LA RESISTENCIA DESARMADA DE LA GUARDIA INDÍGENA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La retención de tres militares (un suboficial y dos soldados profesionales), por parte de miembros de la Guardia Indígena de la comunidad Nasa (Cauca), es la expresión política y simbólica de una comunidad que transita, de tiempo atrás, los caminos de la no violencia. La muerte del comunero Álvaro Chocué, en hechos que las propias autoridades indígenas están investigando, provocó la acción legítima de los Nasa, cuyos miembros retuvieron a los militares y los despojaron de sus armas de dotación.

Estamos ante una acción colectiva que logra someter a tres guerreros, investidos de autoridad y del poder que les da portar armas oficiales. El sometimiento de los militares al poder de una Guardia Indígena ‘levantada’ en bastones de mando, debería de ser suficiente para que los actores armados entiendan que allí, en el Cauca, hay una comunidad dispuesta a enfrentarse con bastones de mando a quienes usurpan, irrespetan y violentan sus territorios, su cultura y asesinan a sus miembros.

Una comunidad indígena maltratada y golpeada no sólo por todos los actores armados involucrados en el conflicto interno: Estado (fuerza pública), paramilitares y guerrilleros), sino por una sociedad excluyente y por sectores de una cultura dominante que se avergüenzan de sus propios procesos de mestizaje y más aún, de la existencia de indígenas y de afros a lo largo y ancho del territorio nacional.

Los Nasa han expresado su rechazo a todos los grupos armados, legales e ilegales. De hecho, en ocasiones anteriores expulsaron de sus territorios ancestrales a guerrilleros y a miembros de la fuerza pública. Moral y políticamente tienen toda la autoridad para hacer respetar sus territorios y por ese camino, hacer cumplir el mandato constitucional que expresamente se consagra en el artículo 246 de la Carta Política de Colombia, que señala: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”[1].

Aunque los uniformados fueron liberados y entregados a su unidad operativa, es claro que los indígenas seguirán adelante con las pesquisas y con el proceso que ya abrieron para castigar o exonerar a quienes hoy aparecen como responsables de la muerte del comunero Álvaro Chocué.

Ojalá que la dirección general de las fuerzas militares, del ejército y en particular de la Fuerza de Tarea Apolo, unidad que respondió al hostigamiento de las Farc, y en cuyas circunstancias se pudo haber producido la muerte del indígena Nasa, hagan lo propio y logren explicar, con suficiencia, qué fue lo que ocurrió y quién asesinó al comunero.

Nuevamente el país asiste al enfrentamiento de dos discursos. De un lado, el que imponen por la fuerza los combatientes de los bandos enfrentados, y del otro lado, el de los indígenas, expresión de resistencia, de solidaridad y sobre todo, de claridad en lo que tiene que ver con su quehacer político como pueblo indígena. También, Colombia asiste al choque de la jurisdicción especial indígena, con las jurisdicciones ordinaria y militar, que para el caso pueden aparecer para el necesario esclarecimiento de los hechos acaecidos.

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[1] Carta Política de Colombia.