EL NUDO DE LA NEGOCIACIÓN

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

A pesar del nuevo aire que ha tomado el Proceso de Paz de La Habana, hay dos asuntos que mantienen aún empantanada la negociación: el primero, los términos y alcances de la justicia transicional; y el segundo, las condiciones de seguridad que el Estado deberá brindar a la cúpula de las Farc y a los desmovilizados de las bases farianas, para que no se repita la historia de la Unión Patriótica, exterminada por la acción criminal de agentes del Estado que operaron en contubernio con estructuras paramilitares.

En lo que respecta al primero, las Farc han insistido en que el proceso de La Habana, se sostiene en y tiene el carácter de una negociación y en la decisión de someterse a la justicia y al Estado colombiano. De allí, entonces, que la justicia transicional que resulte de ese proceso de negociación, deberá reconocer las aspiraciones de la cúpula de las Farc, que insiste en no aceptar el pago de penas en cárceles estatales. Si bien hoy existe un escenario jurídico internacional que exige al Estado colombiano niveles estandarizados de justicia, en especial para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, éste no puede ser óbice para que el país, en perspectiva soberana, asegure el fin del conflicto y niveles mínimos y aceptables de verdad, justicia y reparación, que cobije a todos los actores armados.

Y en este punto, se ancla de manera natural la Comisión de la Verdad acordada entre los negociadores del Gobierno y de las Farc. Es urgente que esta Comisión se conforme cuanto antes, para asegurar que la verdad que vaya emergiendo de los procesos de pesquisa y confrontación de versiones que logren hacer los comisionados, sirva como base política, para legitimar la aspiración de la cúpula fariana de no pagar un día de cárcel y la exigencia de que, en un eventual caso de darse y aceptarse penas privativas de la libertad, estas se extiendan a políticos, militares, empresarios, banqueros, industriales y ganaderos, entre otros, que auparon y apoyaron la conformación y la operación de las estructuras paramilitares y por supuesto, el apoyo brindado a las fuerzas estatales. De igual manera, que se procesen a militares y policías, en tanto éstos hacen parte de los actores armados que participaron y participan aún del conflicto armado interno.

Mientras la Comisión de la Verdad opera, la justicia colombiana debe avanzar con celeridad para recopilar información y los hechos, y así procesar a los máximos responsables de las Farc, por los delitos cometidos por razones del conflicto.

Se trata, entonces, de reconocer que en el conflicto interno colombiano han participado tres actores armados: Fuerza Pública, en representación y defensa del Estado, los Paramilitares, cuyas estructuras se diseñaron y operaron en contubernio con las fuerzas legales, y por supuesto, las organizaciones guerrilleras que se levantaron contra el Estado. Y se deberá reconocer, también, que unos y otros, recibieron apoyo económico, social y político de ciudadanos, asociaciones, empresas y disímiles grupos de poder, lo que los convierte en responsables indirectos de los crímenes, de los desastres socio ambientales y de la crisis humanitaria expresada en los millones de desplazados que deambulan por ciudades y pueblos.

En lo que respecta al segundo asunto, el Gobierno de Santos está comprometido con las Farc en el diseño de condiciones de seguridad, que brinden garantías a los líderes farianos de que no serán asesinados, una vez hagan dejación de armas y se reintegren a la sociedad, para participar de la vida política, social y económica. El genocidio político de la Unión Patriótica no puede repetirse. De allí que la cúpula de las Farc exija al Gobierno las garantías suficientes de que esa historia de persecución y muerte que sufrieron por lo menos cuatro mil miembros de la UP, no se repetirá con los cuadros de las Farc.

En lo que tiene que ver con la verdad sobre el paramilitarismo, huelga señalar que las circunstancias que rodean la gran fosa común de la Escombrera, en Medellín, son el claro ejemplo de la lentitud con la que avanzan las investigaciones alrededor de la operación conjunta entre militares y paramilitares en la llamada Operación Orión, y por supuesto, alrededor del esclarecimiento de las identidades de quienes fueron asesinados por estas fuerzas. Sin duda, allí, en esa enorme escombrera, no solo están enterrados los cuerpos de las víctimas de las acciones de militares y paramilitares, sino la débil institucionalidad del Estado local, regional y nacional y la indolencia de una sociedad que se acostumbró a la barbarie y que naturalizó y validó los crímenes cometidos por las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Mientras no se avance en  los asuntos señalados en esta columna, las negociaciones de los puntos restantes de la Agenda, seguirán estancadas y posiblemente, la continuidad del Proceso y la firma misma del fin del conflicto armado se pongan en riesgo. Reconocer que existe un nudo gordiano en la negociación, es parte de la solución.

Baste con mirar apartes del documento Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, para entender que el estancamiento de las negociaciones en La Habana, está dado por la poca celeridad que exhibe el Gobierno, en el cumplimiento de lo acordado.

Veamos apartes del señalado documento, para que entendamos y dimensionemos los retos que tiene el Gobierno de Santos  y el Estado en su conjunto, para cumplir con lo acordado. 

“3. Fin del conflicto

Proceso integral y simultáneo que implica:

1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.

2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -

en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses.

3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las

personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por

pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

4. En forma paralela el Gobierno Nacional intensificará el combate para

acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo,

incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular

contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre:.=;o

que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos

sociales o movimientos políticos.

5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes

institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la

construcción de la paz.

6. Garantías de seguridad.

7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo

se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo…”.