Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El Estado colombiano deviene
débil y suele operar bajo altos niveles de descoordinación institucional, lo
que asegura total incapacidad para erigirse como un orden justo y capaz de
ordenar la vida dentro del territorio.
Esas características, en gran
parte, resultan de la acción política del centralismo y de una miope élite
bogotana, que han hecho posible decir que “Colombia
es más territorio que Estado”.
Hay que decir también, que el
Estado colombiano, con esas condiciones de debilidad y precariedad
institucional, le conviene[1] a
unas élites que han sabido sacar provecho[2] de
esas circunstancias en las que este suele operar.
El asunto es que no hay, al
interior del Estado colombiano, instituciones fuertes y consolidadas y una
clara idea del valor que tiene la institucionalidad que se desprende de la
acción cotidiana de esas instituciones estatales. Las instituciones suelen
verse afectadas o debilitadas por cuenta del carácter megalómano, las prácticas
autocráticas y clientelistas de quienes las dirigen. En cuanto a la
institucionalidad, esta suele verse afectada por todos aquellos funcionarios
que, a sabiendas de que deben ceñirse a los procedimientos reglados y a los
elementos de la cultura organizacional, terminan desconociéndolos y generando
“comportamientos paralelos” y “nuevos procedimientos”. Lo anterior funciona tanto para las instituciones
privadas, como para las públicas (estatales).
En Colombia, personajes como
Alejandro Ordóñez Maldonado, actual Procurador General de la Nación y el hoy
senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, se erigen como los mayores
responsables de procesos de debilitamiento de las instituciones del Estado. El
ex presidente lo hizo como Jefe de Estado y de Gobierno, y Ordóñez Maldonado, lo
viene haciendo en su calidad de Procurador General de la Nación. Dedicaré esta
columna a ese último y particular funcionario.
Ordóñez Maldonado convirtió la
Procuraduría General de la Nación en una suerte de fortín religioso, político y
electoral. Sometió la institucionalidad a sus caprichos morales y creencias
religiosas. Su carácter megalómano y sus claras aspiraciones para llegar a la
Casa de Nariño, han servido para que la Procuraduría deje de ser un órgano de
control de la función pública, defensor del medio ambiente, protector de los
derechos humanos y garante de los derechos colectivos, entre otras funciones.
Convertida la Procuraduría, como
institución y edificio, en una trinchera ideológica desde donde persiguió a la
comunidad LGTBI, a las mujeres y a todo aquel que no comulgara con sus ideas
premodernas, Ordóñez ha desobedecido, en reiteradas ocasiones, fallos de la
Corte Constitucional, relacionados con casos de aborto, ampliación del concepto
de familia y la eutanasia, entre otros temas.
En los últimos meses, como si
fuera pre candidato presidencial, viene enfilando baterías contra el Proceso de
Paz de La Habana y el propio Presidente. Los enfrentamientos verbales entre
Santos y el Jefe del Ministerio Público poco aportan a la consolidación de una
política de paz coherente al interior del Estado. Por el contrario, impiden la
generación de consensos y debilitan las relaciones interinstitucionales.
No se trata de un enfrentamiento
entre instituciones, sino de conflictos personales y personalizados, que
debilitan la institucionalidad y reducen un tema de Estado, como la búsqueda de
la paz, a un asunto ideológico que solo se puede resolverse desde las
particulares formas de pensar del Presidente y por supuesto, del Procurador.
De llegarse a la firma del fin
del conflicto armado con las Farc, el país necesitará de un Procurador y de una
Procuraduría distintas. En un escenario de posacuerdos e incluso, de un
esperado estadio de posconflicto, se requerirá de un perfil distinto para quien
vaya a ejercer las funciones de Jefe del Ministerio Público. El país necesita
de un Procurador General con un talante liberal, desde una perspectiva
filosófica. Ojalá sea agnóstico. Y si es creyente, que respete a quienes
piensan distinto en materia de creencias religiosas.
Que sepa y respete las jerarquías
institucionales y entienda que la Corte Constitucional viene tomando decisiones
claves en aras de garantizar que de verdad vivamos dentro de un Estado Social
de Derecho. Como individuo, tiene derecho a no aceptar la eutanasia, la
posibilidad de abortar en los tres casos aprobados por la Corte Constitucional
y de oponerse al matrimonio igualitario. Pero como funcionario, debe acatar y respetar
las decisiones de los magistrados de esa Corporación y el reciente decreto con
el que el Gobierno de Santos reglamentó la eutanasia en Colombia.
Y quizás el punto más importante
en términos políticos: que no actúe como un gamonal y Cacique político. Resulta inaceptable que haya un Procurador con
tanto poder clientelar como el que ha acumulado Ordóñez Maldonado. Tanto es su
poder político, que el Consejo de Estado no ha podido tomar una decisión frente
a la demanda de su espuria reelección. El país espera un fallo en derecho que
señale su salida del Ministerio Público, y de esa manera, se dé un respiro a
esa institución y a su institucionalidad.
Así entonces, el país de los posacuerdos necesitará de un Procurador que
cumpla con las funciones constitucionales (véase Artículo 277 de la Carta
Política). En la Procuraduría no se necesita un patriota, un fanático religioso
y un Cacique político. Se requiere un funcionario que actúe y piense como
ciudadano. No más.
Imagen tomada de elespectador.com
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