Comisión de la Verdad Ambiental

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Los negociadores del Gobierno de Santos y de las Farc acordaron en junio de 2015 conformar una Comisión de la Verdad que explicará los orígenes del conflicto armado interno y establecerá responsabilidades y responsables, en la perspectiva de construir una Verdad consensuada alrededor de lo sucedido en todos estos años de una guerra interna degradada.

Mientras se escogen los comisionados que asumirán semejante tarea y dado que lo ambiental no es una variable central en las discusiones de La Habana, y mucho menos, es tema de debate para el común de la gente en las ciudades, deberían los ambientalistas, intelectuales, académicos y periodistas, entre otros, pensar en la conformación de una Comisión de la Verdad que dé cuenta de quiénes son los responsables de los desastres socio ambientales que hoy el país enfrenta, como la escasez de agua, más allá de reconocer que la falta del vital líquido no corresponde exclusivamente al llamado Fenómeno de El Niño en el marco del llamado Cambio Climático. Otro asunto es que el discurso antropocéntrico use dichas nomenclaturas para ocultar los daños que como especie le estamos haciendo a los ecosistemas que hemos sometido y transformado, desde la lógica de un desarrollo que no respeta límites de resiliencia y por ese camino, pone en riesgo la viabilidad de la vida humana en condiciones de seguridad y dignidad. 

Pensar una Comisión de la Verdad Ambiental nos debe llevar a señalar como responsables de los desastres, pérdidas y conflictos socio ambientales que históricamente el país y sus ecosistemas han sufrido, a los ingenios azucareros, a las grandes corporaciones multinacionales, a los ganaderos, hacendados y latifundistas. En general, a las prácticas legales e ilegales del monocultivo. Todo lo anterior, en el contexto de una apuesta de desarrollo, que como ya se dijo, no respeta límites de resiliencia.

Es hora de que señalar públicamente a los empresarios del campo, a los industriales de urbes como Yumbo, a  los propietarios de cientos de curtiembres que pintaron de muerte afluentes; a gobiernos locales, departamentales y nacionales que hicieron todo para debilitar las instituciones ambientales. Para el caso de gobiernos del orden nacional, baste con señalar las responsabilidades que les caben a Uribe y Santos por haber hecho todo para impulsar la mega minería, al tiempo que debilitaban los controles que por ley les correspondía hacer al Ministerio del Medio Ambiente y a las siempre clientelizadas CAR. La locomotora minero energética de Santos no solo se descarrilló, sino que arrasó con la poca institucionalidad que Uribe dejó en pie, después de ocho años en los que prácticamente eliminó el sentido de las licencias ambientales y por ese camino, la entrega de esas autorizaciones se convirtió en una verdadera feria. 

Igualmente, esa Comisión de la Verdad Ambiental deberá señalar y establecer las responsabilidades que les caben a los actores armados que, en el contexto del conflicto armado interno, afectaron zonas de páramo, sub páramo y aportaron en buena medida a la consolidación de procesos de defaunación. A las Farc, la Fuerza Pública y los Paramilitares sí que les cabe responsabilidad en la pérdida de masa boscosa y en la reducción de especies animales y vegetales.

De esta manera, debemos pensar en un “posconflicto de carácter ambiental", que permita recomponer y redireccionar el sentido de las CAR y el del propio Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. A este organismo y a su institucionalidad derivada, esa segunda parte del nombre parece que corresponde mas a un mal chiste, que realmente a la certeza de que efectivamente se tiene claro qué es eso de Desarrollo Sostenible.

Quizás esa Comisión de la Verdad Ambiental nos permita el día de mañana entender, con la urgencia necesaria, una vieja sentencia que dice así: para qué el molino, si no hay viento. Frase o sentencia que podemos traducir: de qué sirve haber firmado el fin del conflicto, sino vamos a continuar sometiendo a los ecosistemas naturales a este brutal desarrollo y por ese camino, ampliar los riesgos de vivir en medio de circunstancias ambientales que poco a poco están afectando la vida de millones de ciudadanos y en particular, perturbando  la salud mental de pueblos y comunidades que viven en territorios rurales y biodiversos y por supuesto, a quienes soportan  cada vez más los problemas que generan ciudades que crecen de manera desordenada e incontrolada, como son los casos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Santa Marta, entre otras. 

Así entonces, esa paz estable y duradera que se espera lograr una vez se ponga fin al conflicto armado interno, deberá tener en cuenta esa variable ambiental que por décadas hemos dejado de lado por la lógica de un desarrollo desaforado.

¿No será que ya va siendo hora de empezar a hablar en Colombia de decrecimiento poblacional y de hacer ajustes al modelo económico, en aras de mitigar los efectos que viene dejando el actual modelo de desarrollo?



Imagen tomada de www.elcolombiano.con