Por Germán Ayala Osorio
Con la puesta en evidencia de la cooptación del Estado y de gran parte de la sociedad civil, por parte del fenómeno paramilitar, se destapan actitudes y propuestas que guardan simpatías y se acercan programáticamente al proyecto de extrema derecha que encarnan las AUC y que siguen quienes hoy desestiman la crisis por la que atraviesa el Gobierno nacional y las instituciones públicas.
En estos tiempos agitados y de evidente crisis de gobernabilidad y legitimidad, se desnudan fascistas con tal facilidad, que la adormecida sociedad civil colombiana apenas si alcanza a percibir los aromas guerreristas de quienes, sin duda, se han convertido en testaferros ideológicos del paramilitarismo, bien por omisión o por acción.
Es en ese contexto que se entiende la columna de Alfredo Rangel, intitulada Al fondo del caso Yidis, publicada en el diario EL TIEMPO recientemente. No se puede pasar por alto lo enunciado por Rangel, quien funge como director de la Fundación Seguridad y Democracia.
En estos tiempos agitados y de evidente crisis de gobernabilidad y legitimidad, se desnudan fascistas con tal facilidad, que la adormecida sociedad civil colombiana apenas si alcanza a percibir los aromas guerreristas de quienes, sin duda, se han convertido en testaferros ideológicos del paramilitarismo, bien por omisión o por acción.
Es en ese contexto que se entiende la columna de Alfredo Rangel, intitulada Al fondo del caso Yidis, publicada en el diario EL TIEMPO recientemente. No se puede pasar por alto lo enunciado por Rangel, quien funge como director de la Fundación Seguridad y Democracia.
El columnista de EL TIEMPO dijo: “Más allá de la casuística y de los cruces de dimes y diretes en que inevitablemente se convierte un caso como el de Yidis Medina, su autoacusación es una oportunidad para analizar algunos temas de fondo: los límites entre la transacción política y el cohecho, la frontera entre la protección de las fuentes y la complicidad con el delito, y los intereses ocultos detrás de la actual explosión de demandas y provocación de escándalos contra personas relacionadas con el Gobierno Nacional. En estos tiempos tan agitados y sobre todo ante la presencia de un crimen, creo que va siendo hora de revisar el decimonónico carácter absoluto y ponerle ciertos límites al secreto de la confesión religiosa, a la reserva médica y a la protección de las fuentes periodísticas.”[1]
Ponerle límites a la protección de la fuente periodística es una apuesta premoderna propia de quienes comparten que la prensa debe estar al servicio del poder político y económico, por encima del carácter liberal -y liberador- con el cual se entiende -y debe entenderse- el ejercicio del periodismo.
Ya bastante tenemos con una prensa maniatada por su propia incapacidad e interés por profundizar en las causas que nos llevaron a la actual crisis moral y ética del ejercicio de la política en Colombia.
Es suficiente con el carácter corporativo con el cual el periodismo colombiano aborda los hechos, en un entorno naturalmente turbulento como el nuestro. Qué más podemos esperar de la prensa, cuando los criterios de noticiabilidad se aplican de forma acomodaticia y en muchos casos, con un afán económico que se traduce en la comercialización de la noticia y por lo tanto, de los hechos noticiables y noticiosos.
La autocensura -y la censura no declarada- son ya límites que la prensa y los periodistas colombianos promulgaron, crearon y aceptaron, y con los cuales se generó el unanimismo ideológico y político que se respira en Colombia desde 2002.
Pero una cosa es que hoy tengamos un periodismo atemorizado, amañado y con pocas posibilidades de enfrentar a un gobierno abiertamente ilegal e ilegítimo como el de Uribe Vélez, y otra muy distinta aceptar que se le despoje de una de las armas con las cuales puede defenderse de futuras arbitrariedades del poder político, social y económico que encarna el proyecto paramilitar.
De hacerse realidad la propuesta del columnista de EL TIEMPO, tendríamos el resurgimiento de Tomás de Torquemada. Bienvenida entonces la inquisición uribista-rangelista. Hay que preparar desde ya el titular de primera página, pero antes, la carta de aceptación con el sello indeleble de nuestro Torquemada posmoderno.
La propuesta de Rangel acompaña la razón de ser de proyectos militaristas y dictatoriales como los de Pinochet Ugarte en Chile, de Strossner, en Paraguay y de Videla, y sus secuaces, en Argentina.
Quizás muchos creerán que Colombia debe transitar los caminos que dichos pueblos suramericanos recorrieron con dolor, y del cual apenas si han alcanzado a reponerse. Es probable que con la entronización del proyecto y del fenómeno paramilitar, Colombia empiece a recorrer los senderos del terror trazados por los dictadores de marras. Quizás Rangel extrañe lo más parecido que hemos tenido a un régimen de terror al mejor estilo de los que vivieron países del Cono sur: el gobierno de Turbay Ayala.
Por fortuna Daniel Samper Pizano dedicó su columna en EL TIEMPO, a la propuesta de Rangel. Señaló el periodista que “en otras palabras, que, a conveniencia del interesado de turno, pueda obligarse a un cura a divulgar los pecados de quien pasó por el confesionario, a un médico las circunstancias en que atendió a un paciente y a un periodista la identidad de una fuente. Por esa vía podría aconsejarse la liquidación del secreto profesional del abogado, la reserva del sumario y derechos elementales como recibir asistencia jurídica o no denunciar a los familiares más cercanos. Ya que los tiempos andan "tan agitados" (hace poco Rangel daba a entender lo contrario), también podría parecer un poco decimonónico el hábeas corpus y no estaría mal acabar de una vez con él. De pronto hasta podríamos copiar la doctrina de Bush, que autoriza torturas y permite detenciones en condiciones inhumanas. Lo que falta es imaginación, señores...”[2]
Así, con propuestas audaces y temerarias como la que hoy nos ocupa en esta columna, va tomando fuerza un ideal de país que muchos colombianos comparten; y que se traduce en un régimen político criminal, que con funda democrática, confunde a propios y a extraños.
El miedo a las libertades ciudadanas, al pensamiento plural y libre y a la separación de poderes, es propio de quienes creen ser los ‘elegidos’(Mesías) para gobernar y disponer de las vidas de sus congéneres. Construirse en libertad es difícil, de ahí que sean mayoría quienes ven en los controles y en el panóptico óptimas circunstancias para vivir en democracia.
1 comentario:
Gracias profesor por esas reflexiones que nos permiten ver un poco más allá.
Yulie Lozada
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