Por Germán Ayala Osorio, comunicador
social y politólogo
Las
preguntas, dudas y cuestionamientos que el Procurador Ordóñez Maldonado viene
haciendo en torno a la ilegalidad de algunos encuentros de funcionarios
públicos, con miembros de las Farc, en La Habana, dejan entrever que la apuesta
por la paz y que los apoyos al proceso de paz que se desarrolla en Cuba, se
reducen a las intenciones del Presidente Santos, de sectores de su Gobierno e
incluso, de algunas instituciones estatales, lo que de inmediato desecha o
debilita la idea de que la consecución de la paz con el grupo armado ilegal,
es, claramente, un propósito de Estado. Por ello, con certeza se puede afirmar
que históricamente la paz ha sido un asunto de Gobiernos, pero la guerra es y
seguirá siendo una decisión y una motivación de Estado.
En
ese contexto, los pronunciamientos de Ordóñez Maldonado[1]
y las pesquisas que ordenó, lo inscriben, por el cargo que ocupa y la ideología
en donde se inscribe, en un claro enemigo de la paz, en un fuerte contradictor
y por ese camino, en un duro obstáculo para el proceso mismo y la consecuente
refrendación de los acuerdos a los que se lleguen en la mesa de diálogo
instalada en La Habana.
Ordóñez
Maldonado actúa como un incisivo Procurador que de manera equivocada
deslegitima los encuentros entre políticos (Congresistas, especialmente) y los
negociadores de las Farc. Y por ese camino, amenaza con abrir investigaciones
disciplinarias contra aquellos que ‘osadamente’ se hayan entrevistado, sin el
permiso expreso del Presidente, para hablar con miembros de la cúpula de las
Farc.
Por
esa vía, el Procurador Ordóñez busca poner en la misma balanza los procesos
penales que la Corte Suprema de Justicia abrió y cerró contra aquellos
políticos que se reunieron con líderes paramilitares. Ordóñez quiere configurar
una especie de nuevo proceso jurídico-político de Farc-política, negando el contexto jurídico-político en el que se
desarrolla el proceso de paz, la naturaleza política[2]
de las Farc y su condición de actor armado que desconoce la autoridad del
Estado.
Una
cosa es reunirse con miembros de las Farc para hablar de paz[3]
y otra muy distinta es haberse reunido con paramilitares para refundar la
Patria, con el claro objetivo de desmontar el Estado social de derecho. Tratar
de equiparar los hechos, las circunstancias y las motivaciones políticas que dieron
vida a lo que se conoce como parapolítica,
con lo que hoy sucede con los encuentros que se han dado entre políticos y
miembros de cúpula de las Farc, no sólo resulta ser un despropósito político,
sino una inconveniente y equivocada interpretación jurídica.
Ante
la insistencia del jefe del Ministerio Público, el fiscal Montealegre señaló
que “no es un
delito acudir a La Habana sin permiso del presidente, tampoco que un
funcionario acuda a tener conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla de
las Farc”[4].
En esa misma línea se
pronunció el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien señaló que “tendría la tendencia a estar de acuerdo con el Fiscal, en cuanto a que
reunirse con la guerrilla (en La Habana) no está tipificado en el Código Penal,
a no ser que se trate de una reunión para pedir beneficios económicos o
políticos… Es
un problema más de conveniencia o inconveniencia política. El proceso de paz
debe dejársele al Gobierno, porque además así lo establece la
Constitución".[5]
Si bien resulta
inconveniente que actores de la sociedad civil tengan dudas, reparos o que de
manera clara y abierta expresen no estar de acuerdo con el proceso de paz, peor
resulta el panorama cuando agentes del mismo Estado, como en este caso el
Procurador General de la Nación, actúan no para generar consensos dentro del
propio Estado, que permitan que el proceso de paz sea asumido por todas las
fuerzas que componen, dan vida y sostienen el actual orden social establecido.
Lo anterior sucede porque individuos
como Ordóñez Maldonado, conservador a ultranza, enemigo del espíritu liberal de
la Constitución de Colombia y además, defensor de un Estado confesional, suelen llegar al Estado con una idea vaga de lo
público y con la clara intención de imponer una particular ideología. De esta
manera, el Estado, como orden social y político tambalea, de allí la dificultad
para asumir la búsqueda de la paz como un asunto de Estado, superando así las
intenciones y las motivaciones del Gobierno de Santos para avanzar hacia el
cumplimiento del claro mandato que se consignó en el Artículo 22 de la Carta
Política: “la paz es un derecho y un
deber de obligatorio cumplimiento”.
[1] Hizo reparos al Marco Jurídico para
la Paz y advirtió sobre los riesgos que correría el Estado colombiano si dicho
marco legal no logra castigar de manera ejemplar los delitos de lesa humanidad cometidos
por las Farc. El Procurador ha dicho que habrá impunidad.
[2]
Olvida el Procurador que el Gobierno de Santos reconoció el estatus político de
las Farc y por esa vía, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes
de captura que existen contra los miembros de la cúpula fariana.
[3] La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento, dice el Artículo 22, de la Carta Política.
1 comentario:
Claramente se visualiza una intención proselitista de nuestros “padres de la patria”. Por otro lado el cucho Ordóñez es un orate con sueldo de ministro.
Henry
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