Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Al constituirse como apéndices de conglomerados económicos, e incluso, de corporaciones internacionales, las empresas mediáticas están entregando información contaminada, lo que perjudica en materia grave el ejercicio periodístico, lo que a su vez termina por deslegitimar el periodismo como oficio estratégico para el fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía.
La crisis del periodismo, en particular en Colombia, es total y evidente. Todos los días pierden, medios y periodistas, credibilidad por cuenta no sólo del evidente apego a los intereses económicos de los conglomerados que los sostienen, sino por la decisión política y editorial de acompañar ideológica y políticamente a Uribe, incluso, arrasando con la constitución y el estado social de derecho.
Así las cosas, es bueno pensar en posibles soluciones que pueden diseñarse para mitigar en algo, o enfrentar de manera certera y abierta, lo que sin duda termina por comprometer tanto la calidad de la democracia, como los criterios políticos de las audiencias, hoy víctimas de la información amañada y contaminada que están entregando los grandes medios masivos.
Quizás sea posible plantear que desde el Estado se agencien y se diseñen políticas públicas para el campo cultural, en las cuales se defina, por ejemplo, el apoyo económico estatal para fundar medios de comunicación, acompañamiento y asesoría para mantener a flote las nacientes empresas mediáticas y la garantía de que la entrega del espectro electromagnético se hará con base en criterios de calidad y no por la presión de poderosas corporaciones o conglomerados económicos. El proceso licitatorio y la adjudicación misma del tercer canal son una muestra de que hace falta una política pública de estado que enfrente el poder intimidatorio de los conglomerados interesados en hacerse con el tercer canal.
Se requiere, entonces, una política pública de Estado, blindada a gobiernos, que asegure, por ejemplo, el ejercicio de medios alternativos, que protegidos por el Estado, permita en algo garantizar pluralidad en la información que los colombianos están recibiendo. Es inaceptable que hoy apenas tengamos cuatro alternativas de información televisada nacional (Noticieros RCN, Caracol, CM& y Noticias UNO), con todos los riesgos que ello significa, especialmente si se reconoce que los noticieros RCN y Caracol acaparan el mayor números de televidentes, y son claramente medios afectos al gobierno de Uribe, lo que los hace amanuenses y estafetas del régimen uribista.
Para ello se requiere del diseño de una política cultural que para el caso de la información mediática, determine las obligaciones que debe asumir el Estado, para garantizar, entre otras cosas, que lo expresado en el artículo 20 de la Carta Política se cumpla. El mencionado artículo señala que: “Se garantiza a todas persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
Al constituirse como apéndices de conglomerados económicos, e incluso, de corporaciones internacionales, las empresas mediáticas están entregando información contaminada, lo que perjudica en materia grave el ejercicio periodístico, lo que a su vez termina por deslegitimar el periodismo como oficio estratégico para el fortalecimiento de la democracia y de la ciudadanía.
La crisis del periodismo, en particular en Colombia, es total y evidente. Todos los días pierden, medios y periodistas, credibilidad por cuenta no sólo del evidente apego a los intereses económicos de los conglomerados que los sostienen, sino por la decisión política y editorial de acompañar ideológica y políticamente a Uribe, incluso, arrasando con la constitución y el estado social de derecho.
Así las cosas, es bueno pensar en posibles soluciones que pueden diseñarse para mitigar en algo, o enfrentar de manera certera y abierta, lo que sin duda termina por comprometer tanto la calidad de la democracia, como los criterios políticos de las audiencias, hoy víctimas de la información amañada y contaminada que están entregando los grandes medios masivos.
Quizás sea posible plantear que desde el Estado se agencien y se diseñen políticas públicas para el campo cultural, en las cuales se defina, por ejemplo, el apoyo económico estatal para fundar medios de comunicación, acompañamiento y asesoría para mantener a flote las nacientes empresas mediáticas y la garantía de que la entrega del espectro electromagnético se hará con base en criterios de calidad y no por la presión de poderosas corporaciones o conglomerados económicos. El proceso licitatorio y la adjudicación misma del tercer canal son una muestra de que hace falta una política pública de estado que enfrente el poder intimidatorio de los conglomerados interesados en hacerse con el tercer canal.
Se requiere, entonces, una política pública de Estado, blindada a gobiernos, que asegure, por ejemplo, el ejercicio de medios alternativos, que protegidos por el Estado, permita en algo garantizar pluralidad en la información que los colombianos están recibiendo. Es inaceptable que hoy apenas tengamos cuatro alternativas de información televisada nacional (Noticieros RCN, Caracol, CM& y Noticias UNO), con todos los riesgos que ello significa, especialmente si se reconoce que los noticieros RCN y Caracol acaparan el mayor números de televidentes, y son claramente medios afectos al gobierno de Uribe, lo que los hace amanuenses y estafetas del régimen uribista.
Para ello se requiere del diseño de una política cultural que para el caso de la información mediática, determine las obligaciones que debe asumir el Estado, para garantizar, entre otras cosas, que lo expresado en el artículo 20 de la Carta Política se cumpla. El mencionado artículo señala que: “Se garantiza a todas persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
Pensar que el Estado patrocine y apoye la creación de medios masivos de comunicación en algo podría contrarrestar el daño que las empresas mediáticas privadas le están haciendo a las audiencias, a la democracia y al país mismo, al confundir el periodismo y la entrega de información, con el ejercicio propio de la propaganda. Es inaceptable que se continúe con la evidente cooptación de los medios privados, por vía de la amenaza (mantener frecuencias, pauta oficial, entre otras), o por la vía de los intereses económicos y políticos de los conglomerados, que hacen a un lado asuntos como la responsabilidad social y el derecho que tienen todos los ciudadanos de recibir información de calidad.
Para ello se requiere de gobiernos éticamente responsables y de una política de estado ejercida no desde los intereses clasistas y de reducidas elites. Es decir, se necesita de la de-construcción del concepto de Estado, de lo público, circunstancia que sin duda nos llevaría a repensar el tipo de orden social, político, económico y cultural que hemos ayudado a construir de tiempo atrás.
Una política pública cultural debe fincarse en los máximos intereses del Estado y de sus asociados. Dichos intereses deben ser agenciados por una sociedad civil cohesionada alrededor de un proyecto de país que no sólo dé cuenta de los elementos claves para concebir esos máximos intereses del Estado, sino que permita la inclusión de grandes mayorías. Finalmente, se requiere de un proyecto cultural soportado en que somos un país pluriétnico y multicultural.
Una política pública cultural, con énfasis en el ejercicio libre de la prensa, debe asegurar pluralidad y verdaderas alternativas para que los ciudadanos adquieran información y para que el periodismo, como oficio, pueda realizarse en condiciones dignas para el periodista, hoy presionado y amenazado tanto por las fuentes, por el Gobierno, por los grupos armados ilegales y claro, por el patrón (propietario del conglomerado económico) que determina no sólo su continuidad, sino que también define su nivel de independencia e incluso, su calidad de vida si miramos los bajos salarios que reciben los reporteros.
Las circunstancias históricas sobre las cuales se mantiene –e incluso se amplía– la ilegitimidad del Estado colombiano, son replicadas sin mayor análisis por la acción discursiva de unos medios masivos que amplifican el discurso oficial, que busca a toda costa naturalizar esas circunstancias, invisibilizando a los actores responsables de haberlas generado.
Nota: esta columna fue publicada en la revista CIERTO. http://www.revistacierto.com
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