Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
En Colombia pareciera que estamos condenados a padecer problemas que histórica, política y culturalmente definen, con algún grado de determinismo, lo que podemos llamar como la ‘cuestión colombiana’. Esa ‘cuestión colombiana’ se funda sobre un degradado y al parecer eterno conflicto armado interno, una evidente y creciente corrupción pública, acompañada y aupada por una menos visible, pero aceptada corrupción privada, y por supuesto, por la precariedad de un Estado que ha estado al servicio de unos pocos y de una sociedad civil fragmentada, en la que sobresalen poderosos sectores económicos que a toda costa desean mantener el actual estado de cosas que constituyen la ‘cuestión colombiana’.
Al ver de manera disociada dichas circunstancias contextuales y el actuar de disímiles actores de poder, el colombiano siente que no hay remedio, que no hay salida a los múltiples problemas que no sólo constituyen la ‘cuestión colombiana’, sino los que se derivan de ésta.
Por ello se insiste en una idea de paz soportada en el sometimiento de las Farc y el Eln, cuando un aporte a ese anhelo nacional, pasa también por frenar o reducir tanto la corrupción privada como la estatal, y de igual forma, tocar los intereses de los grandes empresarios y banqueros que tienen sometido al Estado a sus caprichos e intereses.
Hay, entonces, que repensar el Estado, el orden social establecido, el modelo económico, el modelo de sociedad, así como modificar los marcos mentales sobre los cuales se defiende hoy la propiedad privada y la responsabilidad social de poderosos particulares y sobre los cuales se fundan hoy las relaciones entre la sociedad y el Estado.
Pero mientras llegamos a ese estadio y aceptamos que es pertinente, posible y viable hacerlo, hay que dar pasos hacia la construcción de otras maneras de actuar, de pensar lo público, otras lógicas que nos lleven, por ejemplo, a valorar y a respetar la institucionalidad estatal, la vida y de revisar a fondo lo que ordena la tradición.
Un paso en esa dirección es lograr una justicia pronta y eficiente, fundada sobre una política criminal que de manera efectiva castigue al infractor de manera ejemplar, de acuerdo con el tamaño y los efectos sociales del delito cometido, y no de acuerdo con la condición social, económica y política que el procesado esgrime a su favor, que termina en bajas condenas o en la entrega de privilegios.
En el caso concreto de la llamada parapolítica es evidente que no ha habido pronta, efectiva, eficiente y sobre todo, ejemplar justicia. Por el contrario, muchos de los políticos condenados por apoyar a los criminales de las AUC, ya están gozando de libertad o están ad portas de lograrla, al pagar irrisorias condenas.
Pero peor es el asunto, al revisar que la justicia no ha logrado develar las redes privadas que las AUC establecieron con banqueros, grandes terratenientes, familias tradicionales y empresarios, para dar vida y sostener el actuar de los paramilitares que cometieron delitos de lesa humanidad. Aquí hay un asunto clave en la tarea de superar diferencias y en especial el conflicto armado interno, pues estamos ante la evidencia de una clase social hegemónica, que exhibe, sin pudor, prácticas y comportamientos que en lugar de aportar a la construcción de nuevos valores y principios de convivencia, exacerban la polarización social y política, así como las luchas sociales, que suelen librarse a través del uso de la violencia.
Cuando una sociedad como la colombiana, que tiene problemas para definir qué es lo correcto y lo incorrecto, y ponerle límites a lo público y a lo privado, naturaliza la comisión de delitos de lesa humanidad a través de la manifiesta debilidad del Estado e incluso, a través de la idea de que efectivamente para que el país progrese se necesita eliminar a gente incómoda, diferente, anormal, crítica y opositora, entonces, esa ‘cuestión colombiana’ se eleva a ‘situación insuperable’, soportada en la incapacidad de todos los colombianos, en especial la de los grupos poder y reducidas élites, que al reconocer que efectivamente hay asuntos que no funcionan bien dentro del orden social, político y económico establecido, deciden que es mejor que todo siga igual, porque modificar viejas estructuras y marcos mentales significaría perder o ceder poder, pero sobre todo, abandonar o desechar privilegios.
En Colombia pareciera que estamos condenados a padecer problemas que histórica, política y culturalmente definen, con algún grado de determinismo, lo que podemos llamar como la ‘cuestión colombiana’. Esa ‘cuestión colombiana’ se funda sobre un degradado y al parecer eterno conflicto armado interno, una evidente y creciente corrupción pública, acompañada y aupada por una menos visible, pero aceptada corrupción privada, y por supuesto, por la precariedad de un Estado que ha estado al servicio de unos pocos y de una sociedad civil fragmentada, en la que sobresalen poderosos sectores económicos que a toda costa desean mantener el actual estado de cosas que constituyen la ‘cuestión colombiana’.
Al ver de manera disociada dichas circunstancias contextuales y el actuar de disímiles actores de poder, el colombiano siente que no hay remedio, que no hay salida a los múltiples problemas que no sólo constituyen la ‘cuestión colombiana’, sino los que se derivan de ésta.
Por ello se insiste en una idea de paz soportada en el sometimiento de las Farc y el Eln, cuando un aporte a ese anhelo nacional, pasa también por frenar o reducir tanto la corrupción privada como la estatal, y de igual forma, tocar los intereses de los grandes empresarios y banqueros que tienen sometido al Estado a sus caprichos e intereses.
Hay, entonces, que repensar el Estado, el orden social establecido, el modelo económico, el modelo de sociedad, así como modificar los marcos mentales sobre los cuales se defiende hoy la propiedad privada y la responsabilidad social de poderosos particulares y sobre los cuales se fundan hoy las relaciones entre la sociedad y el Estado.
Pero mientras llegamos a ese estadio y aceptamos que es pertinente, posible y viable hacerlo, hay que dar pasos hacia la construcción de otras maneras de actuar, de pensar lo público, otras lógicas que nos lleven, por ejemplo, a valorar y a respetar la institucionalidad estatal, la vida y de revisar a fondo lo que ordena la tradición.
Un paso en esa dirección es lograr una justicia pronta y eficiente, fundada sobre una política criminal que de manera efectiva castigue al infractor de manera ejemplar, de acuerdo con el tamaño y los efectos sociales del delito cometido, y no de acuerdo con la condición social, económica y política que el procesado esgrime a su favor, que termina en bajas condenas o en la entrega de privilegios.
En el caso concreto de la llamada parapolítica es evidente que no ha habido pronta, efectiva, eficiente y sobre todo, ejemplar justicia. Por el contrario, muchos de los políticos condenados por apoyar a los criminales de las AUC, ya están gozando de libertad o están ad portas de lograrla, al pagar irrisorias condenas.
Pero peor es el asunto, al revisar que la justicia no ha logrado develar las redes privadas que las AUC establecieron con banqueros, grandes terratenientes, familias tradicionales y empresarios, para dar vida y sostener el actuar de los paramilitares que cometieron delitos de lesa humanidad. Aquí hay un asunto clave en la tarea de superar diferencias y en especial el conflicto armado interno, pues estamos ante la evidencia de una clase social hegemónica, que exhibe, sin pudor, prácticas y comportamientos que en lugar de aportar a la construcción de nuevos valores y principios de convivencia, exacerban la polarización social y política, así como las luchas sociales, que suelen librarse a través del uso de la violencia.
Cuando una sociedad como la colombiana, que tiene problemas para definir qué es lo correcto y lo incorrecto, y ponerle límites a lo público y a lo privado, naturaliza la comisión de delitos de lesa humanidad a través de la manifiesta debilidad del Estado e incluso, a través de la idea de que efectivamente para que el país progrese se necesita eliminar a gente incómoda, diferente, anormal, crítica y opositora, entonces, esa ‘cuestión colombiana’ se eleva a ‘situación insuperable’, soportada en la incapacidad de todos los colombianos, en especial la de los grupos poder y reducidas élites, que al reconocer que efectivamente hay asuntos que no funcionan bien dentro del orden social, político y económico establecido, deciden que es mejor que todo siga igual, porque modificar viejas estructuras y marcos mentales significaría perder o ceder poder, pero sobre todo, abandonar o desechar privilegios.
Nota: publicada en www.nasaacin.org, http://www.nasaacin.org/attachments/article/3357/sobre%20la%20cuestión%20colombiana.pdf
2 comentarios:
Buenos días Germán: comparto tu reflexión, es la eterna enfermedad crónica que nos aqueja y no hemos encontrado el especialista médico que sea capaz de encontrar un remedio para sanarnos.
Cordial saludo
Luz Marina
ermán: muy buen artículo. Comparto el planteamiento general. Como siempre te hago comentarios para no llevar el argumento a un extremo en el que no hay salvación: estas mostrando una cara de la cuestión colombiana....no siempre fué así y esperamos que las cosas cambien.
Hay una sociedad latente que debe maniestarse y construir nuevas historias. De nuevo. muy bueno. Saludos, Alvaro G.
Publicar un comentario