Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo.
Este
2014 será definitivo para Colombia. Es posible que el país dé un giro político
de tal dimensión, que sirva, incluso, para provocar un ‘quiebre histórico’ en
las maneras como funciona el Estado, la sociedad, se asume y se defiende lo
público, entre otros asuntos.
‘Quiebre
histórico’ que tiene, en el fin del conflicto armado entre las Farc y el
Gobierno de Santos, al factor e
instrumento más valioso y determinante. De allí que el proceso de negociación
que se adelanta en La Habana deba ser defendido por la sociedad en general, sin
que ello signifique que no se escuchen las voces críticas que expresan los
candidatos a la presidencia por el Centro Democrático (CD) y el Partido
Conservador, Óscar Iván Zuluaga y Martha Lucía Ramírez, quienes de tiempo atrás
se oponen al proceso de paz.
Oponerse
a la consecución de la paz, entendida esta como el fin de las hostilidades y la
consecuente dejación de armas por parte de las Farc, no es hoy una opción ético-política
deseable, responsable y viable. Y por ser un asunto político, tanto la
continuidad del proceso de paz, como la consecución misma del cese definitivo
de la confrontación armada, se convierten en asuntos electorales de gran
trascendencia. Se equivocan aquellos que señalaron en su momento -y señalan
aún- que el proceso de paz debía
suspenderse por la llegada de las elecciones parlamentarias y la elección presidencial,
especialmente, porque Santos buscará la reelección presidencial.
Los
eventos electorales, en una democracia, son el escenario propicio para discutir
asuntos públicos, especialmente cuando se trata de la búsqueda de la paz. Que
los colombianos voten si quieren poner fin al conflicto armado, o si por el
contrario, desean que la degradada guerra interna continúe beneficiando a los señores de la guerra, se convierte en la
mejor manera de revisar el nivel de conciencia que han alcanzado en torno a los
negativos efectos ambientales, sociales, económicos y políticos que deja el
conflicto armado interno. De igual manera, será el termómetro que indique hasta
dónde somos capaces de pasar las horrorosas páginas de una guerra interna
degradada, desatada en gran medida por las élites empresarial y política, responsables
de haber coadyuvado a la consolidación de un orden injusto, insostenible y
profundamente inviable.
Quienes
se oponen al fin del conflicto, con el argumento de que habrá impunidad y que
por ese camino, el país viola o desconoce la legislación internacional sobre
derechos humanos, le hacen el juego tanto a la llamada comunidad internacional,
como a los war lord, internos y
externos, que de tiempo atrás posaron sus intereses económicos en la guerra
colombiana. Hay que confiar en que la justicia transicional disponga de los
mecanismos y las penas alternativas para determinar y juzgar a la cúpula de las
Farc, responsable de la violación de los derechos humanos y del DIH. Debe haber
verdad, justicia, reparación y no repetición, sin que ello obligue al país a
deponer sus intenciones de paz, por la presión de la Corte Pena Internacional
(CPI) y la Ong, Human Rights Watch
(HRW), o la intromisión de otros Estados.
Con
todo y lo anterior, lo que se debe garantizar es que haya un debate político
serio, consecuente y público, de cara al país. Preocupa, eso sí, que hay
campañas políticas de aspirantes al Congreso, que gravitan en torno a asuntos de
menor importancia, poco definitivos como poner fin al conflicto entre el Estado
y las Farc. Peor resulta el panorama, cuando muchos colombianos ya vislumbran
que la lista al Senado del Centro Democrático (CD), está diseñada para oponerse
a los procesos jurídico-políticos de refrendación de los acuerdos a los que
lleguen los negociadores del Gobierno de Santos y los miembros de la cúpula de
las Farc.
Votar
a conciencia, en este momento histórico que vive el país, significa avanzar
hacia la superación del escenario de polarización política que el país vivió
entre el 2002 y 2010, periodo en el que la guerra se escaló y de agudizaron sus
efectos en millones de colombianos que se desplazaron de manera forzada o que
vivieron sometidos a las reglas de juego de los actores armados enfrentados
(Fuerzas Militares, Paramilitares y Guerrilleros).
El
discurso guerrerista que defienden la campaña del Centro Democrático (CD) y el
sector del Partido Conservador que apoya la candidatura presidencial de Martha
Lucía Ramírez, guarda franca consonancia con la postura asumida por sectores de
las Fuerzas Militares que se benefician de la guerra. Ese discurso debe ser
relegado. No hay otro camino. Por ello, los eventos electorales de marzo y mayo
de 2014 serán definitivos para lograr desterrar no sólo el discurso de la
guerra, sino la confrontación armada misma. Y una vez firmados y refrendados
los acuerdos de paz, las élites de poder deberán reconocer sus errores y el
carácter mezquino con el que han orientado y manejado los asuntos de Estado.
Los
colombianos que participen de las decisivas jornadas electorales que se
avecinan, no pueden votar por las opciones políticas que le siguen apostando a
la muerte de soldados y guerrilleros pobres, para mantener tanto los
privilegios de las élites que defienden el Establecimiento, como los de los
miembros de la cúpula de las Farc.
Ya
habrá la oportunidad y el momento para revisar la gestión de Juan Manuel
Santos, especialmente en materia ambiental. Apostarle al fin del conflicto
armado interno, a la paz misma y a la construcción de escenarios de
posconflicto, no implica dejar de cuestionar la administración del Presidente y
del Gobierno que nuevamente le apostó a la búsqueda de la paz.
Es
posible que ese momento se dé con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente.
Ese sería un escenario propicio, posible y necesario no sólo para refrendar lo
acordado en La Habana, sino para ampliar y consolidar el Estado Social de
Derecho, la democracia y las instituciones que Gobiernos como los de Uribe
Vélez y Santos debilitaron de varias maneras. Si ese escenario se llega a dar,
hay que estar atentos a las claras intenciones del Centro Democrático (CD) y
del Partido Conservador, para echar marcha atrás las garantías constitucionales
que ofrece la Carta Política de 1991. Especialmente, cuando es claro que hay
sectores políticos y candidatos al Congreso que aún defienden la idea de que el
Estado de Opinión es un estadio superior del Estado Social de Derecho. Es hora
de tomar decisiones y de apostarle a producir ese ‘quiebre histórico’ que nos
permita avanzar hacia la resolución no armada de los conflictos y modificar
sustancialmente, nuestros procesos civilizatorios[1]. La
paz es una opción. La guerra, no.
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