Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Al momento de publicar esta
columna no se conocen los resultados de la reunión a la que asistieron Enrique
Santos Calderón, negociadores del Gobierno y de las Farc, con la que se buscaba
aclarar asuntos concernientes con las zonas de ubicación, entre otros temas que
preocupan a la delegación de paz de esa guerrilla.
Entonces, mientras las partes no
emitan un comunicado que explique los resultados de las gestiones del hermano
mayor del Presidente, se puede señalar que las negociaciones de Paz de La
Habana siguen en un compás de espera, que haría casi imposible que el 23 de
marzo de 2016 se firme el fin del conflicto armado, tal y como las partes lo
habían previsto.
Serían varias circunstancias y
factores los que obligaron al Presidente a enviar a su hermano Enrique Santos a
“destrabar” los diálogos. Los recientes asesinatos de líderes sociales,
políticos y reclamantes de tierras son un elemento que se suma, sin duda, a
este nuevo “impasse” que sufre el Proceso de Paz de La Habana. Y es así, porque
el paramilitarismo[1] sigue vivo como fenómeno
social, político, ideológico, económico y por supuesto, militar. Y esa realidad
pone en evidencia la incapacidad del Estado para frenar a estos grupos
paramilitares, que mutaron del semi
fallido proceso de desmovilización de las AUC, ocurrido durante la segunda
administración de Uribe Vélez.
Se suman a estos execrables
hechos, la discusión alrededor de las zonas de “concentración” o territorios de Paz (Terrapaz) en donde se ubicará la
“guerrillerada” de las Farc, paso necesario para avanzar en el punto 3 de la
Agenda, conocido como el Fin del
Conflicto.
Así entonces, podemos decir con
meridiana certeza, que las llamadas zonas o territorios de concentración en
donde las Farc se ubicarán para la verificación del cese al fuego y de
hostilidades, la dejación de armas y las posteriores actividades propias de la
desmovilización, son el nuevo ‘nudo
gordiano’ que tiene hoy detenidas
las conversaciones de paz en La Habana.
Modificada la Ley de Orden
Público, y con las facultades necesarias para determinar las zonas de concentración
para los hombres y mujeres de las Farc, el Presidente y sus negociadores
plenipotenciarios se enfrentan no solo a los reparos del máximo jefe de esa
guerrilla, Timoléon Jiménez, sino a los que ya exhiben las comunidades
afrocolombianas, indígenas y campesinas que esperan ser consultadas previamente,
para permitir o no la presencia de guerrilleros en sus territorios.
De parte de los líderes farianos,
tienen claro que las zonas de concentración no podrán ser “cárceles a cielo
abierto”. Por el contrario, y fieles a sus intereses, las Farc esperarán que
dichos territorios puedan ser utilizados para actividades políticas con sus
cuadros y con las comunidades allí asentadas, pensando desde ya en una eventual
desmovilización y su transformación en
partido político. Este asunto es de vital importancia para la dirigencia fariana, en tanto aspiran continuar con los
ejercicios pedagógicos con sus bases.
La declaración de esas zonas de
concentración o de ubicación de tropas, resulta compleja en la medida en que
hay comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que no desean tener
cerca a las Farc por su condición de victimarios, dada su responsabilidad
política y militar en episodios de violencia allí registrados. Por ello, el
Gobierno de Santos debe comprometerse con la consulta a las comunidades rurales
sobre si desean y aceptan la presencia de guerrilleros en sus territorios y en
qué condiciones. Si es necesario y con el propósito de avanzar en la firma del
Acuerdo Final, se podría contemplar llevar a Cuba a los líderes sociales de
esas comunidades y pueblos para que expongan a la Mesa de Negociaciones sus
condicionamientos y reparos.
Y no se trata de tardías
consideraciones culturales (espirituales) alrededor de la forma como estas
comunidades conciben sus territorios, sino de un miedo histórico ante la
esperada estigmatización que harán los grupos paramilitares o aquellos sectores
sociales, económicos y políticos afectos al proyecto político paramilitar.
En esa dirección, propongo los
siguientes elementos o criterios que deberían tenerse en cuenta para la
declaración de las zonas de concentración, con el previo acompañamiento de
delegados de la ONU y de miembros de la sociedad civil, entre ellos de la
Academia:
- Como reconocimiento a su lucha histórica y de acuerdo con efectivas conquistas territoriales y poblacionales, las Farc podrán señalar zonas de ubicación, siempre y cuando se cuente con la anuencia de los pueblos asentados y cercanos físicamente a esas zonas. Por muchos años las Farc fungieron, en ciertos territorios, como la “autoridad legítima”. Ese elemento puede servir de criterio para la selección de territorios para la ubicación o concentración de la guerrilla de las Farc.
- La ubicación concertada de guerrilleros en territorios de indígenas, afros y campesinos debe servir para actos de reconocimiento de responsabilidad por episodios de violencia y victimización de la población civil, así como para actos simbólicos de perdón y compromisos de no repetición.
- Los guerrilleros concentrados en los territorios por determinar, desarrollarán actividades de reparación a locaciones afectadas por sus acciones armadas, así como a la preparación para reintegrarse a la vida civil. De igual manera, otras actividades previamente concertadas en la Mesa.
- Las actividades de control, vigilancia y verificación de la concentración de la tropa fariana que desarrollarán la ONU y la Celac bien podrían contar con el concurso de actores de la sociedad civil que acompañan el desarrollo de las negociaciones de paz.
- La Fuerza Pública deberá comprometerse con el control perimetral de esos territorios, eso sí, sin asomo alguno de provocación por parte de sus miembros. La custodia de los guerrilleros debe asumirla el Estado, para evitar incursiones armadas de los grupos paramilitares.
- Las partes deberán establecer protocolos claros, que hagan viable la estancia de un número proporcionado de guerrilleros en las zonas o territorios acordados. De lo que se trata es de que el número de farianos no sea considerado como una molestia para los grupos humanos con los que puedan entrar en contacto.
- En consonancia con el punto anterior, se propone establecer un “número prudente” de guerrilleros, con el fin de que su presencia no alarme y no afecte la cotidianidad de la población civil asentada en los territorios
Todo lo anterior tiene sentido si
el Gobierno de Santos se compromete con el real desmonte de las estructuras
paramilitares. Y para ello, deberá depurar a las Fuerzas Armadas, porque muy
probablemente la operación de esas “renovados” grupos paramilitares es
facilitada por miembros de los cuerpos armados y de seguridad del Estado.
Habrá que esperar el comunicado
conjunto que emita la Mesa de La Habana, para saber si Enrique Santos logró o
no “destrabar” las negociaciones. Mientras tanto, el país ya advierte lo
difícil que resulta establecer unas zonas de ubicación, territorios de paz o de
concentración, sobre las que existen dudas y miedos de que terminen siendo pequeñas “zonas de distensión”, manejadas
discrecionalmente por las Farc.
La experiencia de la zona de
distensión del Caguán no se puede repetir, como tampoco resultaría aceptable
que los miembros de las Farc terminen asesinados, repitiéndose así el genocidio
de la Unión Patriótica.
Sin duda, la definición de las
zonas de concentración, de ubicación o los
territorios de paz en donde se definirá el fin del conflicto, es una enorme "papa caliente" tanto para los negociadores de las partes que dialogan en La
Habana, como para un importante sector de la sociedad colombiana.
Imagen tomada de la Agencia de noticias de las Farc, Nueva Colombia Noticias
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