Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Colombia es un país de finqueros,
gamonales y líderes montaraces y violentos que se han servido de la política y
de los políticos para consolidar prácticas y ejercicios de poder profundamente
desinstitucionalizantes[1].
La debilidad de las instituciones
estatales y la de aquellas que desde la sociedad civil pretenden servir de guía
moral y ética de la sociedad, se debe a que esos finqueros, gamonales y pequeños patriarcas exhiben un profundo
desconocimiento de lo Público y en general, hacen gala de una enorme incapacidad
para liderar. A lo sumo saben mandar.
Al coro
desinstitucionalizador y desafiante de Uribe Vélez ante una decisión
judicial que debería de respetar por su condición de ciudadano, y por lo que él
representa como ex presidente y Senador de la República, le salió al paso el político
Horacio Serpa Uribe, quien como curtido orador, reaccionó como típico “gallo de
pelea”, listo para el “combate”, ojalá, eso sí, de carácter discursivo.
Vergonzoso e innoble
espectáculo el que brinda el Cacique Uribe Vélez al buscar deslegitimar la
acción de la Fiscalía, solo porque su hermano es capturado por la comisión de
delitos graves. Al “líder” político no le espantan y mucho menos le preocupan
los crímenes que se le imputan a Santiago Uribe. Mucho menos le preocupan las víctimas
que dejó el actuar criminal de los 12 Apóstoles. Tanto así, que de manera
perversa y por demás equivocada, grita que se trata de una persecución
política. Craso error que parte de la Gran Prensa bogotana, afecta al
Congresista, repite una y otra vez con el claro objetivo de convertirlo en una
verdad incontrastable. Al mejor estilo de J. Goebbels, varias empresas
mediáticas dejan de lado el ejercicio periodístico, para entrar de lleno en el
terreno de la propaganda política.
El país debería estar espantado
por la existencia de los 12 Apóstoles, de paramilitares y por los crímenes que
se le imputan a quien, según las
pruebas recaudadas por el ente acusador, dirigió, ordenó y coordinó operaciones
militares con el propósito de asesinar y desplazar campesinos en Yarumal,
Antioquia. Pero no. Colombia, un país en el que difícilmente podemos encontrar
diferencias evidentes y sustanciales entre Políticos y criminales, deambula en
medio de una histórica debilidad institucional por cuenta del empobrecimiento
cultural y del ethos mafioso que la
clase dirigente, política, militar y empresarial exhibe y entronizó a través de
sus prácticas corruptas.
Ad portas de firmar el fin del
conflicto armado con las Farc, un sector de las audiencias sigue con especial
morbo las reacciones rabiosas de un ganadero que no solo es capaz de dar en la cara marica[2], sino que ordenó a
un General, en su calidad de Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas, matar a los sicarios de la Oficina de Envigado[3] por
su cuenta. ¿Olvidó aquello del Estado de Derecho, del debido proceso y de la
separación de poderes o simplemente reaccionó como un Macho con ínfulas de
Emperador? Pobre país este.
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