. Esta misma, al legitimar la precariedad del Estado, adquiere ese carácter en tanto no es capaz de proveer óptimas condiciones para un mercado interno con claro beneficio colectivo, así como para construir puentes comunicativos con el Estado.
El diseño y el funcionamiento institucional estatal está sujeto a la racionalidad clientelar y a una suerte de cultura organizacional promovida por funcionarios públicos y políticos que buscan llegar al Estado regional no para servir o ayudar a que éste se legitime, sino para aprovechar beneficios o simplemente, para mostrar la efectividad de las redes clientelares aupadas desde la Asamblea, los partidos y movimientos políticos, instituciones que al reproducir la ineficiencia y la ineficacia estatal, aseguran su permanencia más por la fuerza del diseño constitucional y la tradición republicana, que por sus reales aportes a la democracia y al cumplimiento de lo estipulado en la Carta Política.
Hechos como la concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos y la inexistencia de marcos legales que por ejemplo pongan controles a la inversión extranjera, son la expresión de la cómoda actitud gremial y de la clase política frente a un Estado que no puede dar vuelta a esas circunstancias, por cuanto dentro de él están ellos mismos para perpetuarlas y mantener así esa parainstitucionalidad con la que suelen hacerse transacciones con actores nacionales e internacionales, por ejemplo, en el marco de Tratados de Libre Comercio.
Esto pone en cuestión la denominada responsabilidad social del sector empresarial, que termina aportando pequeñas cantidades de recursos a ciertos programas y/o proyectos sociales, sólo como una manera de sobrellevar sus culpas o incluso, las propias consecuencias de sus acciones y actividades, por ejemplo en materia ambiental y social.
Es claro que hoy el Estado, como orden político y como actor de poder, progresivamente se somete a las fuerzas del mercado, en un proceso de pérdida de soberanía, que lo van reduciendo en su capacidad de erigirse como garante de la convivencia social dentro de su territorio y como guía ético y moral de una ciudadanía que espera más de él y de unas condiciones contextuales que, apoyadas en parte en el ejercicio del pensamiento filosófico y teórico que busca ampliar los derechos humanos, terminan aumentando las incertidumbres colectivas y consecuentemente, desencantando la vida, su sentido y todo lo que de allí se desprende en beneficio de ideas o principios universales como la solidaridad, soberanías popular y estatal, libertad y justicia, entre otros más.
Funcionalmente, el Estado colombiano opera desde intereses privados que por largo tiempo se han instalado en sus entrañas, para poner sus recursos, simbólicos, coercitivos (físicos) e institucionales, al servicio de los intereses de exclusivas élites de poder (local, regional y transnacional), que se sirven de lo público-estatal para reducir el Estado, desde lo operativo, al desarrollo de proyectos sociales, culturales y de infraestructura relacionados con sus intereses de clase.
Y los cambios en el Estado, que son sustantivos, reales y no formales, terminan afectando la naturaleza del ciudadano, que como aspiración y categoría, nació y actuó sobre el cobijo que aquel le brindaba no sólo desde una institucionalidad puesta a su servicio y a sus necesidades básicas, sino del tipo de relaciones que ese mismo Estado se preocuparía por generar y mantener con sus ciudadanos, con sus asociados.
Sin apoyo alguno, el ciudadano deambula por la esfera pública privatizada y mediatizada, y queda a merced de los discursos de la industria cultural, de los medios masivos y de la publicidad, que reproducen casi de manera automática el sistema capitalista, sostenido a su vez por un sistema financiero mundial que no necesita ciudadanos que desde la acción política y social critiquen, desestimen o intenten modificar el modelo económico, sino que por el contrario, se necesitan cada vez más clientes, más ‘tarjeta habientes’ que se concentren en consumir y no en pensar.
El Valle del Cauca, como Estado regional, hace parte de estas circunstancias y está en manos de Ustedes, señores candidatos a la Gobernación del Valle del Cauca, modificarlas sustancialmente o hacer todo para mantenerlas y extenderlas en el tiempo.
La precariedad del Estado local es el correlato de la labilidad del Estado nacional, cooptado por grupos de poder privados que poca claridad han mostrado en torno a lo público. Y peor resulta el panorama, si aceptamos que en la región del Valle del Cauca, como en otras zonas del país, los fuertes tentáculos de la empresa criminal llamada paramilitarismo, se sirvieron del apoyo de empresarios y de sectores de opinión, tal y como lo han señalado varios ex jefes paramilitares.
¿Qué tipo de Estado es el que tienen en mente los candidatos a la gobernación que hoy están en la arena política? ¿Acaso el Estado privatizado que de tiempo atrás han construido aquellas élites de poder que han sacado provecho de la debilidad de ese orden social, político, cultural y económico que se funde en la nomenclatura Estado regional?
¿O acaso el Estado asistencialista que construye relaciones asimétricas con el ciudadano, para cooptarlo y mantenerlo al margen de las decisiones que deberían hoy tomarse en conjunto, o el paternalista, que impide que sus asociados alcancen la mayoría de edad, en la perspectiva de no concebir ampliamente el sentido de lo público?
Creo que el Estado regional exhibe hoy suficientes hechos, situaciones y circunstancias contextuales que lo hacen ver como un orden inviable económica, política y socialmente. Para la muestra, varios botones: en primer lugar, una evidente crisis en el liderazgo de unas élites tradicionales, empresarial y política, que así como han contribuido al desarrollo de la región, también han aportado a la construcción de un orden violento e ilegítimo, caracterizado por prácticas de exclusión por razones étnicas, religiosas y de clase.
En segundo lugar, la presencia de proyectos políticos de disímiles orientaciones ideológicas y políticas, que han caído en los mismos errores de los proyectos apoyados y encarnados por las élites tradicionales: concentración del poder, desgreño administrativo, clientelismo y corrupción. Proyectos que he llamado Emergentes y que son el correlato de lo que sucede en la dimensión nacional, en donde hoy, adportas de las elecciones de 2014, es claro que el actual gobierno central representa el poder de unas élites tradicionales y Uribe Vélez es ejemplo de ese poder que viene emergiendo en varias regiones del país.
En tercer lugar, un tipo de orden con una débil institucionalidad y unas precarias instituciones que apenas si logran responder a las demandas ciudadanas, pero con las que se logra, con sorprendente eficiencia y efectividad, responder a los intereses clientelistas de los sectores de poder que terminan aupando proyectos políticos alejados de una idea clara de lo que debe ser la función pública.
En cuarto lugar, una acción política, resultado de la debilidad manifiesta de los partidos políticos, agrupaciones cada vez más alejadas de la función de responder a las demandas sentidas de las comunidades, a través de la formulación de políticas públicas efectivas técnica y políticamente, resultado de consensos en los que las voces de los ciudadanos deberían ser recogidas adecuadamente.
En quinto lugar, una sociedad civil fragmentada no sólo por la indolencia y la insolidaridad de gremios y demás actores sociales, económicos y políticos, sino por la tradicional práctica de legitimar, desde esas instancias, gobiernos con clara vocación corporativa, pero alejados de la señal constitucional de actuar como un Estado social de derecho. El listado es largo.
Así entonces, termino con un par de propuestas con las cuales Ustedes, y en especial quien logre llegar al Palacio de San Francisco, puedan mandar señales que permitan pensar en una nueva ética de la función pública.
Propongo, entonces, que den señales de una nueva ética a través de prácticas limpias y cristalinas. Por ejemplo, que hagan públicas sus declaraciones de renta. Que cada contrato firmado se haga público y con una clara y eficiente veeduría ciudadana, junto con las acciones debidas de los órganos de control y por último, gobernar con la intención de servir a todos los vallecaucanos y no exclusivamente a aquellos sectores que con disímiles intereses, están aportando dinero a sus campañas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario