Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Las
negociaciones de paz de La Habana se distancian y se diferencian de otras
experiencias ocurridas en el país, en varios aspectos o elementos, a saber; el
primero, el reconocimiento de las víctimas y la imperiosa necesidad de asegurar
niveles razonables de verdad, justicia, reparación y no repetición. El segundo
aspecto, tiene que ver con la existencia de una Agenda concreta de seis puntos.
Un tercer elemento, está dado en que los diálogos se desarrollan sin el despeje
de territorios tal y como sucedió con la experiencia del Caguán; y un cuarto
aspecto, que guarda relación con la noción de Paz Territorial. Sobre este último
elemento, gira esta columna.
Sobre
esa perspectiva de Paz Territorial, el país deberá y podrá avanzar hacia la
construcción de escenarios de posacuerdos[1],
siempre y cuando se firme el fin del conflicto armado entre las Farc y el
Estado colombiano.
La
construcción y consolidación de escenarios de posacuerdos, en perspectiva de
Paz Territorial, significa e implica reconocer que los efectos sociales,
ambientales, económicos, culturales y políticos que dejan los enfrentamientos
entre las guerrillas y el Estado, no han sido homogéneos en todas las regiones.
Es decir, que hay zonas y territorios, que han sido especialmente golpeados por
las dinámicas de un conflicto armado que jamás alcanzó el carácter nacional.
Consecuente con
la naturaleza de un conflicto armado interno que jamás alcanzó el carácter
nacional, en las negociaciones de paz que se adelantan en territorio cubano se
habla de paz territorial,
esto es, una idea de paz diferenciada en consonancia con una realidad: el
conflicto armado y sus dinámicas tuvieron disímiles expresiones y efectos en
territorios, circunstancias estas que hacen pensar en la construcción de una
paz igualmente diferenciada y a tono con necesidades particulares.
“La paz se
construye desde los territorios que más han sufrido la guerra”[2] ha dicho en
reiteradas ocasiones Sergio Jaramillo, miembro de la comisión del
Gobierno que dialoga y negocia con los miembros de las Farc. No se trata de una
frase más. Es, por el contrario, el norte de los escenarios de posacuerdos y
posconflicto que se puedan concebir, implementar y consolidar, después de la
firma del acuerdo con el que se pondrá fin al conflicto armado interno.
Mirada y
entendida como una estrategia para la implementación de los acuerdos a los que
lleguen el Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc, la paz territorial demandará no sólo el fortalecimiento
del Estado en las regiones en donde las dinámicas del conflicto afectaron la
vida de comunidades campesinas, afro e indígenas, entre otras, sino el
reconocimiento político de los enormes daños que de tiempo atrás viene dejando
el centralismo bogotano. No somos el país descentralizado que muchos promulgan.
De no lograrse
un redireccionamiento en la misión del Estado central, en relación con las
demandas y realidades particulares de cada región, lo acordado en la mesa de La
Habana no logrará implementarse y por ese camino, la paz se alejará como
propósito político de reconciliación y de no repetición de los errores y de los
crímenes cometidos en el pasado, que coadyuvaron a la expansión del conflicto
armado interno.
Se va a
necesitar que el Estado colombiano, débil, precario, cooptado y capturado por
disímiles mafias clientelares y élites de poder incapaces de guiar los destinos
de la Nación, se transforme en un orden social, político, económico y cultural
acorde con las exigencias que lo acordado en La Habana demanda, en aras de
consolidar la paz y la convivencia en todo el territorio nacional. Ese es y
será el gran reto que desde las regiones se deberá emprender, claro está, con
el concurso decidido de un “nuevo” centralismo bogotano.
La élite
bogotana debe aceptar que falló en la guía de un Estado que no logró
consolidarse en todo el territorio y que coadyuvó, en buena medida, a mantener
una idea de regiones diferenciadas, con el claro propósito de impedir la
consolidación de un proyecto de Nación incluyente. Claro que las élites
regionales también aportaron a la consolidación de un país de regiones que en
lugar de compartir mitos fundantes en torno a una idea de ser colombiano,
parecen compartir, sin mayor repudio, un ethos
mafioso que ha contaminado la función pública, desde muy precisos intereses
privados.
Dice el propio
Enrique Santos Calderón, que “no habrá transición hacia una paz
estable y duradera si no se apoya en pactos políticos locales, regionales y
nacionales y en amplios consensos sociales…”[3].
¿Tendrán las élites locales y regionales, incluyendo la bogotana, la capacidad
para entender que una paz territorial demandará de ellos fuertes sacrificios
para consolidar en sus territorios modelos de paz acordes con viejas demandas
sociales y con las que acompañen la estructura discursiva de los acuerdos
finales de La Habana? Esa es una pregunta que muy seguramente servirá para
medir el talante democrático y el liderazgo de unas élites sobre las que recaen
responsabilidades en el surgimiento y en la extensión en el tiempo del
conflicto armado interno.
Así entonces,
la paz territorial es, desde ya, la oportunidad para que
grupos de poder, de interés y élites sean capaces de redireccionar y cambiar el
destino de ese “nuevo barco” que llamado Colombia, se está reconstruyendo en
ese astillero de La Habana; serán co-responsables tanto del naufragio, como del
mantenimiento a flote de esa embarcación que lleva en su carga las llaves de la
paz en perspectiva territorial. Amanecerá y veremos. Lo claro es que el camino
hacia la consolidación de una paz estable y duradera, estará lleno de
trabas, obstáculos, enemigos y detractores. No será fácil.
Y no será fácil
en la medida en que el componente de seguridad será definitivo para la
implementación de los acuerdos de paz. Y no me refiero exclusivamente a la
seguridad que brinden las fuerzas armadas estatales, sino a condiciones
democráticas asociadas a la seguridad alimentaria, la participación política y
el ejercicio seguro de derechos y libertades ciudadanas.
Por ello, la
idea de una policía rural,
de la que puedan hacer parte guerrilleros desmovilizados, será clave para
reelaborar o recomponer los lazos sociales y las prácticas culturales que el
conflicto armado interno y los actores armados afectaron negativamente.
Mientras esa policía rural cumple esas y otras funciones, le
corresponderá a las fuerzas militares continuar combatiendo a grupos de narcos,
paras y disidencias guerrilleras que intenten copar los territorios y continuar
con actividades ilícitas y criminales (minería ilegal, contrabando y
narcotráfico, entre otras)[4].
Cali, ciudad región en perspectiva de
paz territorial
Como
centro de poder económico y político del sur occidente, la ciudad de Cali
debería de jugar un papel definitivo en la construcción de escenarios de
posacuerdos en perspectiva de paz territorial, en la medida en que la capital
del Valle del Cauca, es una de las principales ciudades receptoras de
desplazados, debido a las acciones y las decisiones tomadas por los actores
armados enfrentados en territorios en disputa, localizados en Nariño, Cauca y
el Chocó.
La
pregunta es: ¿está la ciudad, políticamente, preparada para asumir un papel
protagónico en una eventual fase de posacuerdos? Creo que no. Y la negativa
respuesta está dada en la manifiesta debilidad y el desinterés de sus élites
empresarial, social y política, para semejante reto. La atención a la población
desplazada[5]
que ha llegado a Cali es un factor que dice bastante de la capacidad operativa
e instalada de la ciudad y del interés de las élites política y económica, para
hacer frente a una grave situación humanitaria, que viene a hacer aún más
difícil las circunstancias de pobreza y marginalidad que de tiempo atrás la
“Sucursal del cielo” afronta.
Se
requerirá de un gran pacto político para hacer que la ciudad asuma la paz
territorial como un asunto prioritario, en la medida en que el desplazamiento
forzado, como consecuencia de las hostilidades y las dinámicas de la guerra
interna, se viene constituyendo en un factor de riesgo y de conflicto para los
caleños.
Asumir
un papel activo y consecuente con las condiciones de una paz territorial, exige
que las élites caleña y vallecaucana, dialoguen con sus similares de Nariño,
Cauca y Chocó, con el fin de exigirle al Estado central, un tratamiento
regional, en la medida en que hacerlo de manera individual, por departamento,
terminaría por dejar a la ciudad de Cali por fuera de las acciones que el
Estado nacional deberá emprender para asegurar condiciones para el
establecimiento de escenarios de posacuerdos y con el tiempo, de posconflicto.
Lo
anterior exige el compromiso político, la capacidad y el interés de los
diputados, concejales, alcaldes y gobernadores, que resulten electos el 25 de
octubre de 201[6],
para presentar ante el Gobierno central, proyectos de desarrollo y acciones
encaminadas a asegurar escenarios de posacuerdos y posconflicto, en la
perspectiva de una paz territorial regional
(del suroccidente), articulada a partir de las demandas de una ciudad que
como Cali, viene recibiendo ciudadanos expulsados de Nariño, Cauca y Chocó,
debido a las dinámicas del conflicto armado y a las expectativas que
desplazados y migrantes por razones económicas y ambientales, se hacen
alrededor de la ciudad de Cali, como epicentro de desarrollo y oportunidades
del suroccidente colombiano.
Lo
anterior demanda un liderazgo político que, en las actuales condiciones de la
ciudad y el departamento, los candidatos a la alcaldía y la gobernación no
exhiben de manera clara y en la perspectiva planteada aquí. Esto es, la
búsqueda de recursos y la implementación de acciones para asegurar una paz territorial regional, que le dé a
Cali un lugar protagónico en la consolidación de escenarios de posacuerdo y de
posconflicto y por esa vía, le garantice a los desplazados que han llegado a
Cali, la atención prioritaria, digna y humana, que su condición demanda. No se
trata de replicar el modelo centralizado
bogotano, en esta región del suroccidente. No. De lo que se trata es de pensar
una región golpeada de disímiles maneras por las dinámicas del conflicto armado
interno.
La crisis
programática e ideológica de los partidos tradicionales y la poca claridad
política de los movimientos políticos recientemente creados, hacen improbable
que desde las direcciones de dichas colectividades, se puedan presentar
candidatos a las alcaldías de Cali, San Juan de Pasto y Quibdó, y a las
gobernaciones del Valle, Pasto y Chocó, que tengan como metas diseñar
escenarios de posacuerdos, en perspectiva de paz territorial regional.
[2]
Tomado
de Santos Calderón, Enrique. Así empezó todo. El primer cara a cara secreto
entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Bogota, Intermedio Editores,
2014. p. 128.
[3]
Tomado
de Santos Calderón, Enrique. Así empezó todo. El primer cara a cara secreto
entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Bogota, Intermedio Editores,
2014. p. 129-130.
[4] Apartes tomados de http://laotratribuna1.blogspot.com/2015/02/las-exigencias-de-la-paz-territorial.html
[5] Cifras oficiales hablan de 85 mil hasta 2011. Recientemente, la
Personería municipal habló de 132 mil personas que han llegado a Cali huyendo
de diversas formas de violencia.
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