LA PREPOTENCIA DE LAS FARC Y DEL GOBIERNO DE SANTOS

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Instalada la mesa de diálogo entre Farc y el gobierno de Santos, quedaron expuestas con claridad dos visiones distintas de país que de tiempo atrás resultan irreconciliables por la prepotencia tanto de los actores de poder que apoyan al Estado y al régimen político vigente, como de las propias Farc, como actor que desconoce y enfrenta la autoridad estatal.

Ambos equipos llegaron a la rueda de prensa exhibiendo una legitimidad fincada más en la tradición y en una evidente autoproclamación, que en una verdadera aceptación social de todos y de cada uno de los nacionales que sobreviven en este territorio. Por lo anterior, todo lo expresado por los voceros Iván Márquez y De la Calle Lombana debe recibirse, hoy y en adelante, con beneficio de inventario por la limitada legitimidad que acompaña a los regímenes de poder que agencian y representan ambos voceros.

Por el lado del Gobierno, su aparente legitimidad hace posible que muchos actores y sectores de la sociedad civil echen al olvido y permitan ocultar un pasado y un presente que señala al Estado como responsable directo e indirecto de masacres, genocidios y de permitir la consolidación de condiciones miserables de vida para más de 20 millones de colombianos.

El discurso del ex vicepresidente y líder del equipo negociador del gobierno de Santos, Humberto de la Calle Lombana, valida los programas y las acciones emprendidas por Santos, encaminadas, presumiblemente, a generar prosperidad para todos.

Allí hay un primer elemento para desconfiar de la real capacidad de diálogo del Gobierno, y de sus voceros, pues hasta el momento el gobierno de Santos poco ha hecho para evitar, mitigar y enfrentar los desastres socio ambientales que la locomotora minero-energética viene provocando a lo largo y ancho del territorio nacional.  De este asunto ya habló con alguna suficiencia la Contralora General, Sandra Morelli[1] y de tiempo atrás lo viene advirtiendo el ex ministro del medio ambiente, Manuel Cipriano Rodríguez Becerra.

Por el lado de las Farc, el carácter prepotente de su discurso está en el no reconocimiento de errores cometidos en 50 años de lucha armada. Aunque el discurso que leyó Márquez está cargado de verdades y de realidades fácticas, pierde legitimidad al no reconocer errores y delitos como por ejemplo el reclutamiento de menores, la participación de Frentes en el negocio del narcotráfico, desplazamiento forzoso y masacres, entre otros.

Así las cosas, la sociedad colombiana vio por televisión la instalación de una mesa de diálogo y negociación entre dos actores que han condenado a una Nación entera, a años de incertidumbres, dolor, victimización, terror y una profunda decepción por el tipo de orden social, cultural, económico y político resultante de la lucha interna librada desde los años 60.

Es urgente que la sociedad en general y en particular, algunos sectores de la sociedad civil, exijan tanto al Estado, al gobierno de Santos, como a las Farc, el reconocimiento no sólo de las responsabilidades que les cabe a cada actor frente a los problemas más graves que afronta hoy la Nación, sino el compromiso político de discutir la viabilidad de las ideas que  cada uno agencia alrededor de lo que debe ser un orden político y social confiable, digno, viable, sostenible y respetable.

Las verdades de las Farc y del Gobierno

Con elocuencia y firmeza, Iván Márquez leyó un discurso que esperamos sea el resultado del consenso al que llegaron los cuadros de mando, es decir, el Secretariado de las Farc, pero sobre todo, se esperaría que dicho discurso fuera comprendido en las bases farianas. Dudo que sea así, por las condiciones contextuales de las que emanan los nuevos combatientes farianos.

Con la retórica de siempre, el líder fariano deposita en el pueblo la responsabilidad de definir el rumbo de la paz. ¿Cuál es el pueblo al que alude Márquez? ¿Acaso el que sobrevive en los cordones de miseria de ciudades y pueblos y que apenas si comprende la situación en que vive?

En sus palabras, señala. “Donde el soberano que es el pueblo tendrá que ser el protagonista principal. En el reposa la fuerza irresistible de la paz. Esta no depende de un acuerdo entre voceros de las partes contendientes. Quien debe trazar la ruta es el pueblo y a él mismo le corresponderá establecer los mecanismos que han de refrendar sus aspiraciones”[2].

Sobre el manoseado concepto de paz, el vocero de las Farc hizo el ejercicio de extenderlo y darle una connotación más amplia que la idea reducida que también le da vida y que se expresa en el silenciamiento de los fusiles.

Señaló Márquez que “una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Necesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras para que la paz sea estable y duradera. No somos los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación, venimos a la mesa con propuestas y proyectos para alcanzar la paz definitiva. Una paz que implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas socioeconómicas radicales que funden la democracia, la justicia y la libertad verdaderas”.

La respuesta del Gobierno, expresada a través del ex vicepresidente, se dio en estos términos: “La finalización del conflicto no es en sí misma la consecución inmediata de la paz. La Fase 3 es el escenario para las transformaciones necesarias que serán el verdadero motor de la paz. El Gobierno ha puesto en marcha una agenda audaz para introducir cambios sociales profundos en nuestra sociedad. Tiene una agenda progresista. El Gobierno ha reconocido la inequidad y la desigualdad existente en Colombia, pero no se limita al diagnóstico. Hoy hay en marcha una transformación de la realidad social en Colombia. Y las Farc tienen la posibilidad de unirse a ella, sin dejar su condición de contraparte al sistema, para catalizar el proceso”.

En las líneas subrayadas se concentra la falsa retórica con la que no sólo este vocero, sino las fuerzas económicas y políticas que sostienen el actual orden político colombiano, suelen desestimar los reclamos y exigencias de las guerrillas y desconocer la insostenible pobreza, exclusión y desigualdad que se respiran en Colombia.

Luego, en la rueda de prensa, el vocero del Gobierno de Santos expresa que “ni el modelo económico ni la doctrina militar están en discusión”. Si lo dicho por De la Calle Lombana es cierto, entonces cómo se dará la discusión alrededor del primer punto de la agenda propuesta, llamado Desarrollo agrario integral.

Si algo hay que revisar, ajustar y cambiar es el modelo económico neoliberal que funciona en Colombia desde el gobierno de César Gaviria Trujillo, quien aplicó sin mayor discusión las recomendaciones del Consenso de Washington. Igual camino siguió en su momento Uribe Vélez y es el  mismo que agencia el gobierno de  Juan Manuel Santos. De igual manera, hay que desmilitarizar el Estado, pero también la sociedad colombiana. Hay que apuntar, por ejemplo, hacia el desmonte del paramilitarismo como valor ciudadano y a la sujeción real de los militares al poder civil.

Para el asunto agrario, el vocero del gobierno debería de leer el documento PNUD. 2011. Colombia rural, razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. En este documento se lee lo siguiente: “…una reforma rural transformadora… que concibe el desarrollo rural en función del territorio, centra la atención en los pobladores más excluidos y vulnerados y exige cambios en el modelo económico. Es categórica en rescatar el liderazgo sustantivo del Estado y en advertir que no es posible si no se erradican de raíz factores estructurales como la concentración de la propiedad rural, la pobreza y la miseria, y un orden social y político excluyente”[3].

Así las cosas, y a pesar del abismo que separa a los equipos negociadores, hay que insistir en el diálogo político y en la salida negociada al sistémico conflicto colombiano.

Se nota eso sí, un afán del gobierno de Santos por alcanzar rápidamente la paz. Y ello puede erigirse como un factor perturbador del proceso que recién arranca.

Habrá que esperar con moderado entusiasmo el desarrollo del proceso de diálogo y negociación. Eso sí, independientemente de si se avanza o no en la consolidación de la paz, lo que debemos advertir los colombianos es que la invocada legitimidad de las Farc y del Estado debe ser contrastada con los errores y omisiones cometidas por estos actores de poder, responsables en parte del largo conflicto armado que padecemos de tiempo atrás.

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[1] La Contralora general de la República desmiente y rectifica al Ministro del Medio Ambiente."Colombia está al borde de un desastre ambiental". Así lo sostiene categóricamente la contralora general de la República, Sandra Morelli.La alta funcionaria enfrenta además, duramente, al ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe; lo ataca, lo rectifica y reafirma que Cerro Matoso no tiene licencia ambiental. Y advierte además que la eventual prórroga del contrato de explotación de ferro níquel "se caerá" si no tramita la licencia ambiental."Colombia firma todos los tratados de medio ambiente, de transporte de residuos tóxicos, de protección de los trabajadores en las zonas mineras, de controles al agua, de edad de los trabajadores; hace parte del observatorio informativo sobre la explotación del níquel; suscribe convenciones de medio ambiente de Kyoto, de Río de Janeiro, y los funcionarios parecen olvidar su carácter vinculante". Tomado de EL TIEMPO.COM, http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12303681.html

[2] Discurso Iván Márquez, instalación de proceso de paz. Oslo, Noruega, octubre 18 de 2012.

[3] p. 18.