Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El Estado debe ser, para los ciudadanos, un referente moral de especial significado, para que de alguna manera lo Público se aborde, se entienda o se defienda desde proyectos ético-políticos, individuales y colectivos, que aseguren no sólo la viabilidad del Estado, sino la generación de confianza de los ciudadanos en el propio Estado.
Cuando el Estado es responsable de delitos de lesa humanidad, de crímenes como la desaparición forzada, la tortura y en general de todo tipo de violaciones y afrentas contra el ser humano y la ciudadanía, la obligación de los gobiernos que representan y agencian los intereses del Estado, es, o debería ser, hacer ingentes esfuerzos en recuperar la confianza ciudadana en las instituciones estatales, en aras de que la moral del Estado no termine siendo un mal ejemplo para quienes de manera más o menos natural, han aceptado someterse al poder del Estado, de la ley.
Más allá de reconocer la responsabilidad del Estado colombiano en lo que tiene que ver con masacres, como la de Trujillo en el Valle del Cauca, de la cual el presidente Samper ofreció públicas disculpas a los familiares, por lo sucedido en aquel municipio, a raíz de la condena al Estado proferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que los gobiernos deberían hacer es, además de asegurar que eventos trágicos como estos no se vuelvan a presentar, es diseñar iniciativas educativas de amplia difusión en colegios y universidades, para que la historia de lo sucedido no se pierda o se desvirtúe en los discursos noticiosos de los medios masivos o quede sólo en la memoria adolorida de los familiares de las víctimas.
Ello ayudaría, en gran medida, a reconocer que el Estado colombiano está aún lejos de cumplir funciones modernas, justamente porque una de ellas, la del monopolio de la fuerza, ha sido esquiva históricamente, dejando en claro la debilidad del Estado nacional para garantizar la vida y honra de sus nacionales. Y a partir de allí, buscar que los ciudadanos entiendan que todos podemos ayudar a su fortalecimiento, actuando con referentes morales y éticos, que aseguren la vida, la tranquilidad y el desarrollo efectivo de los proyectos individuales y colectivos.
Debería también pensarse en el diseño de cátedras de derechos humanos para las escuelas de formación de cadetes de las fuerzas militares y de policía, de instructores y agentes del DAS y demás organismos de seguridad del Estado. Pero estos cursos no pueden entenderse como rellenos en la formación de estos servidores públicos, por el contrario, deben ir acompañadas de estrategias de evolución, control y seguimiento psicológico de quienes ingresan a dichas fuerzas. Acompañamiento del que deberían participar las propias universidades y otros actores de la sociedad civil, en aras de apoyar la formación integral de estos agentes estatales. No puede aceptarse que la condición natural para hacer parte de las fuerzas militares y de policía esté asociada a la falta de oportunidades de ciertos grupos sociales de donde suelen salir los candidatos a uniformarse, a enlistarse. E incluso, a bajos niveles de formación, como parece suceder con los miembros de la policía y del ejército, especialmente.
De igual manera, los gobiernos deberían hacer esfuerzos en publicitar los errores cometidos por el Estado, por acción u omisión, hasta lograr que las audiencias y la opinión pública en general, entronice las masacres y las desapariciones forzadas, entre otros delitos, para ver si de esta manera, el ciudadano colombiano empieza a valorar la necesidad de elegir a candidatos a la presidencia que ofrezcan dentro de sus proyectos de gobierno, estrategias claras para asegurar que quienes hagan parte del Estado, en especial como funcionarios de las fuerzas militares y de policía, obedezcan no sólo a la ley, sino a una férrea formación ética y moral, que coadyuve a que el Estado cumpla con funciones como garantizar la vida y el desarrollo en libertad de cada uno de sus asociados.
Eventos trágicos y dolorosos como el Palacio de Justicia, y masacres como la de Trujillo, Mapiripán, el Chengue, El Aro, el Nilo y Machuca, entre otras muchas más, no pueden quedarse como simples referentes en investigaciones de carácter judicial. Por ello se requiere que la justicia actúe y que no sólo se busque a los culpables de la muerte de Luis Carlos Galán, sino que se esclarezcan los móviles y los autores materiales de otros casos que aún siguen en la impunidad. Lo peor que le puede pasar al Estado es buscar afanosamente esclarecer un crimen porque existen razones de clase o de presión política que así lo exigen, y no el convencimiento de que la muerte violenta de un individuo debe ser esclarecida y castigados ejemplarmente los culpables.
Mostrar públicamente que hemos construido un Estado incapaz, irresponsable y moralmente inferior a sus asociados, puede abrir las puertas a una verdadera reconciliación entre todos nosotros.
El Estado debe ser, para los ciudadanos, un referente moral de especial significado, para que de alguna manera lo Público se aborde, se entienda o se defienda desde proyectos ético-políticos, individuales y colectivos, que aseguren no sólo la viabilidad del Estado, sino la generación de confianza de los ciudadanos en el propio Estado.
Cuando el Estado es responsable de delitos de lesa humanidad, de crímenes como la desaparición forzada, la tortura y en general de todo tipo de violaciones y afrentas contra el ser humano y la ciudadanía, la obligación de los gobiernos que representan y agencian los intereses del Estado, es, o debería ser, hacer ingentes esfuerzos en recuperar la confianza ciudadana en las instituciones estatales, en aras de que la moral del Estado no termine siendo un mal ejemplo para quienes de manera más o menos natural, han aceptado someterse al poder del Estado, de la ley.
Más allá de reconocer la responsabilidad del Estado colombiano en lo que tiene que ver con masacres, como la de Trujillo en el Valle del Cauca, de la cual el presidente Samper ofreció públicas disculpas a los familiares, por lo sucedido en aquel municipio, a raíz de la condena al Estado proferida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que los gobiernos deberían hacer es, además de asegurar que eventos trágicos como estos no se vuelvan a presentar, es diseñar iniciativas educativas de amplia difusión en colegios y universidades, para que la historia de lo sucedido no se pierda o se desvirtúe en los discursos noticiosos de los medios masivos o quede sólo en la memoria adolorida de los familiares de las víctimas.
Ello ayudaría, en gran medida, a reconocer que el Estado colombiano está aún lejos de cumplir funciones modernas, justamente porque una de ellas, la del monopolio de la fuerza, ha sido esquiva históricamente, dejando en claro la debilidad del Estado nacional para garantizar la vida y honra de sus nacionales. Y a partir de allí, buscar que los ciudadanos entiendan que todos podemos ayudar a su fortalecimiento, actuando con referentes morales y éticos, que aseguren la vida, la tranquilidad y el desarrollo efectivo de los proyectos individuales y colectivos.
Debería también pensarse en el diseño de cátedras de derechos humanos para las escuelas de formación de cadetes de las fuerzas militares y de policía, de instructores y agentes del DAS y demás organismos de seguridad del Estado. Pero estos cursos no pueden entenderse como rellenos en la formación de estos servidores públicos, por el contrario, deben ir acompañadas de estrategias de evolución, control y seguimiento psicológico de quienes ingresan a dichas fuerzas. Acompañamiento del que deberían participar las propias universidades y otros actores de la sociedad civil, en aras de apoyar la formación integral de estos agentes estatales. No puede aceptarse que la condición natural para hacer parte de las fuerzas militares y de policía esté asociada a la falta de oportunidades de ciertos grupos sociales de donde suelen salir los candidatos a uniformarse, a enlistarse. E incluso, a bajos niveles de formación, como parece suceder con los miembros de la policía y del ejército, especialmente.
De igual manera, los gobiernos deberían hacer esfuerzos en publicitar los errores cometidos por el Estado, por acción u omisión, hasta lograr que las audiencias y la opinión pública en general, entronice las masacres y las desapariciones forzadas, entre otros delitos, para ver si de esta manera, el ciudadano colombiano empieza a valorar la necesidad de elegir a candidatos a la presidencia que ofrezcan dentro de sus proyectos de gobierno, estrategias claras para asegurar que quienes hagan parte del Estado, en especial como funcionarios de las fuerzas militares y de policía, obedezcan no sólo a la ley, sino a una férrea formación ética y moral, que coadyuve a que el Estado cumpla con funciones como garantizar la vida y el desarrollo en libertad de cada uno de sus asociados.
Eventos trágicos y dolorosos como el Palacio de Justicia, y masacres como la de Trujillo, Mapiripán, el Chengue, El Aro, el Nilo y Machuca, entre otras muchas más, no pueden quedarse como simples referentes en investigaciones de carácter judicial. Por ello se requiere que la justicia actúe y que no sólo se busque a los culpables de la muerte de Luis Carlos Galán, sino que se esclarezcan los móviles y los autores materiales de otros casos que aún siguen en la impunidad. Lo peor que le puede pasar al Estado es buscar afanosamente esclarecer un crimen porque existen razones de clase o de presión política que así lo exigen, y no el convencimiento de que la muerte violenta de un individuo debe ser esclarecida y castigados ejemplarmente los culpables.
Mostrar públicamente que hemos construido un Estado incapaz, irresponsable y moralmente inferior a sus asociados, puede abrir las puertas a una verdadera reconciliación entre todos nosotros.
2 comentarios:
Profe, a mi lo que me parece más atroz es eso de los Falsos Positivos. Esa es una vaina macabra, ni en la dictadura de Argentina. Y el Ejército haciendo propagangas diciendo que dan la vida por el pueblo colombiano. Al contrario. Lo están matando.
Y dice Alfredo Molano en una entrevista que le hice para Gaceta, que en Colombia las autodefensas están más robustecidas, que se pasó de la masacre al asesinato aislado, de tiro, pero sistemático.
saludos
Santiago
Por otra parte, además de mi total respaldo a tu texto y a reenviarselo a unos amigos, creo que lo que debemos o deberíamos hacer es rechazar de manera pública y abierta cualquier mala actuación por parte tanto del Estado, como de sus funcionarios.
VJ
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