25 AÑOS DESPUÉS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Por estos días los colombianos recordamos con estupor y tristeza lo sucedido hace 25 años, cuando militares y guerrilleros del M-19 se trenzaron en un fiero combate en el que ambos bandos resultaron perdedores।

El escenario escogido para el enfrentamiento armado y los resultados finales son la mejor expresión de lo que puede esperarse de un cuerpo armado, legal o ilegal: sevicia, irrespeto a la vida y a las instituciones democráticas y, por supuesto, al propio estado de derecho.

Por el lado del M-19 hay que decir que asesinó a civiles e irrespetó la dignidad de la Corte Suprema de Justicia de la época. Se alió con Pablo Escobar para atacar al Estado, en una acción criminal, e injustificada, que terminó por restarle aceptación social.

En cuanto al actuar del ejército, hay que decir que no sólo se extralimitó en la acción de la retoma, sino que por varias horas anuló la de por sí tímida autoridad del Presidente Betancur, un poeta perdido en los infames principios y postulados del poder político nacional.

La idea de democracia del entonces comandante del operativo, coronel Plazas Vega, uno de los responsables de la desaparición de 11 civiles que salieron vivos del Palacio, quedó expresada en la ya frase célebre del oficial de caballería: “manteniendo la democracia…”.

¿Realmente creía el oficial que la democracia estaba en riesgo con la acción criminal del M-19, o simplemente intentaba justificar una reacción militar desprovista de cualquier consideración alrededor de la protección de la vida de los civiles que quedaron atrapados en aquella batalla campal?

En el corto diálogo con periodistas, en los instantes mismos del operativo de retoma, Plazas Vega dijo desconocer quiénes estaban dentro del edificio, especialmente cuando se le preguntaba por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si desconocía la suerte de los civiles, ¿cómo pretendía mantener la democracia? Acaso la democracia para el alto oficial se reducía a la recuperación de un edificio. Parece que sí.

Hoy, 25 años después, la justicia continúa en deuda con el país, pero especialmente con las familias que sufrieron -y sufren aún- los rigores del enfrentamiento armado entre guerrilleros y militares, pero especialmente aquellas 11 familias que aún desconocen el paradero de sus parientes, de cuya suerte es responsable la cúpula militar que apoyó la idea y la decisión de recuperar el edificio a sangre y fuego.

Mientras se define la suerte de los procesados y más allá de la inseguridad jurídica y política que generaría desconocer el indulto dado a los militantes del M-19, lo sucedido debe servir para revisar varios asuntos: 1. El fuero presidencial. Es urgente reabrir el proceso jurídico y político contra el entonces Presidente de Colombia, por las responsabilidades asumidas por él durante la retoma del Palacio, en aras de iniciar el desmonte, o el desconocimiento de una dignidad que en Colombia ha servido para que varios Presidentes hayan salido ‘incólumes’ de decisiones irresponsables en materia económica (como la apertura económica), o de acciones criminales como tolerar el narcotráfico y la más reciente atrocidad cometida por agentes del Estado, directamente dependientes del fuero presidencial: seguimientos ilegales (‘chuzadas’ del DAS) y los crímenes de lesa humanidad (falsos positivos). 2. Insistir en conocer el paradero de los 11 civiles desparecidos. Es inaceptable que aún haya familias a las que el Estado colombiano no les puede decir con certeza en dónde están los cuerpos de sus familiares. 3. Revisar los principios, los valores y los protocolos de conducta y en general la formación en derechos humanos y democracia, que hacen parte de los planes de estudio de las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y agentes de las fuerzas armadas de Colombia. La idea premoderna de democracia del coronel Plazas Vega no puede aceptarse en ningún elemento de las fuerzas armadas legalmente constituidas.

Este vergonzoso episodio requiere de un especial seguimiento de actores de la sociedad civil, en especial de los medios de comunicación y organismos defensores de los derechos humanos. Nunca será tarde para procesar a quienes tuvieron máximas responsabilidades en lo sucedido hace 25 años. Garantizar el castigo a quienes produjeron semejante horror es dar los primeros pasos para avanzar en la reconstrucción de la democracia y del Estado de derecho que dos cuerpos armados violaron y desconocieron en 1985.