Por Germán Ayala Osorio, comunicador
social y politólogo
Dialogar
y negociar por fuera de Colombia, pero especialmente, sin abordar las
realidades que develan los disturbios en el Catatumbo y las protestas de
campesinos y mineros, puede afectar la credibilidad del proceso de paz, pero
especialmente, mina la confianza tanto de la sociedad como la de las partes
dialogantes, en que es posible que el Estado supere las circunstancias
históricas que aún sostienen y explican la naturaleza del conflicto armado
interno.
De
esta forma, el proceso de paz entra en un lento proceso de deslegitimación, que
puede llevar a convertirlo en un ejercicio político inocuo y de claro oportunismo
político y electoral del actual Presidente; y por parte de las Farc, en una
estrategia para salvaguardar la vida de sus dirigentes, replantear la lucha
armada y recuperar la toma de decisiones colegiada bajo la tranquilidad que les
ofrece estar juntos fuera del alcance de las balas oficiales.
El
Gobierno de Santos, muy seguramente presionado por un sector tropero de las
fuerzas militares y por el contexto electoral de 2014, en donde se definirá la
reelección presidencial, le ha dado a las legítimas protestas sociales del
Catatumbo y a los problemas de orden público suscitados por el enfrentamiento
entre manifestantes y policías, un tratamiento prepolítico a todas luces
equivocado e inconveniente.
De
esta forma, terminará el Gobierno afectando la confianza social en el proceso de
paz de La Habana, específicamente en la real decisión y posibilidad de un
gobierno y del Estado, en su conjunto, de modificar sustancialmente un contexto
social complejo en donde sobresalen la concentración de la riqueza, la
debilidad institucional, la inequidad, la exclusión y la extrema pobreza.
El
Gobierno de Santos apela a la estigmatización de la protesta, al señalamiento y
persecución de los líderes de campesinos y mineros, así como a la represión
policial, expresiones claras de su debilidad y la del Estado como orden social
y político. Ahora, enfila baterías contra el senador Robledo, a quien califica
de liderar y promover las protestas sociales.
Al
reducir las marchas y movilizaciones de campesinos a expresiones interesadas de
sectores políticos que buscan desestabilizar el país, el Presidente
circunscribe los avances en materia de paz y la superación de la guerra
interna, a los intereses y a las buenas intenciones de un Gobierno o del Presidente.
Así
mismo, exhibe una enorme incapacidad para liderar procesos de modificación
profunda del Estado, fruto de una catastrófica realidad política: los
presidentes en Colombia agencian los intereses de sus propios gobiernos, pero
no pueden o no están en capacidad de liderar y de manejar las estructuras del
Estado. Va quedando claro, entonces, que
a Juan Manuel Santos Calderón no le interesa- no puede- liderar cambios
sustanciales en las formas como viene operando el Estado. Y lo peor, que está
maniatado ante el creciente poder político de los militares que lo presionan
para que descalifique a quienes hoy se levantan para exigir condiciones de vida
digna para trabajar y vivir.
Por
ese camino, el proceso de paz en La Habana se aleja cada vez más de las
realidades del país, lo que pone de presente la perspectiva de poder y de
representación grupales de las partes que hoy están en la mesa de negociaciones
instalada en La Habana, Cuba.
Qué hacer hacia delante
El
proceso de paz entre el gobierno de Santos y la cúpula de las Farc no puede
continuar al margen de las coyunturas sociales y políticas que se expresan en
las protestas de campesinos y mineros. Ello exige una presencia más clara y
definitiva de actores de la sociedad civil, lo que debe coadyuvar a que las
partes dialogantes discutan y aprueben la consolidación de escenarios reales en
donde el posconflicto, como concepto y fin último del proceso de paz, adquiera
sentido práctico en una realidad social dada.
Lo
acordado hasta el momento entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Santos
requiere de ejercicios de viabilidad y aplicación en zonas y territorios vivos,
en donde los conflictos sociales, económicos, políticos y culturales afloran de
manera natural, haciendo que las soluciones imaginadas y expuestas en extensos
documentos, vayan adquiriendo ese necesario carácter de viabilidad con el que
se pueda enfrentar con optimismo y realismo las complejas realidades y los
problemas que por ejemplo afronta la extensa y geoestratégica zona del
Catatumbo.
Por
lo acontecido hasta el momento, será difícil que Santos reconsidere las medidas
y los tratamientos adoptados para frenar las movilizaciones y las crecientes
manifestaciones de descontento social. Pero debe hacerlo, no sólo para que
intente salvar su reelección, sino para acercar el proceso de paz a la realidad
colombiana.
1 comentario:
Hola Uribito:
Creo que no deben mezclarse manzanas con limones. Una cosa son los diálogos y otra las protestas sociales; integrarlas, por ende, es pensar coyunturalmente. Cuando aparezcan los señores de la tierra y del mercado protestando, entonces habría que darles el mismo tratamiento.
De otro lado, considero que el arraigo militarista en Colombia es muy grande y, ya debería estar pensándose en la desmilitarización social.
Cincuenta años de violencia armada no se acaban en 10 o 12 meses de negociaciones. Se requiere, eso sí, un acuerdo previo, que no se ha logrado, de solucionar los ataques de parte y parte para recuperar la fe, mas no la confianza, en los diálogos.
Luis.
Publicar un comentario