Por Germán Ayala Osorio,
comunicador social y politólogo
No será fácil olvidar ese
miércoles 23 de septiembre de 2015, día en el que desde La Habana se anunció la
fecha límite de seis meses para la firma del fin del conflicto entre las Farc y
el Estado; inolvidable día en el que se informó al país y al mundo, que en
materia de justicia transicional las partes que negocian, llegaron a un acuerdo
a pesar de las salvedades que hay en ese punto o tema y las que subsisten en
otros de los puntos sobre los cuales hay acuerdos preliminares.
Como día histórico lo calificó la
gran prensa bogotana. Y tiene razón el periodismo al calificar de esa manera lo
sucedido en territorio cubano, más allá de la publicitada imagen de Santos
estrechando su mano derecha con la del máximo jefe de las Farc, alias
Timochenko.
Pero así como cientos de miles de
colombianos respaldaron los nuevos acuerdos y con algo de alborozo recibieron
la fecha límite para la firma de un documento con el que se pondrá fin al
conflicto armado interno, otros tantos criticaron el sentido de lo acordado.
Entre los críticos, nuevamente aparecieron el Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado y el ex presidente y senador de Derecha, Álvaro
Uribe Vélez.
Graduados de tiempo atrás como
detractores del proceso de paz, Ordóñez y Uribe representan a esa minoría que
en Colombia se opone a la posibilidad de que se ponga fin al conflicto armado
con las Farc, a través de una negociación política tal y como se está dando en
los diálogos de paz de La Habana. Esa minoría no acepta que en el contexto de
una justicia transicional consensuada y negociada, los máximos comandantes de
las Farc no pasen ni un día privados de la libertad en centros carcelarios del Estado.
Espera, esa misma minoría, que en lugar de una negociación política, las Farc
se sometan, sin más, a la justicia, tal y como sucedió con el proceso vivido
con los paramilitares[1].
De esta manera, y por cuenta de
los negativos liderazgos de Uribe y Ordóñez, el país sigue polarizado en torno
a las condiciones en las que debe firmarse el fin del conflicto armado que
desangra al país desde 1964. Tanto el
Procurador como el jefe y propietario de la micro empresa electoral llamada
Centro Democrático, defienden a dentelladas un Estado históricamente débil, que
ha estado al servicio de unos pocos. Por esa vía, entonces, al oponerse al
proceso de paz, a los acuerdos preliminares y a las condiciones en las que operará la justicia
transicional y se juzgarán los delitos cometidos tanto por las Farc como por
miembros de la fuerza pública, Uribe y Ordóñez se oponen a la transformación
del Estado, de la institucionalidad estatal y a la reconstrucción social,
política y económica de ese país rural y urbano que de formas distintas ha
sufrido los horrores de un degradado conflicto armado interno. En particular,
Uribe le tiene miedo a la Comisión de la Verdad, en el sentido en que esta pueda esculcar su pasado político y sus presuntas - para muchos, reales- relaciones con el paramilitarismo.
En el fondo, a estos dos
personajes y a sus seguidores no les molesta que los miembros de la cúpula de
las Farc reciban sanciones penales alternativas por los crímenes cometidos,
sino que la sociedad colombiana advierta y comprenda que las condiciones de
miseria y pobreza que vive el país, así como la concentración de la propiedad rural
y de la riqueza en pocas manos, son consecuencia, justamente, de la desidia, la
incapacidad y la mezquindad de una vieja clase dirigente y élite política que
suelen usar a personajes como Uribe y Ordóñez, para ocultar las
responsabilidades de un Establecimiento que camina sobre un generalizado ethos mafioso.
En esa misma lógica, estos dos
ladinos personajes de la vida pública colombiana se erigen como defensores a
ultranza de un régimen corrupto e ilegítimo del que ellos se han servido para
sacar adelante sus proyectos políticos individuales.
Entonces, la molestia no está en
que los miembros de las Farc no paguen un día de cárcel, sino en que al
implementarse lo negociado y pactado en La Habana, el Estado deberá
transformarse para alcanzar la esquiva legitimidad que el (auto) provocado
debilitamiento de sus estructuras le ha impedido conseguir; la contrariedad de Uribe y Ordóñez también pasa por el terror que les
produce que la sociedad colombiana pueda
empezar a exigir cambios profundos en las maneras como opera lo Público, una
vez ya no haya la eterna disculpa de que al existir un enemigo interno, los
recursos económicos del Estado deben destinarse para enfrentar militarmente esa
amenaza.
Es claro entonces que el
Procurador General de la Nación y el Senador del Centro Democrático se oponen a
la transformación del país, del Estado y de la sociedad. Como godos
sempiternos, solo les interesa mantener en pocas manos el poder político, una
democracia restringida y el direccionamiento ideológico de una sociedad que
parece creer ciegamente en un Estado en cuyas instituciones se instaló, de
tiempo atrás, ese ethos mafioso del
que se han beneficiado tanto la élite tradicional, como los personajes
emergentes que hoy lideran un proyecto político que busca regresarnos a los
sombríos días y al gris ambiente que generaba la aplicación de la Constitución
de 1886.
Uribe y Ordóñez representan el
pasado. Si se honra lo acordado en La Habana, millones de colombianos que
apoyamos el proceso de paz y la firma del fin del conflicto en las condiciones
acordadas, estaremos dando los primeros pasos hacia un mejor futuro para la
inmensa mayoría.
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