Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Revuelo en los medios y redes
sociales causó que el paramilitar, Fredy Rendón, alias El Alemán, desde hace
varias horas esté gozando de su libertad por pena cumplida, de acuerdo con las
condiciones definidas en la ley de Justicia y Paz, que juzgó sus crímenes como
integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Eso fue lo pactado y
se debe respetar.
Para el caso de los integrantes
de la cúpula de las Farc que negocian con el Gobierno el fin del conflicto
armado en La Habana, desde ya se escuchan voces de rechazo ante la posibilidad
de que la dirigencia de dicha guerrilla, pague penas alternativas por los
delitos cometidos, en el contexto de la lucha armada que libraron y libran aún
contra el Estado. Es decir, que por cuenta de una justicia transicional (política),
los altos mandos de las Farc no irían a la cárcel y no pagarían penas efectivas
en penitenciarías oficiales.
Para los dos casos, los críticos
y opositores coinciden, sin saberlo, en ese carácter vindicativo que exhibe la
cárcel, que como institución moderna, cumpliría con el propósito de disciplinar
a los infractores y criminales y de esta forma, resarcir en algo el daño que
estos infringieron a la sociedad, y en particular a las víctimas y los
familiares de estas últimas.
Parece ser que para un sector de
la sociedad colombiana, pagar con cárcel por los delitos cometidos, es el único
camino aceptable para quienes empuñaron las armas, defendiendo unas ideas y un
proyecto político, tal y como lo hicieran alias ‘El Alemán’ y los integrantes
de la dirigencia de las Farc.
Justamente, la excesiva confianza
depositada en ese carácter vindicativo con el que deviene la institución
cárcel, es lo que no nos dejará avanzar hacia entornos y estadios de
reconciliación entre los colombianos. Debería de ser suficiente para las
víctimas de los grupos armados ilegales y para aquellos que desde la distancia
exigen largas penas privativas de la libertad para guerrilleros y paramilitares,
con saber la verdad de lo ocurrido, aceptar
las peticiones de perdón de los victimarios, así como con la reparación
económica y las garantías de no repetición por parte del Estado y de los
victimarios.
Como institución disciplinante,
la cárcel deviene cuestionada porque ella misma no ha cumplido con ese
objetivo. Por el contrario, y de acuerdo con las condiciones en las que operan
las prisiones en Colombia, dicha institución está en una profunda crisis de
credibilidad social y de viabilidad, a juzgar por las condiciones de
hacinamiento en las operan las cárceles en el país. Y peor es el asunto, cuando
las políticas de reinserción y reintegración social se tornan poco viables,
justamente, porque sectores sociales no aceptan la posibilidad de que ex
convictos, por disímiles delitos, incluyendo el de rebelión, cumplan funciones
públicas o desarrollen actividades particulares.
Creo que ese carácter vengativo
con el que exigimos penas privativas de la libertad, para disímiles delitos, está
profundamente arraigado en las maneras como los miembros de la sociedad
colombiana suelen resolver sus diferencias y conflictos. Sobre ese espíritu de
venganza, recordemos, se fundaron los grupos paramilitares. Y mucho antes, el
propio Manuel Marulanda Vélez, se
levantó en armas, para defender su propiedad y el derecho que le asistía a
vivir en condiciones de tranquilidad. Y bajo esa misma orientación, Álvaro
Uribe Vélez hizo todo lo posible para hacerse con el máximo poder político y poner
al servicio de su afán de vengar el asesinato de su padre, al parecer a manos
de las Farc, toda la fuerza coercitiva y represiva del Estado. Al final, qué
quedó de estos casos de venganza? Solo más dolor, muertes, así como infinitos
sentimientos de venganza por quienes sufrieron el desquite de aquellos.
Qué bueno sería que todas
aquellas víctimas de los actores armados, pensaran en actuar con el talante ético con el que lo
hizo Héctor Abad Facciolince, quien al escribir el libro El olvido que seremos, logró “vengar” el crimen de su progenitor, a
manos de los paramilitares.
Y si la cárcel, como institución
disciplinante está en una profunda crisis, hay que decir que las
Representaciones Sociales (RS) que la sociedad colombiana viene construyendo y
consolidando alrededor de lo que debe ser la justicia, de igual manera devienen
cuestionables, en especial, cuando lo que debe primar para un contexto violento
como el nuestro, es la capacidad para perdonar, sin que ello signifique olvidar
el dolor y los hechos acaecidos. Hacia allá hay que avanzar. Falta pedagogía y
sobre todo, la comprensión de que la justicia, con todo y su legalidad y
legitimad, sigue siendo profundamente vindicativa.
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