Por Germán Ayala Osorio,
comunicador social y politólogo
Detrás de la candidatura
al senado de Uribe Vélez, está el proyecto político de la derecha y de la
ultraderecha con el cual no solo se obstaculizarán todas aquellas iniciativas
legislativas encaminadas a refrendar los acuerdos que se logren en la mesa de
diálogo instalada en La Habana, sino que se buscará allanar el camino para
desmontar progresivamente, a través de finas decisiones legislativas, el
espíritu liberal de la Carta de 1991.
Para ello,
cuenta con el apoyo ideológico, social, político y económico de sectores que,
directa o indirectamente, auparon el proyecto político con el que sectores de derecha y de ultraderecha buscaron
refundar la patria, con el apoyo militar de las AUC.
En esta
segunda etapa, sin el concurso visible de un ejército paraestatal, Uribe Vélez
será quien comandará la avanzada legislativa desde donde se aplicará con todo
rigor el proyecto neoconservador que el encarnó y con el cual ejerció el poder
como Presidente de la República entre 2002 y 2010. Y no se trata de la
existencia de simples coincidencias programáticas, por el contrario, se trata
de un mismo proyecto político, cultural y económico con el que el país
recorrerá, nuevamente, los caminos del unanimismo ideológico y político. Para ello, cuenta con el concurso y la
anuencia de sectores de las fuerzas militares y de policía, empresarios del
campo, industriales, banqueros, así como el pleno del partido conservador.
Quienes creen
que el regreso de Uribe al Congreso se reduce a la evidente adicción al poder
que acompaña al ex mandatario, se equivocan. No. Detrás de él subsiste la idea
compartida en disímiles sectores de la sociedad civil colombiana, de que el
Estado debe seguir al servicio de la plutocracia y de aquellos sectores
privilegiados a los que aquel sirvió durante sus ocho anos de gobierno.
Un proyecto regenerador y ambientalmente insostenible
Los sectores
de derecha y de ultraderecha buscarán cerrar los espacios de participación
política, así como constreñir hasta el límite, los derechos y libertades de los
ciudadanos, bien por la vía de la declaratoria de la inviabilidad fiscal o por
la vía del desgaste de los reclamantes ante las crecientes dificultades del
Estado para poder responder a las demandas ciudadanas. Por supuesto que no se
descartan la cooptación y la amenaza como instrumentos de presión para aquellos
que insistan en demandar del Estado una mayor atención.
De esta manera,
el Uribe Centro Democrático buscará no solo conseguir un importante número de
congresistas, sino poner en la Presidencia a quien de manera denodada lealtad,
obedezca cada una de las instrucciones que recibirá tanto del Congreso como de
las huestes que la derecha y la ultraderecha tiene en la sociedad civil. Lo
claro es hay un proyecto político que la derecha y la ultraderecha vienen
diseñando y aplicando por etapas. Para ello, se sirvieron de los gobiernos de
Gaviria, de Pastrana, de Uribe Vélez y por supuesto, de Juan Manuel Santos para
consolidarlo, a pesar de las quejas porque este último no cuidó de manera
acertada los ‘tres huevitos’ que le encomendaron que protegiera.
Ungido como
el gran patrón electoral y político, Uribe Vélez sabrá acercarse a aquellos con
los que guarda coincidencias ideológicas. Uno de ellos, es el Procurador Ordóñez,
con quien no solo comparte principios morales, religiosos y las prácticas
clientelistas de cooptación, sino una fuerte oposición a principios
constitucionales que hoy permiten reivindicar los derechos de la mujer y de
los ciudadanos homosexuales. Habrá,
entonces, otra moral y otra ética pública, con la que la sociedad aprenderá a
aceptar que el TODO VALE es un principio fundamental para un país que cree a
pie juntillas en alcanzar un desarrollo que le es esquivo por la presencia de
guerrilleros, campesinos, indígenas y afrodescendientes.
De igual
manera, comparten su desprecio por los asuntos ambientales, a juzgar por el
desmonte de la institucionalidad ambiental que lograra Uribe en sus dos
periodos y a las casi nulas instrucciones y exigencias del Procurador Ordóñez,
a las procuradurías ambientales para que vigilen, por ejemplo, el cumplimiento
de la normatividad ambiental existente.
El desgaste
político y social de semejante proyecto, recaerá sobre el Uribe Centro
Democrático, lo que sin duda servirá para ocultar los nombres de aquellos que
ubicados en privilegiados sectores de poder, esperan, agazapados, que se
mantengan y se amplíen sus beneficios.
Con Uribe en el Congreso, junto
con quienes logren una curul, el modelo de desarrollo extractivo se
profundizará por la vía de la concentración de la propiedad de la tierra. Es
decir, el país producirá más palma africana y demás cultivos encaminados a
producir combustibles. De esta forma, Colombia, como país biodiverso, en pocos
años podrá exhibir al mundo desastres socio ambientales que muy seguramente el
Estado no podrá afrontar de manera efectiva.
Chivolo, Pivijay y Ralito
Los tres pactos sobre los cuales se sostiene jurídica y políticamente lo
que se conoce como la parapolítica, no son otra cosa que ejercicios de
cooptación del Estado, su privatización y la implementación de estrategias
electorales para asegurar en ciertas y estratégicas regiones del país, que la
segunda etapa de la refundación de la patria resulte exitosa.
De esta forma, los pactos de Chivolo, Pivijay y Ralito hacen parte del
proceso de consolidación del proyecto de país que la derecha y la ultraderecha
han diseñado de tiempo atrás para Colombia.
El paramilitarismo, como empresa
criminal exitosa, dejó resultados positivos que el proyecto político que está
detrás del regreso de Uribe Vélez al Congreso sabrá recoger y aprovechar. Haber
desplazado a millones de colombianos de tierras y zonas aptas para el
desarrollo intensivo de agrocombustibles, es un resultado tangible que esta
empresa criminal dejó a quienes sabrán aprovechar estas circunstancias.
Esas zonas estratégicas despejadas de campesinos son, desde ya, objeto
de interés no sólo de la familia Uribe Vélez, sino de otros terratenientes que
hacen parte de Fedegan. El problema agrario, entonces, se agravará de tal
forma, que en Colombia sólo se hablará, en adelante, de zonas de desarrollo
empresarial. Esta es una forma de afectar la oferta socioambiental de zonas
biodiversas que muy seguramente serán intervenidas por agroindustriales, que
recibirán del Estado subsidios para enriquecer a las pocas familias que hoy se
dedican a dicha actividad productiva.
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