Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El proceso de paz en La Habana
avanza lentamente, pero de espaldas no solo a las protestas y al paro agrario
que inició el 19 de agosto, sino a las acciones emprendidas por poderosas
empresas, como Manuelita y Riopaila Castilla, entre otras, que vienen haciendo
todo tipo de piruetas jurídicas para concentrar más y más tierra en el sur del
país.
En otras circunstancias contextuales,
en lo político y militar, la compra de baldíos y de extensas fincas a
propietarios señalados de ser testaferros de narcoparamilitares, sería motivo
suficiente para que las Farc se levantaran de la mesa de negociación o por lo
menos, propusieran el congelamiento de los diálogos.
¿En dónde quedó la lucha agraria
de unas Farc, que nacieron con ese carácter agrario y campesino que tanto
defendió y exhibió con orgullo el legendario ‘Manuel Marulanda Vélez’? ¿Tanto
han cambiado las Farc que les parece legítimo que grandes latifundistas y
terratenientes de este país sigan acumulando hectáreas, no para producir
alimentos, sino agro combustibles?
¿Qué de lo acordado entre la
cúpula de las Farc y los negociadores del Gobierno de Santos ataca, evita,
invalida o, por el contrario, legitima los procedimientos echados a andar por
estas poderosas empresas?
¿Acaso lo acordado hasta el
momento en La Habana legitima un modelo de desarrollo agrario, que abiertamente
beneficia a un sector poderoso de la agroindustria, y por esa vía, compromete
la seguridad alimentaria del país?
Muchos dirán que el fin del
conflicto amerita esfuerzos ideológicos y políticos. Y que unas Farc
comprometidas con la paz, están dispuestas a deponer principios fundantes de su
lucha armada. Es posible. Pero a cambio de qué.
No creo que en la transacción
política y jurídica que se viene consolidando en La Habana, lo más importante para
las Farc sea un modelo de justicia transicional ajustado a las necesidades de
sus líderes, que insisten en que no pagarán un día de cárcel por los delitos
cometidos. Es decir, aceptar un modelo de desarrollo agrario profundamente
inequitativo, que golpea al campesinado, a comunidades indígenas y que
compromete seriamente la seguridad alimentaria, para no ir a la cárcel, puede considerase
como un buen negocio para las Farc, pero no creo que algo más habría en esa
transacción.
Por lo anterior, creo que lo
acordado en materia agraria entre las Farc y el Gobierno de Santos gira en
torno a la declaración y al establecimiento de extensas zonas de producción
alimentaria, a través de la figura de Zonas de Reserva Campesina, que no sólo
les aseguraría a las Farc un territorio legítimo y legal, sino un espacio de
acción política, de cara escenarios electorales que cobijan los ámbitos
nacional, regional y local.
Es decir, el país quedaría
dividido entre Zonas de Reserva Campesina para producir alimentos y el
desarrollo de actividades agropecuarias, y Zonas de Desarrollo Empresarial de
las que harían parte las actividades agroindustriales (producción de ‘comida’
para vehículos) en manos de multinacionales y de empresas como Riopaila-
Castilla y Manuelita. Un país biodiverso, escindido entre dos modelos
económicos, corre el riesgo de enfrentar problemas socio ambientales graves, si
tenemos en cuenta la nula responsabilidad ambiental que de tiempo atrás han
mostrado tanto las Farc, como las empresas agroindustriales.
Ese escenario de posconflicto
resultaría a todas luces justo en la medida en que un país con grandes
extensiones de tierra, bien puede permitir este tipo de arreglos entre un grupo
armado ilegal como las Farc y un Gobierno neoliberal como el de Santos. ¿Pero
qué efectos sociales, ambientales, económicos, culturales y políticos en el
mediano y largo plazo traería ese arreglo? No lo sabemos.
Si lo enunciado aquí tiene
sentido, a la luz de lo acordado hasta el momento entre las Farc y el Gobierno
de Santos, estaríamos ante la consolidación de escenarios de posconflicto sostenidos
en prácticas de exclusión social, económica y política, entre dos
desarticuladas visiones de país. El reto estaría en que sucesivos gobiernos,
planteen planes de desarrollo que hagan coincidir los dos modelos económicos y
políticos planteados.
Así las cosas las Farc,
desmovilizadas y habiendo hecho dejación de armas, se quedarían con una buena porción
del territorio nacional, bien como líderes políticos de los proyectos de vida
de cientos de miles campesinos que decidan voluntariamente vivir dentro las
zonas de reserva campesina; y por el lado de los grandes empresarios y
terratenientes, éstos podrán hacer lo mismo y
continuar con sus negocios agroindustriales en condiciones óptimas de
seguridad.
Son muchas las preguntas y los
asuntos que muy seguramente aparecerán en el camino, de darse y confirmarse la
tesis aquí planteada. Expongo algunos: ¿qué pasará con el cuidado de la
biodiversidad y de las reservas de agua para un país y un planeta que demandan
cada día más y más consumo del valioso recurso? ¿Qué pasará con la seguridad
alimentaria del país, en particular con las condiciones planteadas en la
Resolución 970/10, del ICA, que compromete seriamente las actividades de campesinos,
por ejemplo, en la producción de arroz?
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