Por Germán Ayala Osorio
La insistencia de Uribe de reelegir su política de seguridad democrática significa, en términos de libertad de prensa, que debe perpetuarse la persecución, la amenaza, la intimidación, la presión, la cooptación y finalmente, el sometimiento de la prensa a los caprichos y mezquinos intereses de la Casa de Nariño.
Los últimos episodios señalan que a Uribe, a José Obdulio y al mismo periodista César Mauricio Velásquez les molesta el ejercicio libre, crítico, autónomo y libertario de los pocos periodistas que pueden hoy en Colombia informar y opinar sin seguir las pautas y los guiones que les mandan desde la Casa de Nariño. El odio visceral contra Holmann Morris y la desconfianza que le generan periodistas y medios alternativos, por ejemplo aquellos asociados al Tejido de Comunicación de la ACIN, son expresiones peligrosas e inconvenientes de un Mandatario que está al frente de un régimen democrático que le obliga a respetar a la prensa, la opinión divergente y la pluralidad.
Las exhortaciones que de tiempo atrás viene haciendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresan la preocupación que existe a nivel internacional por lo que está pasando en Colombia con la libertad de prensa. Curioso que este asunto no sea materia de debate en las Universidades y entre los propios medios y periodistas colombianos. La razón es una sola: el país está polarizado y esto incluye a los académicos y a los periodistas.
Veamos apartes del comunicado enviado por “el Relator de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Catalina Botero: en los últimos años, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA han manifestado reiteradamente su preocupación por los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado colombiano contra organizaciones de derechos humanos y periodistas críticos del gobierno. En 2004, con ocasión de su visita oficial para evaluar la situación de la libertad de expresión en Colombia, el relator de la ONU exhortó al gobierno, “a adoptar medidas concretas para evitar la estigmatización, especialmente por parte de sus altos funcionarios y la polarización de opiniones, dos elementos que envician el debate político y menoscaban el ejercicio del pluralismo” (E/CN.4/2005/64/Add.3). En 2005, el relator de la OEA, luego de tomar nota sobre las declaraciones de altos funcionarios estatales que estigmatizaban a defensores de derechos humanos y periodistas críticos del gobierno, señaló que, “visiones excluyentes de este tipo generan una gran desconfianza y una actitud polarizante que no contribuye a la creación de un entorno que permita el desarrollo de la libertad de expresión” (OEA/Ser/L/V/II. Doc.51). Tal como lo ha señalado la CIDH, este tipo de señalamientos no sólo incrementa el riesgo al cual se ven sujetos quienes ejercen la actividad periodística o defienden los derechos humanos, “sino que podría sugerir además que los actos de violencia destinados a acallarlos de alguna forma cuentan con la aquiescencia del gobierno” (OEA/Ser.L/V/II/122. Doc.5 rev.1).
En la presente oportunidad, La Rue y Botero reiteraron las recomendaciones de sus predecesores frente a la existencia de declaraciones de las más altas autoridades del gobierno, “que ponen en mayor riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas y defensores de derechos humanos, y que generan un efecto amedrentador y de autocensura en Colombia”. Los relatores señalaron que los funcionarios públicos, especialmente los que ocupan las más altas posiciones del Estado, tienen el deber de respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones. En este sentido, deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.
Finalmente, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA recordaron al Estado colombiano la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en particular, de quienes se encuentran en situación de riesgo extraordinario, como los periodistas o defensores de derechos humanos que han sido objeto de amenazas o que cuentan con medidas de protección. En estos casos, ‘el Estado no sólo debe ejercer diligentemente su deber de garantía, sino que tiene que evitar incrementar el nivel de riesgo al cual estas personas se encuentran expuestas. Recordamos una vez más al Estado colombiano que los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y generen un ambiente de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país. Esta obligación es particularmente importante en un contexto de polarización y conflicto armado interno como el colombiano’”.
Los últimos episodios señalan que a Uribe, a José Obdulio y al mismo periodista César Mauricio Velásquez les molesta el ejercicio libre, crítico, autónomo y libertario de los pocos periodistas que pueden hoy en Colombia informar y opinar sin seguir las pautas y los guiones que les mandan desde la Casa de Nariño. El odio visceral contra Holmann Morris y la desconfianza que le generan periodistas y medios alternativos, por ejemplo aquellos asociados al Tejido de Comunicación de la ACIN, son expresiones peligrosas e inconvenientes de un Mandatario que está al frente de un régimen democrático que le obliga a respetar a la prensa, la opinión divergente y la pluralidad.
Las exhortaciones que de tiempo atrás viene haciendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresan la preocupación que existe a nivel internacional por lo que está pasando en Colombia con la libertad de prensa. Curioso que este asunto no sea materia de debate en las Universidades y entre los propios medios y periodistas colombianos. La razón es una sola: el país está polarizado y esto incluye a los académicos y a los periodistas.
Veamos apartes del comunicado enviado por “el Relator de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Catalina Botero: en los últimos años, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA han manifestado reiteradamente su preocupación por los señalamientos por parte de altos funcionarios del Estado colombiano contra organizaciones de derechos humanos y periodistas críticos del gobierno. En 2004, con ocasión de su visita oficial para evaluar la situación de la libertad de expresión en Colombia, el relator de la ONU exhortó al gobierno, “a adoptar medidas concretas para evitar la estigmatización, especialmente por parte de sus altos funcionarios y la polarización de opiniones, dos elementos que envician el debate político y menoscaban el ejercicio del pluralismo” (E/CN.4/2005/64/Add.3). En 2005, el relator de la OEA, luego de tomar nota sobre las declaraciones de altos funcionarios estatales que estigmatizaban a defensores de derechos humanos y periodistas críticos del gobierno, señaló que, “visiones excluyentes de este tipo generan una gran desconfianza y una actitud polarizante que no contribuye a la creación de un entorno que permita el desarrollo de la libertad de expresión” (OEA/Ser/L/V/II. Doc.51). Tal como lo ha señalado la CIDH, este tipo de señalamientos no sólo incrementa el riesgo al cual se ven sujetos quienes ejercen la actividad periodística o defienden los derechos humanos, “sino que podría sugerir además que los actos de violencia destinados a acallarlos de alguna forma cuentan con la aquiescencia del gobierno” (OEA/Ser.L/V/II/122. Doc.5 rev.1).
En la presente oportunidad, La Rue y Botero reiteraron las recomendaciones de sus predecesores frente a la existencia de declaraciones de las más altas autoridades del gobierno, “que ponen en mayor riesgo la vida y la integridad personal de los periodistas y defensores de derechos humanos, y que generan un efecto amedrentador y de autocensura en Colombia”. Los relatores señalaron que los funcionarios públicos, especialmente los que ocupan las más altas posiciones del Estado, tienen el deber de respetar la circulación de informaciones y opiniones, incluso, cuando éstas son contrarias a sus intereses y posiciones. En este sentido, deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.
Finalmente, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA recordaron al Estado colombiano la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas y, en particular, de quienes se encuentran en situación de riesgo extraordinario, como los periodistas o defensores de derechos humanos que han sido objeto de amenazas o que cuentan con medidas de protección. En estos casos, ‘el Estado no sólo debe ejercer diligentemente su deber de garantía, sino que tiene que evitar incrementar el nivel de riesgo al cual estas personas se encuentran expuestas. Recordamos una vez más al Estado colombiano que los altos funcionarios del gobierno deben abstenerse de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos y generen un ambiente de intimidación que afecte la libertad de expresión en el país. Esta obligación es particularmente importante en un contexto de polarización y conflicto armado interno como el colombiano’”.
El comunicado de Presidencia no responde directamente a las condiciones en las que hoy se informa en Colombia y menos aún hace referencia a lo expresado por los Relatores en torno a este delicado tema. Veamos apartes de la respuesta gubernamental: “Sorprende la rapidez con la cual se expide un comunicado rechazando las declaraciones del Gobierno, sin hacer referencia a elementos objetivos que generan serias dudas sobre el proceder profesional del periodista Hollman Morris. En ningún lugar del comunicado expedido los relatores hacen referencia a las condiciones de sometimiento e indefensión en las que se encontraban los secuestrados mientras se realizaba el reportaje. No se puede ignorar una situación en la que se atenta contra el derecho a la vida, a la libertad y a la libertad de expresión.
El Gobierno pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la regulación de las medidas cautelares del periodista Hollman Morris, para ajustarlas al deber de protección consagrado por la Corte Constitucional. El señor Morris, a pesar de alegar riesgo extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo, sin informar al Estado, del cual demanda protección.”
Lo cierto es que desde 2002 se viene construyendo un sombrío panorama en torno a las libertades de prensa y expresión. Es evidente la molestia que genera en las huestes del Gobierno Uribe escuchar voces divergentes en contra de su estrecha concepción de la seguridad, de la corrupción y el clientelismo que corren por los pasillos de Palacio y porque dichas voces se alejan del creciente unanimismo mediático, político e ideológico que se respira en Colombia.
La cooptación de medios como RCN, Caracol, EL TIEMPO, Revista CAMBIO, CM&, y en la radio, La FM y la W, entre otros, es la expresión máxima del control que desde 2002 el Gobierno viene ejerciendo sobre la prensa. También expresa las simpatías de periodistas, editores, directores y propietarios de las empresas mediáticas hacia el Presidente, hacia el proyecto de derecha que él encarna, lo que ha convertido a la prensa en un apéndice de la Oficina de Prensa de Palacio y a los periodistas en amanuenses. Al final, unos y otros conviven en un tenebroso contubernio y connubio que tiene hoy en crisis al periodismo colombiano y a unas audiencias ‘encantadas’ y ‘embobadas’, que no atinan a descubrir los alcances de un régimen de terror que se viene consolidando desde 2002.
Los periodistas que se prestan al juego del Gobierno Uribe seguramente leen, todos los días y antes de informar, un párrafo clave de la política de defensa y seguridad democrática que señala: “El Estado promoverá y respaldará la reflexión por parte de los periodistas y de los medios acerca de cuál debe ser su papel en una democracia en peligro: si sus prácticas periodísticas respaldan los valores democráticos, qué fuentes de información legitiman y cuáles son los efectos del lenguaje que utilizan.” ¿Será que hoy la autocensura y la censura deben considerarse como máximos valores democráticos?
1 comentario:
En ese de la política de "seguridad democrática" esta claramente sensurada cualquier tipo de información que no sea legitimada por el gobierno... y pues la prensa alternativa es uan alternativa bastante peligrosa para los periodistas colombianos....
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