PARO NACIONAL Y LA CRISIS DEL RÉGIMEN POLÍTICO

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Las protestas, los paros y las movilizaciones sociales evidencian con creces la inviabilidad del centralismo político bogotano, en el contexto de un régimen de poder que históricamente ha sido incapaz de consolidar un proyecto nacional incluyente, que reconozca la diversidad cultural y aproveche de manera sostenible los recursos de una biodiversidad que aún se mantiene en pie, a pesar de una apuesta desarrollista que no respeta y desborda límites sociales y naturales de resiliencia.

Los graves problemas de subsistencia de mineros, paperos, camioneros, cacaoteros, caficultores y cebolleros, entre otros, desbordan la capacidad política de los alcaldes y gobernadores de las zonas en donde hoy marchan y protestan campesinos y centenares de colombianos golpeados no sólo por la inacción de la clase política de cada región, sino por la desidia del Gobierno central, que desde Bogotá, cree poder garantizar condiciones de vida digna para todos los colombianos.

Es claro que el país no puede seguir siendo manejado desde las lógicas de una élite bogotana que mira con desdén las necesidades de campesinos, indígenas y afrocolombianos; una élite que mira el mundo rural como un simple escenario de explotación a través de actividades agroindustriales, madereras y mineras, que claramente apuntan hacia la desaparición del campesinado, así como de toda organización social indígena y afrocolombiana que se oponga a la economía de enclave que desde Bogotá se viene imponiendo y garantizando en territorios como el Vichada, el Guainía y el Pacífico colombiano, entre otras zonas.

Los paros y las taponamientos de vías, así como las llamadas vías de hecho, no son más que expresiones de una democracia restringida en lo social, lo político y lo económico, pero que se muestra fuerte en elecciones periódicas con las se pretende esconder la gran debilidad institucional que exhibe el Estado colombiano, por cuenta, especialmente, del régimen político centralizado, que desde Bogotá, cree que resulta suficiente con mantener la unidad territorial a través del uso de los símbolos patrios y los imaginarios colectivos; y  asegurar el orden público con la represión de la fuerza pública.

La debilidad de los partidos políticos, la existencia de un presupuesto nacional que se ejecuta sin sentido de lo colectivo, de lo nacional; la crisis de la representación política en órganos legislativos y la inacción de la clase política de municipios y departamentos, son factores estructurales que ningún Gobierno ha estado interesado en abordar. Por el contrario, a través de Consejos comunales o los Acuerdos para la Prosperidad, lo que se busca es erosionar el poder local y regional de alcaldes y gobernadores que de manera sumisa aceptan la intervención del Gobierno nacional.

Todos estos factores pasan a un segundo plano cuando la gran prensa bogotana y los principales medios regionales concentran su atención en los enfrentamientos entre policías y manifestantes y en los bloqueos de vías principales. Lo cierto es que el régimen centralista en Colombia está en crisis y es urgente pensar y discutir un modelo federal o por lo menos, de una consensuada regionalización, que evite a toda costa que las decisiones de alcaldes y gobernadores estén supeditadas al poder presidencial que cada vez apela más a la estimagtización de la protesta y al uso de la fuerza para acallar las voces  de quienes al clamar por condiciones de vida digna, evidencian la inviabilidad de un régimen de poder que todos los días hace inviable a este país.

De cara a lo que se viene negociando en La Habana entre la cúpula de las Farc y el Gobierno de Santos, va quedando claro que los problemas de los colombianos que hoy hacen parte del paro nacional, poco interesan a las partes que dialogan, dado que a las Farc, de un lado, les conviene negociar con un régimen débil para evadir la justicia y llegar al Congreso y a otros escenarios legislativos regionales y locales, no para cambiar sustancialmente la estructura del régimen presidencialista que tanto daño le hace al país, sino para sobrevivir, en el amplio sentido del término y vivir los últimos años de sus vidas, del Establecimiento que no pudieron derrotar; y por el lado del Gobierno de Santos, es claro que la reelección es la máxima apuesta política, lo que de inmediato deja en un segundo plano la real intención de buscar la paz con aquel grupo guerrillero. 

Así las cosas, la democracia no es un escenario idílico o apacible, como muchos piensan que debe ser. Por el contrario, es un campo de lucha y conflictos permanentes en el que ojalá la discusión de ideas prevalezca por encima del uso de la violencia. Justamente, por culpa de un Gobierno que mira con desdén la protesta ciudadana, lo que debería de ser un diálogo entre los sectores rural y urbano, deviene en enfrentamientos violentos y en acciones de hecho que lo único que demuestran y confirman es la debilidad de un régimen que se hace llamar democrático, pero que cada vez más actúa con un carácter corporativo, que beneficia a reducidos sectores de poder nacional y transnacional.