Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El apretado triunfo del NO, aquel domingo 2 de octubre, dejó a Uribe
Vélez, el latifundista, ganadero y senador de la República, como el líder de
los seis millones largos de colombianos que dijeron NO a la refrendación del
Acuerdo Final firmado en La Habana y ratificado en Cartagena.
Son varios los factores sociales, mediáticos y políticos que confluyen
y hacen posible que hoy, a pesar de su cuestionada administración por la violación
de los derechos humanos[1] y la evidente
corrupción[2] que aupó, su liderazgo
le alcance para erigirse como el gran obstáculo para que el Gobierno pueda
implementar el Acuerdo Final.
Su liderazgo, dañino y negativo para el país, está soportado en el
miedo que genera en ciertos círculos sociales y políticos. Igualmente, su
vigencia política[3]
se mantiene gracias a que los Noticieros privados de televisión, en particular
el Noticiero RCN[4], y en general el periodismo colombiano, ven en
él a un generador de noticias por su combativo
y recio carácter. Hay que decir también, que subsiste en los periodistas[5] colombianos una
extraña admiración por Uribe[6], a pesar de que
durante los 8 años de mandato los intimidó e irrespetó.
A todos estos elementos se suma la falta de carácter del Presidente del
Congreso para defender la causa de la Paz, así como la debilidad de la
izquierda democrática para confrontar sus tesis y maniobras dilatorias. No
existe en el país un líder combativo capaz de confrontar al Ganadero cada que
desea referirse a un tema o asunto público. La decencia del presidente Santos y
su respeto por la institucionalidad también juegan a favor del montaraz y
cerril latifundista[7],
que aprovecha para consolidarse como el líder del NO y interponerse a la Paz,
cual mula muerta, atravesada en el ya trazado camino hacia la reconciliación
entre los colombianos.
Al leer sus propuestas para “ajustar” el Acuerdo Final, la conclusión
es una sola: Uribe busca dilatar[8] la implementación de
lo acordado entre el Gobierno de Santos y las Farc. Y lo hace, exigiendo cambios estructurales en
el documento firmado por las partes que negociaron en La Habana el fin del
conflicto armado.
Es muy difícil que las Farc y el propio Gobierno acepten modificar el
sentido y la estructura jurídica misma de la Jurisdicción Especial de Paz. Se
trata, ni más ni menos, de cambios estructurales que claramente buscan
beneficiar a los militares y sectores de poder económico y político que Uribe[9] Vélez desea proteger,
porque al hacerlo, él mismo logra blindarse ante cualquier versión que quiera
lanzar un militar o un líder político y que enlode, aún más, su imagen.
Después de entregadas sus exigencias de cambio, el ex presidente
propone la creación de una “Mesa Técnica” que de forma paralela asuma la
discusión de las objeciones que el Gobierno recogió del Centro Democrático, de
grupos de cristianos, del ladino y corrupto ex Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordóñez Maldonado[10] y de la ex ministra
de la Defensa, Martha Lucía Ramírez.
Si las Farc y el Gobierno de Santos deciden aceptar la propuesta de
crear esa “Mesa Técnica”, cometerían un enorme error político. Sería abrir la
posibilidad para que Uribe o quien él delegue, funjan en adelante como
negociadores, anulando lo actuado por los plenipotenciarios que el Gobierno,
como las Farc, autorizaron para adelantar la negociación.
Lo sucedido con la fallida reunión entre miembros del Centro
Democrático (CD) y el asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, expone
claramente las enormes dificultades por las que atraviesa el Proceso de Paz. Y
no se trata de buscar acercamientos entre los líderes políticos de las Farc y
del Centro Democrático.
Considero innecesario y poco probable que se dé dicho encuentro. Y más
allá del interés de algunos Medios y periodistas que esperan con ansia dicho
encuentro, está el mantenimiento de las condiciones en las que se desarrolló la
negociación política entre el Gobierno y las Farc. Condiciones que claramente
cambiarían si se le da un lugar en la Mesa al senador Uribe y a sus
particulares intereses.
Las objeciones y propuestas de ajuste al Acuerdo Final deben discutirse
en el escenario natural creado: la Mesa de Negociación de La Habana. Allí, los
equipos negociadores del Gobierno y de la guerrilla de las Farc deben decidir
si reforman o no el documento que sostiene el Acuerdo Final.
Insisto, abrir una Mesa paralela a la ya existente en La Habana,
desconocería el proceso de negociación y lo acordado. La búsqueda de un
Consenso Nacional en torno al Acuerdo Final, forzado por los resultados del 2
de octubre, no puede convertirse en la oportunidad que sectores afectos a Uribe
buscan para llevar al escenario electoral de 2018, la discusión sobre la
viabilidad jurídica y política del Acuerdo Final.
Adenda: a Uribe le interesa el modelo de plantación, la agroindustria,
la ganadería extensiva y en general, la acción empresarial rural, con la que es
posible concentrar aún más la propiedad de la tierra en pocas manos y debilitar
la producción campesina de alimentos. Claramente, el modelo de la plantación y
la agroindustria y la ganadería, afectan la seguridad alimentaria que genera el
modelo de producción a pequeña escala. He allí la naturaleza agraria del
conflicto armado interno.
Imagen tomada de kienke.com
[1]
Véanse: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/05/condenar-uribe-imperativo-moral-para.html
y http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/02/por-que-no-cae-uribe-velez.html
[5] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2012/05/entrevistar-uribe-un-reto-cultural-para.html
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