Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Hay ya reparos por el contenido y
orientación del Nuevo Código de Policía, cuya aprobación está en manos del
Congreso. Creo que hay consenso
alrededor de la necesidad de que se actualice. No hay duda de ello. Lo que si
genera duda son las facultades que podría tener la Policía para trasladar a
ciudadanos en lo que se llamará procesos verbales.
Pero más allá de la controversial
medida, lo que el país y los congresistas al parecer no han considerado es que
ese Nuevo Código de Policía sería aplicado por una vieja institucionalidad
policial, que deviene contaminada por un probado ethos mafioso[1] y por las
circunstancias de un degradado conflicto armado interno.
Es allí en donde veo la mayor
dificultad que tendrá la aplicación de ese nuevo Código de Policía, si es
aprobado por el Legislativo y pasa el examen de la Corte Constitucional. Antes
de aprobarse dicha norma, se debió hacer una reforma estructural que permitiera
sacar a la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa, para que esta fuerza
civil fuera supervisada, en adelante, por el Ministerio del Interior.
De igual manera, aprobar y
aplicar un nuevo Código de Policía en las actuales circunstancias deviene
profundamente inconveniente no solo por lo planteado líneas atrás, sino porque
la terminación del conflicto armado interno, por lo menos con las Farc,
generará unas nuevas dinámicas en entornos rurales y urbanos, en lo que tiene
que ver con la protesta social y el comportamiento ciudadano en un ambiente que
muy seguramente propiciará una toma de conciencia por parte de los colombianos,
que empezarán a demandar respuestas de unas autoridades y de un Estado que ya
no podrán disculpar su inoperancia por la existencia, justamente, de la guerra
interna.
Otro elemento que juega en contra
de ese Nuevo Código de Policía es que las Escuelas de Formación de Policías
deben modificar sustancialmente sus programas educativos. No es posible continuar
formando policiales para que egresen de las escuelas contaminados
ideológicamente, por la doctrina de seguridad nacional e incluso, por las
orientaciones de quienes en esos centros de formación sientan animadversión por
la comunidad LGTBI, por militantes de izquierda, defensores de los derechos
humanos y activistas sociales y políticos.
Creo, entonces, que no es el
momento para aprobar y actualizar el Código de Policía, por cuanto no están
dadas las circunstancias institucionales y contextuales para que dicha norma se
aplique. Habría que dar un compás de espera y empezar a cambiar los marcos
mentales de quienes orientan la formación de los policías, eso sí, sobre una
decisión urgente: sacar a la Policía del Ministerio de la Defensa. Esa decisión
resulta más urgente, que aprobar a pupitrazo limpio un Código de Policía que
mantenga y exacerbe niveles de represión de una Policía que hace rato perdió su
norte como fuerza civil armada. Así entonces, primero hay que desmilitarizar a
la Policía, y luego si repensar su misión, en las circunstancias que muy
seguramente generará el fin del conflicto armado con la guerrilla de las Farc.
Imagen tomada de EL PAÍS de Cali
[1] Se define como aquellas acciones,
decisiones y comportamientos que claramente buscan acomodar las leyes, los
códigos y las normas, incluyendo las sociales y consuetudinarias, a los
intereses de unos pocos. Ese ethos mafioso guiaría las transacciones de todo
tipo que los ciudadanos y las instituciones establecen en sus dinámicas
cotidianas, lo que les daría un carácter subrepticio y acomodaticio a
particulares y reducidos intereses. Ese ethos mafioso, al consolidarse, corre
el riesgo de volverse norma social, legitimada por la debilidad y la
incapacidad del Estado de erigirse como un orden justo, viable y legítimo y por
la imposibilidad de la sociedad de auto regularse y de enfrentar el orden
establecido para intentar cambiarlo.
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