Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Todo
tutelaje, acompañamiento, vigilancia y asesoramiento internacional que se
acepte o se imponga a un Estado, devela las
debilidades que en su estructura y desarrollo tiene ese tipo de orden
social y político. Legítima o no, toda vigilancia o tutelaje deviene en un tipo
de sometimiento[1] del
que siempre será difícil salir.
El
trabajo de los gobiernos que agencian los intereses de un Estado, debe dirigirse
hacia la modificación sustancial de las circunstancias sociales, culturales,
económicas y políticas, entre otras, que hacen posible y hasta necesario el
tutelaje internacional en alguna materia,
en especial en lo que concierne a la defensa y respeto a los derechos
humanos.
Es
el caso de Colombia y en muchas materias y asuntos. En lo que tiene que ver con
el respeto a los derechos humanos, el Estado colombiano acepta, de tiempo
atrás, la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. A regañadientes, muchos gobiernos han aceptado los
comunicados y los informes que dicha oficina produce para evaluar situaciones y
hechos en donde el respeto a los derechos humanos queda comprometido, en
especial por la acción de agentes del Estado. Baste con recordar al gobierno de
Uribe Vélez y la postura asumida por el entonces vicepresidente, Francisco
Santos, ante un informe en el que se evaluaba la situación de los derechos
humanos en Colombia en el 2002[2].
Entonces,
la presencia de la ONU, a través de dicha dependencia, lo que confirma es que seguimos
siendo un Estado débil y precario, guiado por unas élites y sucesivos gobiernos
que necesitan ser vigilados y acompañados en el cumplimiento de funciones
públicas, en especial aquellas que guardan estrecha relación con el bienestar y
el devenir de la población civil en un país que sufre los estragos de un viejo
y degradado conflicto armado interno.
Ahora,
presionado seguramente por un sector de las fuerzas militares, el Presidente
Santos pone en duda la continuidad de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin duda, estamos ante una postura
inconveniente, dado que las circunstancias contextuales que facilitan, permiten
y legitiman la violación de los derechos humanos en Colombia, se mantienen a
pesar de los esfuerzos que el gobierno de Santos dice que viene haciendo en
materia de respeto a los derechos humanos, a través del fortalecimiento
institucional y de la presencia del Estado, a través de políticas públicas que
buscan cambiar los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Al respecto, el Presidente Santos se expresó así: “Y le voy a decir que estamos discutiendo si realmente
vale la pena prolongar ese mandato o si se prolonga sería por muy corto tiempo,
porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir no necesitamos más
oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país”, expresó. Explicó
que “esas necesidades que tenía el país de tener una oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos
han venido desapareciendo”. El
Presidente Santos indicó que la funcionaria de la ONU “va a encontrar un país,
que precisamente tiene los derechos humanos como uno de sus objetivos
fundamentales, como una de sus prioridades. Va a encontrar un país donde el
respeto por esos derechos humanos es cada vez más evidente, y que el Estado
colombiano tiene como norte ese respeto”. Agregó que Colombia tiene “unas Fuerzas Militares, unas Fuerzas Armadas
que también se han venido transformando y que hoy pueden ser ejemplo en el
mundo entero, de una cultura por el respeto de los derechos humanos”. “Ya es
responsabilidad nuestra. Somos lo suficientemente maduros para saber que el
respeto por los derechos humanos es una obligación de todos y cada uno de los
ciudadanos, pero sobre todo del Estado colombiano”.[3]
El contexto colombiano es complejo en la medida en
que tanto el Estado, con sus fuerzas armadas y los grupos al margen de la ley
(neo paramilitares, guerrillas y delincuencia común), son responsables de
violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En Colombia están en
capacidad de asesinar, torturar y desaparecer a miembros de la población civil,
tanto el Estado mismo, como las fuerzas ilegales que actúan a lo largo y ancho
del territorio nacional.
Mal hace el Presidente Santos en desconocer los
aportes y la vigilancia que en materia de respeto a los derechos humanos ejerce
dicha dependencia de la ONU. Y peor aún, cuando su reacción se soporta en la
molestia que le generó un comunicado de dicho organismo alrededor de los graves
hechos de orden público que se vienen presentando en la zona del Catatumbo y en
general, por los inocultables niveles de pobreza que se exhibe en ese vasto
territorio.
EL TIEMPO recogió así apartes del comunicado que
molestó al Gobierno de Santos: “La oficina de la ONU en Colombia
denunció este miércoles que la región del Catatumbo, sumida en protestas desde
hace un mes, sufre una “grave vulneración” de sus derechos económicos, sociales
y culturales y que durante las manifestaciones ha habido un "uso excesivo
de la fuerza" por parte de las autoridades. El Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos "expresa su preocupación por la
grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la
región del Catatumbo", aseguró la Oficina de este organismo en Colombia en
un comunicado. "Pese
a su riqueza natural", el Catatumbo "presenta altos índices de
necesidades básicas insatisfechas" y su población carece de los derechos a
la alimentación adecuada, salud, educación, electrificación, agua potable,
alcantarillado, vías y acceso al trabajo digno, agrega el texto”[4].
El pronunciamiento del Presidente Santos lo acerca
cada vez más a su antecesor, cuya política de seguridad democrática fue
cuestionada dentro y fuera del país, por los evidentes y tozudos hechos de
violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se produjeron en Colombia
entre el 2002 y el 2010, a
través de las interceptaciones ilegales (Chuzadas), masivas retenciones
arbitrarias, la estigmatización a defensores de derechos humanos y las
ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), entre otras.
Sentirse o asegurar que estamos maduros para
continuar sin el tutelaje de la ONU no es suficiente. El sometimiento debe
permanecer hasta tanto el Estado colombiano continúe cooptado por mafias
paramilitares y agenciado por unas élites y sectores de poder que sólo les
interesa mantener privilegios a unos pocos. La situación social, ambiental,
política, económica y de orden público del Catatumbo contradice al Presidente
en materia de madurez para respetar los derechos humanos.
[1] En relación con potencias militares
que violan los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras y frente a ello
y a ellas, la ONU poco puede hacer.
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