APOYAMOS EL PARO NACIONAL AGRARIO

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA

La legítima protesta de  paperos, lecheros, camioneros, cebolleros, cacaoteros y mineros, entre otros sectores sociales, no puede ser criminalizada por el Estado y sus organismos de seguridad. En un régimen democrático, la protesta no sólo se debe garantizar, sino que se debe respetar en su origen y en los elementos identitarios que la acompañan.

Por ello, un grupo de profesores y profesoras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente, rechazamos la violencia, simbólica y física, con la que el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón enfrenta  el llamado Paro Nacional Agrario. Compartimos el llamado que recientemente hizo el Arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro, quien clamó de la Policía Nacional y del propio Estado, la revisión de las formas como viene enfrentando el Paro Nacional Agrario, siempre en aras de respetar los derechos de los campesinos que hoy se levantan en gran parte del territorio nacional para exigir justicia social. 

En el caso particular del uso desmedido de la fuerza por parte de policiales del ESMAD que han atropellado campesinos guarecidos en sus viviendas, el arzobispo Augusto Castro llamó la atención de la Policía para que no altere ese santuario del hogar, porque lo considera algo indebido.

Por lo anterior, el grupo de profesores y  profesoras que suscribe este comunicado a la Opinión Pública, observa con  preocupación e indignación el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos agentes del ESMAD,  contra campesinos desarmados que, resguardados en sus viviendas, fueron aterrorizados por este componente de la fuerza pública.

En imágenes que circulan por las redes sociales y que fueron reproducidas en el editorial del noticiero de televisión Noticias Capital (http://www.youtube.com/watch?v=D5dOAYZmyy8), se observan policiales agrediendo a personas dentro de sus propias viviendas y rompiendo ventanas de casas de habitación. Se trata, sin duda, de allanamientos ilegales y de hechos propios de una asonada, por parte de un grupo de uniformados de la Policía Nacional.

Hacemos un llamado al díálogo y rechazamos la criminalización de la protesta por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Insistimos en que se trata de una protesta legítima contra un modelo de desarrollo económico que abiertamente pone en riesgo la seguridad alimentaria del país y por ese camino,  la propia vida de campesinos y labriegos que con dignidad levantan su voz contra los efectos negativos que dejan la firma de varios Tratados de Libre Comercio (TLC).  

Varios medios de comunicación, haciendo eco a fuentes policiales, han coadyuvado en la construcción de una imagen distorsionada del campesino, presentado hoy como un criminal y un desadaptado. Es recomendable que los periodistas informen con rigor sobre los hechos acaecidos, apartándose del periodismo oficialista que sólo informa desde la perspectiva de las fuentes de poder estatal.

Por ello, solicitamos al gobierno nacional y al Ministerio Público:

1.      Encontrar los escenarios de diálogo y negociación con las comunidades campesinas.

2.    Investigar a todo agente del Estado que haga uso indebido de la violencia física y psicológica contra la población colombiana, en especial, la campesina que hace uso legítimo de la protesta social.

3.     Que la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo acompañen a los campesinos, en la tarea de denunciar a los policiales que violaron  sus derechos.

4.      Que se valore la dignidad de los campesinos, que de tiempo atrás son víctimas de un modelo económico que genera injusticias sociales y ambientalmente es depredador y extractivista.

Firman:

Germán Ayala Osorio

Hernando Uribe Castro

Elizabeth Gómez Etayo

Angélica Bejarano Medina
Claudia Leal
Álvaro Guzmán Barney, director del CIER
Guido Germán Hurtado Vera

Profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente