Por Germán Ayala
Osorio, comunicador social y politólogo
La campaña electoral de 2018, ya arrancó. Este es
quizás el mayor efecto político que nos dejó el resultado de la jornada
plebiscitaria del 2 de octubre. Claramente, el triunfo del NO, aunque apretado,
no solo sirvió para que los opositores del Acuerdo Final alcanzado en La Habana
presentaran al presidente Santos sus objeciones y propuestas de ajuste a dicho
documento, sino para develar la doble estrategia del hacendado y propietario del Centro
Democrático (CD), Álvaro Uribe Vélez: la primera parte de la estrategia
consistía en tergiversar el sentido y el contenido del Acuerdo Final y de esta
manera engañar al electorado que finalmente dijo NO al Acuerdo Final; y la
segunda, dilatar la discusión de los ajustes y llevar el diálogo político que
Santos abrió de manera obligada, hasta el 2018.
Instalado en ese momento electoral, Uribe buscaría
regresar al poder poniendo en la Casa de Nariño a una figura cercana a sus
ideas políticas o a un político de probada lealtad. Podría tratarse de Vargas Lleras, o en su defecto, el corrupto ex
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado o el mismísimo Carlos
Holmes Trujillo. Así, con la retoma del
poder, Uribe buscaría proponerle a las Farc una política de sometimiento,
anulando el documento con el que el Gobierno logró negociar el fin del
conflicto armado con esa guerrilla. El otro camino posible es extender en el tiempo el conflicto armado hasta
conseguir la victoria militar.
La campaña de 2018 que adelantó el triunfo del NO,
si bien tiene a las Farc nuevamente como protagonista, existe una enorme
diferencia con anteriores escenarios electorales en donde la pregunta giraba en
torno a qué hacer con las Farc: continuar golpeándolas militar y políticamente,
u ofrecerles una negociación política. La campaña electoral de 2018 girará en
torno a si el país debe implementar y de qué forma lo acordado en La Habana y
ratificado en Cartagena entre Santos y la dirigencia fariana. Y para el caso
del proceso de paz con el ELN, la campaña electoral girará en torno a si se mantiene
la fase pública y el sentido de la negociación tal y como quedó previsto en lo
acordado entre el COCE y el Gobierno de
Juan Manuel Santos, o si definitivamente se rompe esa posibilidad de negociar
con esta esquiva y dogmática guerrilla.
Es claro que la Mesa de Diálogo instalada en Cuba
leerá las propuestas de ajustes entregadas por el Centro Democrático, representantes de iglesias cristianas y las
que entregaron la ex ministra de la Defensa, Martha Lucía Ramírez y el
clientelista, Alejandro Ordóñez Maldonado. Como también es claro que los
ajustes no serán sustanciales. Por el contrario, se espera que se hagan
precisiones en temas y asuntos que Uribe y su jefe de campaña, Juan Carlos
Vélez Uribe tergiversaron y manipularon, como la ideología de género. Pero los
cambios que el latifundista, ganadero y
senador exige que se hagan a los puntos de Participación Política, Reforma
Agraria Integral y Jurisdicción Especial para la Paz, lo más seguro es que no
sean atendidos por los negociadores del Gobierno y de las Farc.
Así las cosas, el “nuevo y ajustado” Acuerdo
Final deberá estar listo para antes de finalizar el 2016. Santos y las Farc
saben de los riesgos que traería dejar que el año termine, sin definir el
proceso de implementación de lo acordado entre las partes.
Después de que esto ocurra, a Uribe y al Centro
Democrático no le quedará otro camino que esperar hasta el 2018 para tratar de
impedir la implementación del Acuerdo Final o de anular jurídicamente lo
pactado en La Habana. A partir de ese momento, los niveles de polarización y
crispación de la opinión pública muy seguramente aumentarán, lo que bien puede
hacer que las elecciones de 2018, por lo menos desde el punto de vista
discursivo, sea la más violentas que el país haya vivido en los últimos tiempos. No se
descarta que los paramilitares, aupados por narcos y clase dirigente, operen
para intentar desestabilizar el orden establecido.
Desde ya Uribe buscará candidatos y alianzas con
sectores de la Derecha y la ultraderecha, dispuestos a evitar la implementación
del Acuerdo Final, especialmente en lo que tiene que ver con la transformación
del campo, tal y como se prevé en lo acordado.
En 2018 los colombianos veremos una campaña
electoral que ya no girará en torno a la guerra, sino que redundará en torno a
qué tipo de paz y de posconflicto dejará construir esa parte del
Establecimiento que le apostó al NO y que nuevamente dejará en manos de Uribe
el proyecto neoconservador, violento y poco garantista que les dio resultado
entre el 2002 y 2010. Veremos un país dividido en torno a mantener la seguridad
alimentaria de la Nación, asegurando tierras y una vida digna para nuestros
campesinos, o por el contrario, veremos a una pequeña parte del país que buscará
debilitarla por cuenta del modelo de plantación, y las actividades agroindustriales, la importación de alimentos y la ganadería extensiva que
defiende el ganadero y ex presidente, Álvaro Uribe Vélez.
Si bien, quienes votaron por el NO, por odio a
las Farc, le negaron al país y a Santos la oportunidad de “enterrar”
políticamente al montaraz y combativo latifundista, tendrán la oportunidad en
las elecciones de 2018, de coadyuvar a
derrotar electoralmente a ese dañino líder político y a su pernicioso proyecto
político.
Imagen tomada de Semana.com
2 comentarios:
Bienvenidos los Acuerdos y el Dialogo,la participacion Democratica para todos, inclusive para los que quieren preferencias en todo los niveles,el Pais ya Cambio !!!
Más allá de luchas ideológicas, debe estar el compromiso ético y moral de asegurar condiciones de vida digna para todos los que ocupamos este territorio. Quienes tengan como objetivo político alcanzar el poder, deberían guiar sus proyectos hacia la consolidación de un Estado legítimo y de una Nación respetuosa de la siempre frágil y contradictoria condición humana. Lo demás, será el simple ejercicio del poder para saciar apetitos burocráticos o para dar rienda suelta a ese carácter megalómano que exhiben dirigentes políticos, líderes de organizaciones de la sociedad civil y mandatarios (locales, regionales y nacionales), entre otros.
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