YO DIGO SÍ A LA PAZ

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viernes, 3 de julio de 2015

LAS PREGUNTAS QUE LA PRENSA BOGOTANA NO HACE


Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Publicada en www.conlaorejaroja.com http://conlaorejaroja.com/las-preguntas-que-la-prensa-bogotana-no-hace/

A raíz de los recientes atentados ocurridos en Bogotá, me pregunto: ¿por qué parece ser tan fácil hacer estallar un petardo, o para el caso de la delincuencia común, bandas criminales y sicarios,  adquirir un arma en las llamadas “ollas” de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá?

La pregunta, en sí misma, es un directo cuestionamiento a la policía, a los militares y, en general, a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado. Resulta muy difícil que el Estado se consolide como orden social, político y cultural, si no logra hacerse con el monopolio de las armas. Ese resbaladizo principio moderno, parece que las autoridades no lo han asumido como una tarea prioritaria, en aras de desmantelar rutas, proveedores y el beneficioso, cuantioso y atractivo mercado ilegal de armas.

Parece ser que las autoridades y los organismos de inteligencia están más interesados en actuar después de que ocurren los hechos delictivos, para dejar que los efectos políticos terminen afectando la legitimidad de los Gobiernos, que preparados para  prevenirlos e incluso, evitarlos, haciendo una tarea eficiente, eficaz y efectiva de control sobre rutas y mercados establecidos para el tráfico de armas y explosivos.

¿Qué pasa con las armas, explosivos y demás material de guerra y de intendencia decomisados por la policía y el ejército? ¿Existe control efectivo sobre el lugar en donde estos materiales reposan? ¿Se lleva un riguroso inventario? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de custodiar y si es preciso, eliminar dicho material? ¿Existe una política clara sobre el manejo de este tipo de armamento? ¿Existe un protocolo para eliminar el material de guerra decomisado a las guerrillas, bandas criminales, y delincuencia común?

Siempre he tenido dudas sobre el control que diversas autoridades hacen de las armas y de los explosivos que decomisan en publicitados operativos. Y más crecen mis dudas, cuando en 2013, a raíz de una masacre perpetrada al sur de la ciudad de Cali, la prensa informó lo siguiente: “El arma decomisada, según la Policía, había sido incautada en tres ocasiones, en Cali, Bogotá y Medellín y hasta el 2004 fue un arma legal, cuyo dueño fue asesinado ese mismo año en la capital vallecaucana. Se trata de una pistola marca Glock, calibre nueve milímetros, cuyo proveedor adaptado para 30 cartuchos[1]”.

Creo, entonces, que la gran prensa bogotana y las audiencias, antes de salir a fustigar al alcalde Petro y al Gobierno nacional, y de insistir en la construcción de imaginarios y representaciones sociales que ayudan a generar miedo colectivo, deberían de confrontar a las autoridades acerca de las tareas de inteligencia desplegadas para contrarrestar la ocurrencia de estos actos de terror.

Independientemente de si los atentados fueron ordenados por la dirigencia del ELN, o de cualquier otra agrupación ilegal, lo claro es que falló la inteligencia. Y quizás sea posible llegar a pensar que esas fallas de la inteligencia policial y militar, guardan estrecha relación con sectores de poder político y económico (derecha y ultraderecha), interesados en generar caos en la capital del país, con el claro propósito de “ambientar” las elecciones de octubre de 2015 y buscar con ello, que los electores, por miedo, terminen votando por el candidato a la alcaldía de Bogotá, que prometió ser el primer policía de la Capital.

Así entonces, es mucho lo que deben explicar las autoridades encargadas de la inteligencia y la seguridad del Estado y de la ciudadanía. A lo mejor, adquirir explosivos y armas sea más fácil de lo que pensamos. Y es posible que si se investiga, encontremos que hay agentes del Estado que colaboran con los criminales, para desestabilizar el poder político y generar miedo en la población civil. Y quizás, la prensa bogotana no esté haciendo las preguntas correctas.

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