Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La muerte de un ser humano debería ser recibida, siempre, como una tragedia. De hecho lo es, pero la propia inercia de las múltiples violencias colombianas nos va ‘acostumbrando’ a ver y oír cómo nos desangramos sin que ello nos conmueva. También juega un papel clave en la invisibilidad de lo que pasa en Colombia, el silencio, la inacción de varias instituciones del Estado que intentan dejar la muerte de ciertos colombianos ‘incómodos’ para el gobierno de Uribe o para terratenientes de vieja data, o para narcos, guerrilleros y paracos en la más completa penumbra.
Bueno, en lo corrido de este 2009 han sido asesinados- sin que hasta el momento haya un solo detenido por estos hechos- 67 indígenas, según lo denuncia la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Las desapariciones programadas y sistemáticas hacen parte del terror con el cual el Estado colombiano ha intentado borrar del mapa a todos aquellos grupos humanos que en algún momento histórico, le resultan ‘incómodos’ a un gobierno en particular. Baste con recordar al gobierno de Julio César Turbay Ayala, quien con la aplicación del Estatuto de Seguridad, violó los derechos humanos, a través de prácticas como la desaparición, el homicidio, la intimidación y la tortura.
En las dos administraciones de Uribe el ambiente de terror no ha disminuido, en especial en lo que tiene que ver con la vida de los pueblos indígenas, especialmente, del pueblo Nasa, asentado en el Cauca, departamento históricamente administrado y operado por una clase política que profesa un especial odio contra las comunidades indígenas, que de tiempo atrás mantienen una lucha para que les reconozcan sus derechos, pero especialmente, luchan para que les respeten su autonomía territorial, sus territorios y cosmovisión, violados no sólo por el propio Estado, sino por paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes.
Es evidente la despreocupación o el desinterés de este gobierno por el asunto indígena y por los muertos que a diario se producen por robos, atracos, y los que resultan por una descomposición social que se hace evidente a lo largo y ancho de nuestras ciudades y pueblos. Pero los 67 indígenas no cuentan porque detrás de esas muertes está un proyecto de desarrollo en el cual hay intereses de empresas privadas del orden nacional e internacional, que apoyan la sistemática desaparición de estos ‘incómodos’ ciudadanos colombianos asentados en territorios en donde hay especiales recursos como la minería, el agua y la biodiversidad, entre otros.
Con el silencio de las autoridades políticas y judiciales del departamento del Cauca, de sus fuerzas vivas, y peor aún, con el silencio del alto gobierno nacional por la sistemática persecución de líderes y comuneros indígenas, se va reconstruyendo un viejo imaginario que se expresa así: ¡cazar indígenas es una actividad legal!
Lo que viene sucediendo en el Cauca con los Nasa y con otros pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas asentados, por ejemplo, a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico, es una verdadera cacería de la cual el Estado colombiano y en particular el gobierno de Uribe, son responsables por acción y por omisión.
Quienes ven lejano este asunto deben tener en cuenta que, en cualquier momento y por disímiles razones, también pueden ser cazados porque para alguien pueden resultar ‘incómodos’. Muy seguramente, si es reelegida la política de seguridad democrática, la cacería continuará. Amanecerá y veremos.
La muerte de un ser humano debería ser recibida, siempre, como una tragedia. De hecho lo es, pero la propia inercia de las múltiples violencias colombianas nos va ‘acostumbrando’ a ver y oír cómo nos desangramos sin que ello nos conmueva. También juega un papel clave en la invisibilidad de lo que pasa en Colombia, el silencio, la inacción de varias instituciones del Estado que intentan dejar la muerte de ciertos colombianos ‘incómodos’ para el gobierno de Uribe o para terratenientes de vieja data, o para narcos, guerrilleros y paracos en la más completa penumbra.
Bueno, en lo corrido de este 2009 han sido asesinados- sin que hasta el momento haya un solo detenido por estos hechos- 67 indígenas, según lo denuncia la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Las desapariciones programadas y sistemáticas hacen parte del terror con el cual el Estado colombiano ha intentado borrar del mapa a todos aquellos grupos humanos que en algún momento histórico, le resultan ‘incómodos’ a un gobierno en particular. Baste con recordar al gobierno de Julio César Turbay Ayala, quien con la aplicación del Estatuto de Seguridad, violó los derechos humanos, a través de prácticas como la desaparición, el homicidio, la intimidación y la tortura.
En las dos administraciones de Uribe el ambiente de terror no ha disminuido, en especial en lo que tiene que ver con la vida de los pueblos indígenas, especialmente, del pueblo Nasa, asentado en el Cauca, departamento históricamente administrado y operado por una clase política que profesa un especial odio contra las comunidades indígenas, que de tiempo atrás mantienen una lucha para que les reconozcan sus derechos, pero especialmente, luchan para que les respeten su autonomía territorial, sus territorios y cosmovisión, violados no sólo por el propio Estado, sino por paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes.
Es evidente la despreocupación o el desinterés de este gobierno por el asunto indígena y por los muertos que a diario se producen por robos, atracos, y los que resultan por una descomposición social que se hace evidente a lo largo y ancho de nuestras ciudades y pueblos. Pero los 67 indígenas no cuentan porque detrás de esas muertes está un proyecto de desarrollo en el cual hay intereses de empresas privadas del orden nacional e internacional, que apoyan la sistemática desaparición de estos ‘incómodos’ ciudadanos colombianos asentados en territorios en donde hay especiales recursos como la minería, el agua y la biodiversidad, entre otros.
Con el silencio de las autoridades políticas y judiciales del departamento del Cauca, de sus fuerzas vivas, y peor aún, con el silencio del alto gobierno nacional por la sistemática persecución de líderes y comuneros indígenas, se va reconstruyendo un viejo imaginario que se expresa así: ¡cazar indígenas es una actividad legal!
Lo que viene sucediendo en el Cauca con los Nasa y con otros pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas asentados, por ejemplo, a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico, es una verdadera cacería de la cual el Estado colombiano y en particular el gobierno de Uribe, son responsables por acción y por omisión.
Quienes ven lejano este asunto deben tener en cuenta que, en cualquier momento y por disímiles razones, también pueden ser cazados porque para alguien pueden resultar ‘incómodos’. Muy seguramente, si es reelegida la política de seguridad democrática, la cacería continuará. Amanecerá y veremos.
3 comentarios:
El informe que rindió Amnistía Internacional el 10 de diciembre pasado y del cual fui una de las voceras en New York, dejó sentados los precedentes sobre como la influencia de los diferentes actores armados, en especial las AUC en territorios indígenas de comunidades como los Embera Catíos, los Awa y los naza, entre otros, generaba no sólo desplazamiento,sino que además por los multiples enfrentamientos entre dichos actores y la llamada práctica de sitio que consiste en crear un anillo de bloqueo a los alrededores de éstas comunidades, impidiendoles la salida de sus productos de cultivo, el trueque entre comunidades circunvecinas y la llegada de provisiones, ha sometido a los sujetos más indefensos de estas minorías étnicas como son los ancianos y los niños a unas terribles hambrunas.
Los altos niveles de desnutrición y el hambre han llevado a la muerte a muchos de ellos. Más de lo que reportan las frías y mentirosas cifras estatales del mal llamado Ministerio de protección social.
Sin embargo, lo que siempre quisimos hacer que vislumbraran los diferentes organismos invitados al simposio fué cuál era el verdadero transfondo que se ocultaba tras la ineficacia estatal frente a un problema social de tal magnitud como bien lo señaló la OMS y la OPS. Y es que sin duda, la indiferencia evidenciada en la ausencia de políticas que coadyuven a la resolución real del problema, es una forma soterrada de erradicar a quienes tienen como ciudadanos incómodos ( y utilizo tu término porque me parece supremamente apropiado) con el fin de permitirle la apropiación de esos territorios abandonados a los modernos latifundistas, no sin razón Mancuso entre muchos otros es propietario de grandes extensiones de tierra arrebatada a sangre y fuego .
Esta estrategia moderna, pero que tiene sus orígenes en el antiguo Jerusalén, está haciendo lo mismo que Herodes para exterminar el problema de raíz asesinando a todo primogénito hijo de cristiano. Razón por la cual atacan a los niños que son quienes le pueden dar continuidad a su etnia y a los ancianos que son la base fundamental de las tradiciones a través de las cuales pueden como comunidad mantener su identidad.
Bueno compañerito seguimos habland
Un abrazo respetuoso.
Liliana H
Hola Germán
Gracias por compartir tus interesantes reflexiones. Te envío el microcurriculo solicitado.
Cordial saludo
Alicia
Germán, leí tu reflexión y me gustaría poder conversar contigo sobre una apreciación que enuncias en ella y que estoy trabajando para mi propuesta de investigación del doctorado en sociología, que estoy haciendo en la U. de Zaragoza.
Un abrazo,
Claudia
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