HAY ALQUIEN QUE NO DEBE SUBIRSE EN EL "BUS DE LA PAZ"

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

El proceso de negociación que se adelanta en La Habana ha podido avanzar con un relativo consenso nacional, a pesar de que Santos cuenta con mayorías en el Congreso y de alguna manera con el respaldo de los medios masivos, en particular con el de la gran prensa bogotana.

La férrea oposición ejercida por el Centro Democrático, en cabeza de Uribe Vélez, un sector del Partido Conservador, liderado por Andrés Pastrana Arango y por supuesto, por las constantes críticas y reparos del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, han coadyuvado en buena medida para que aún haya un relativo respaldo social hacia los diálogos de paz. Ello, en el contexto de una sociedad atomizada y de una opinión pública poco preparada para asumir la discusión y el seguimiento de unas negociaciones, que pueden resultar determinantes para el devenir del país, en estadios de posguerra.

El país no se ha volcado a respaldar los diálogos de paz de La Habana porque el fin de las hostilidades, como el conflicto armado mismo, no atraviesan la vida de todos los colombianos. Esa es la respuesta social a un conflicto que ha sido, para millones de colombianos, un asunto periférico, esto es, lejano y solo visible en apartadas zonas rurales. Hay cientos de miles de colombianos que viven en sectores rurales y urbanos, a quienes poco o nada les interesa lo que suceda en torno a este asunto político y sus conexiones. Hay millones de colombianos resolviendo asuntos del día a día y no tienen ni la disposición mental y muchos, la formación política, para entender el trasfondo de las negociaciones y comprender lo que se viene para el país una vez se firme el fin del conflicto armado.

Con todo y lo anterior, las negociaciones entre Farc y Gobierno van enrutadas hacia la firma definitiva del fin del conflicto armado y la consecuente implementación de los acuerdos. Si bien existen salvedades de las Farc sobre varios asuntos, lo acordado hasta el momento, tiene el carácter de parcial, lo que indica que aún faltan temas por discutir y lograr acuerdos. Lo acordado hasta el momento, en los puntos que refieren a la cuestión agraria, participación política y drogas y cultivos de uso ilícito, más los avances en materia de cese unilateral al fuego, desminado y recientemente, la orden presidencial de no bombardear los campamentos de las Farc, han coadyuvado, en  buena forma, a fortalecer el proceso de paz.

Estamos ante un proceso maduro, del que hay que destacar la seriedad de las partes para avanzar hacia el objetivo final de ponerle fin al conflicto, a las hostilidades. Ello no quiere decir que la paz esté cerca. No. Por el contrario, es posible que el fin de la guerra interna esté cerca, pero la construcción de la paz, demande mucho más tiempo y enormes y mayores sacrificios. Y por ese camino, corremos el riesgo de no poder diseñar escenarios de paz, reconciliación y reconstrucción social y cultural y, mucho menos, de lograr cambios sustanciales en los ámbitos político y económico.

La preocupación de Santos no está, entonces, en la búsqueda de mayor apoyo social y político interno, hacia las conversaciones de paz de La Habana, sino a la generación de un consenso político nacional, en torno a la implementación de los acuerdos, en especial, alrededor de lo que tiene que ver con la justicia transicional que habrá que diseñar para juzgar a los líderes de las Farc, su participación en la vida política del país y su inserción al sistema político, la solución a los problemas agrarios y en general, en la profundización y ampliación de la democracia.

Para ello, el Presidente, en varias ocasiones, invitó a los detractores y críticos del proceso de paz para que se acercaran y conocieran los avances. Varias veces, Santos ha tenido que salir a desmentir inconvenientes rumores e imaginarios que señalan que en Cuba, se está negociando el modelo de Estado, la propiedad privada y el papel de las Fuerzas Armadas. Todo lo anterior, recogido en una nomenclatura que a muchos colombianos asusta: la llegada a Colombia del llamado Castro-chavismo.

En la histórica alocución presidencial del 10 de marzo de 2015, el Jefe del Estado no solo ordenó a las tropas cesar bombardeos contra campamentos de las Farc, por espacio de un mes, sino que anunció la conformación de una Comisión Asesora de Paz. De aparente conformación plural, el Presidente invitó a varios detractores del proceso de paz, a sumarse a dicha Comisión. De allí que invitara a líderes políticos y sociales para que se sumaran a la causa de la paz. Ya las Farc desde La Habana critican la composición de dicha Comisión, a la que consideran poco plural, porque de ella no hacen parte sectores indígenas, afros  y campesinos. Y tienen razón.

El llamado para conformar la Comisión Asesora de Paz fue aceptado por los conservadores Martha Lucía Ramírez y el ex presidente Andrés Pastrana Arango, Antanas Mockus, Clara López, dirigente del PDA, ex guerrilleros del M-19, ex oficiales del Ejército y miembros de la Iglesia Católica, entre otros. La invitación se extendió al ex presidente Uribe Vélez y Óscar Iván Zuluaga. Estos dos últimos declinaron, a pesar de que el mismo Procurador General instara a Uribe Vélez a que hiciera parte de la Comisión Asesora de Paz.

Hay quienes consideran que no es posible hablar de paz en Colombia, sin contar con la presencia y la aprobación de Uribe Vélez. Su aparente fuerza social, política y electoral, hace pensar a varios analistas en la urgente necesidad de contar con él. Es más, la propuesta de César Gaviria Trujillo de diseñar una justicia transicional para civiles (empresarios y agroindustriales, entre otros) que hayan apoyado, por ejemplo, la conformación de grupos paramilitares y de esta manera, se hayan hecho partícipes y aupadores de las hostilidades en el marco del conflicto armado interno, se leyó como una clara invitación a que Uribe dejara de criticar el proceso y se subiera al bus de la paz y aceptara incluir su nombre en la ampliada justicia transicional propuesta por el expresidentes Gaviria.

Difiero profundamente de la idea que señala que sin Uribe habrá una paz a medias, o que simplemente, no será posible concretarla. Por el contrario, observo con preocupación que Uribe Vélez proponga la extensión de los diálogos de paz hasta donde sea necesario, en respuesta dada al Procurador Ordóñez y a otras invitaciones que le han hecho para que apoye el proceso de La Habana. Ojalá que Santos, sus negociadores y las mismas Farc, no caigan en la trampa que el líder del Centro Democrático le está poniendo al proceso de paz y al país.

Como animal político, Uribe Vélez decide no montarse en el bus de la paz, pero propone una extensión en el tiempo de los diálogos entre Farc y Gobierno. Y lo hace, porque junto al Procurador Ordóñez, está preparando el regreso del uribismo al poder del Estado, para las elecciones de 2018. Será, en ese escenario electoral, en el que la sociedad colombiana y los electores, saldrán a respaldar o a rechazar lo acordado en La Habana, entre el Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc.

En ese punto es clave que quienes lleguen como candidatos a la Presidencia para el periodo 2018-2022, sean reconocidos por la opinión pública votante, como detractores de las conversaciones de paz, o por el contrario, como agentes que han secundado y apoyado el proceso de paz.

El uribismo, entonces, le apuesta a las elecciones regionales de octubre de 2015, en perspectiva de llegar fortalecidos para las elecciones de 2018, con la clara intención de capturar o de hacerse con lo acordado en el proceso de paz y, usarlo, para controlar y manejar las decisiones que se deban tomar, de cara a generar las transformaciones sociales, políticas y económicas que ya se sugieren en el Informe Conjunto y las otras que estén contenidas en los acuerdos finales.

Y está clara la estrategia de Uribe y del Centro Democrático para torcerle el camino a la implementación de los acuerdos de La Habana: generar miedo en las regiones golpeadas por las dinámicas del conflicto. Y lo piensan hacer, insistiendo en la idea que la propiedad privada se está negociando en La Habana y que, por tanto, se instaurará un régimen socialista.

De esta manera, permitir que Uribe se suba al bus de la paz conlleva enormes riesgos. Hay que procurar, por el contrario, mantener alejados al ex presidente y a sus áulicos del proceso de paz y de las decisiones que haya que tomar a la hora de implementar los acuerdos a los que lleguen las Farc y los negociadores de Santos. 

A Uribe hay que aislarlo y para ello, los periodistas deberían de asumir una postura política digna y minimizar la presencia del negativo líder político en los medios masivos. Y mientras ello sucede, el Gobierno de Santos debe hacer una mayor pedagogía por la paz y para ello debe contar con las empresas mediáticas. Y para ello, deberá aumentar la pauta oficial, con el fin de lograr el compromiso de propietarios de esos medios y de sus editores, con el objetivo de invisibilizar a quien podrá convertirse en el mayor obstáculo para la efectiva implementación de los acuerdos de La Habana. Hay que evitar, a toda costa, que Uribe se suba al bus de la paz.