EL AUTO DE LA CORTE QUE LOS PERIODISTAS NO LEYERON

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Varios titulares (1) en medios de prensa, radio y televisión, en los que se decía que la Corte Constitucional (CC) ordenaba al ejército salir de un resguardo indígena en el sur del país, generaron revuelo político en altas esferas del gobierno de Santos. Nuevamente, y con poco tiempo de diferencia, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón debe enfrentar un conflicto con los pueblos indígenas, esta vez no por consideraciones relacionadas con el reconocimiento de la autonomía territorial, sino por motivos humanitarios, ante los inminentes riesgos a los que se enfrentan comunidades indígenas para asegurar su supervivencia.

Con la misma actitud arrogante del Gobierno, el jefe de la cartera de la guerra salió a los medios a decir que acata la orden de la Corporación, pero que daría la pelea jurídica para mantener allí la presencia soberana de las fuerzas militares.

Hasta el mismo ex presidente Uribe, quien no ve con buenos ojos las luchas sociales, políticas y culturales de los pueblos indígenas, salió a los medios a exponer sus ideas y por supuesto, su rechazo a la orden perentoria de la CC.

El titular de EL ESPECTADOR (2) , a partir de lo expresado por AUV, es claro y preciso: Uribe propone que Ejército compre las seis hectáreas a los indígenas (sic). Horas después aparecieron otros titulares, con un trasfondo de molestia hacia la causa indígena, que bien puede terminar en procesos de persecución y muerte a los líderes indígenas y a los miembros de estas comunidades.

EL TIEMPO recoge lo dicho por un general de la República: Ejército entregará seis hectáreas a resguardo indígena: Gral Mantilla (sic); por su parte, Uribe Vélez volvió a ser consultado por algunos medios, a lo cual el ex mandatario aprovechó la coyuntura para lanzar una opinión que, sin duda, alimenta la ya histórica animadversión que existe contra los pueblos indígenas. Uribe califica de golpe de Estado orden de retiro de los militares de resguardos indígenas (sic) (3). 

De esta forma, la agenda pública y mediática recoge importantes elementos identitarios, que subyacen a un tortuoso proceso de reivindicación cultural y étnica, y de reconocimiento social, económico, político y cultural de unas minorías que dan vida a ese país pluriétnico y multicultural reconocido en la Constitución Política de Colombia (4), pero que sectores sociales y políticos tradicionales insisten en no reconocer.

El fallo y la prensa

Acostumbrada la prensa a reducir lo complejo a meros titulares y opiniones sesgadas de fuentes oficiales y a no reconocer factores y elementos claves de contextos difíciles de comprender, la situación de un grupo de indígenas del sur del país se presenta como un nuevo problema de autonomía o como una acción apresurada y equivocada del alto tribunal, que afectará la moral de la tropa. En esta ocasión, como en otras, el titular de prensa jugó un papel clave en el propósito de generar y fortalecer marcos mentales que están fundados en actitudes discriminatorias y en acciones de exclusión hacia pueblos que han sufrido el abandono del Estado y el desprecio de amplios sectores societales.

La información periodística entregada a la opinión pública motivó la reacción de la Corte Constitucional que, en un comunicado aclara los alcances del auto 173 de 2012 (5).

Dice el comunicado que “en atención a la desafortunada información emitida por los medios de comunicación con respecto al contenido del Auto 173 de 2012, a través de la cual se adoptan medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak de los departamentos de Meta y Guaviare, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de las órdenes emitidas en el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional, se permite comunicar lo siguiente: … Entonces, resalta la Corte que en el auto de la referencia no se ordena el retiro de dos (2) bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de 6 hectáreas de territorio colectivo ocupadas actualmente en la forma descrita, en el departamento del Guaviare. Al Ministerio de Defensa le fueron adjudicadas 250 hectáreas en la zona, mediante Resolución No. 571 del 31 de mayo de 1988, expedida por el anterior Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, que puede ocupar, sin poner en riesgo esas comunidades indígenas. Tal decisión nada tiene que ver con otros territorios del país. Además, se tomaron todas las medidas de protección sobre los pueblos indígenas Jiw y Nükak” (6)

Nuevamente la prensa colombiana actuó bajo rutinas de producción que fácilmente llevan a los periodistas a hacer lecturas equivocadas, sesgadas, ligeras y descontextualizadas. El afán de generar noticia, de llamar la atención, los lleva a generar estados de ánimo adversos contra los propios magistrados de la CC y los indígenas, en especial en un país en el que aún hay amplios sectores poblacionales que se informan únicamente al ver y escuchar titulares y peor aún, que creen a pie juntillas lo que las grandes empresas mediáticas expresan a diario.

¿Los periodistas leyeron el fallo de la Corte Constitucional, que por demás tiene 95 páginas(7) ? Es claro que no. Se tergiversó una decisión que se toma con base en fallos y autos anteriores , que demuestran una auténtica preocupación y un seguimiento del alto tribunal por la situación de los indígenas.

El sentido del fallo

Como garante del cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política, la Corte Constitucional cumple con la tarea política, jurídica y constitucional de exigirle al gobierno y al Estado mismo que deben atender a comunidades vulnerables que están en riesgo de desaparecer, física y culturalmente.

Se trata de una tarea que exige un diálogo interinstitucional que pone a prueba no sólo la autonomía de los poderes públicos, sino la coherencia política de los actores de poder que hacen posible que haya o no una institucionalidad y unas instituciones estatales capaces de asegurar la vida y la honra de los habitantes de Colombia, en especial a aquellos que sobreviven en condiciones de vulnerabilidad por razones del conflicto armado y por la llegada de prácticas modernizadoras que generan procesos de aculturación.

Mal hacen los funcionarios con rango ministerial y el ex presidente AUV en reaccionar negativamente ante la tarea de protección humanitaria que emprendió la Corte Constitucional. No se trata de un ejercicio de poder que busca erosionar la legitimidad y la legalidad del Ejército en su tarea de ejercer soberanía en territorios de la Nación. Por el contrario, lo que se abre es una posibilidad política grande para el gobierno de Santos en el sentido de iniciar actividades que permitan no sólo salvar de la desaparición a las comunidades indígenas, sino de mandar un mensaje de reconocimiento hacia unos pueblos tradicional e históricamente olvidados, excluidos, discriminados y maltratados por la ineficacia y la precariedad del Estado, que exhibe bajos índices de gobernanza de la función pública y de las políticas públicas implementadas de tiempo atrás, para responder a las demandas sentidas de estos pueblos ancestrales.

En algunos apartes del auto 173 de 2012, la Corte Constitucional señala aspectos que deben ser tenidos en cuenta por el Gobierno de Santos, proclive, como el anterior (2002-2010), a violentar, desconocer e irrespetar la autonomía de los pueblos indígenas, a través de la entrega de títulos mineros a empresas nacionales y multinacionales que explotan oro, carbón, coltan y otros minerales en zonas limítrofes de resguardos e incluso, dentro de los propios territorios indígenas, así como en otros territorios de propiedad colectiva como los que habitan afrocolombianos en el Chocó Biogeográfico.

Dice el auto de la CC que: “PRIMERO.- REITERAR que los Pueblo Indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare, de acuerdo con lo expuesto en el auto 004 de 2009 y con lo dicho en precedencia, están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección, por lo cual continúan siendo víctimas de un sin número de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual ha exacerbado el desplazamiento forzado que padecen…TERCERO.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER que realice un estudio de predios disponibles para arriendo o compra en los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán -aptos para vivienda y cultivo-, o eventualmente en otros municipios del departamento del Meta, con el fin de reubicar temporalmente, en mejores condiciones, a las comunidades Jiw desplazadas. QUINTO.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que en conjunto y articulación con las Secretarías de Educación Departamentales de Meta y Guaviare y las Secretarías municipales de San José del Guaviare, Puerto Concordia y Mapiripán, presten asesoría y asistencia técnica, así como apoyo financiero necesario para la formulación de los proyectos etnoeducativos para los pueblos Jiw y Nükak. Para tales efectos, las Secretarías de Educación departamentales y municipales, deberán atender de manera prioritaria y diferenciada, de acuerdo con la Constitución, las normas legales vigentes y la jurisprudencia de esta Corporación sobre el tema, a los pueblos Jiw y Nükak. DÉCIMO.- ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del resguardo Jiw de Barrancón – Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a seis (6) meses. Este proceso deberá hacerse con acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social Caritas – Sur Oriente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – Territorial Meta”.(8).

En una débil democracia como la colombiana, con un Estado con profundas grietas en su funcionamiento como orden político y social, el papel de los medios masivos es estratégico en aras de fortalecer la institucionalidad estatal, pero por sobre todo, en el objetivo de generar estados de opinión que no aumenten la polarización política e ideológica y menos aún, terminen alimentando conflictos culturales entre comunidades indígenas y el Estado y entre éstas y sectores acomodados de la sociedad colombiana, en especial aquellos asentados en ciudades.

Los medios son libres y tienen responsabilidad social, dice el artículo 20 de la Carta Política. Nuevamente, esos mismos medios desconocen ese principio constitucional a través de un tratamiento periodístico irresponsable, ligero y sesgado.

Nota: publicada en el portal www.nasaacin.org,
http://www.nasaacin.org/attachments/article/4508/El%20auto%20de%20la%20Corte%20Constitucional%20que%20no%20leyeron%20los%20periodistas.pdf
Notas de pie de página:

1. El Tiempo, por ejemplo, tituló así una nota: La corte pide al Ejército retirarse de la zona habitada por indígenas. http://m.eltiempo.com/colombia/llano/la-corte-pide-al-ejercito-retirarse-de-la-zona-habitada-por-indigenas/12089176/1/home


2. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-364940-uribe-propone-ejercito-compre-seis-hectareas-indigenas

3. http://www.radiosantafe.com/2012/08/02/uribe-califica-de-golpe-de-estado-orden-de-retiro-de-militares-de-resguardos-indigenas/

4. Artículos 7, 8 y 246 de la Carta Constitucional.
5. Este dato fue omitido en todas las notas periodísticas emitidas o publicadas revisadas. Se trata de los casos de EL TIEMPO, EL ESPECTADOR y SEMANA, en sus ediciones on line.

6. Comunicado firmado por LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. Magistrado Presidente de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04

7. En Times New Roman, 14, espacio sencillo.

8. Véase Auto 004 de 2009 y sentencia T7025 de 2004