Por
Germán Ayala Osorio, comunicador social
y politólogo
Coincidieron
en el tiempo dos hechos políticos y noticiosos de una enorme importancia y
trascendencia. De un lado, el acuerdo sobre
“Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”,
incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos, al que llegaron las Farc y el Gobierno
de Santos. Y del otro, el fallo absolutorio que la Corte Suprema de Justicia
profirió a favor del Coronel (r), Alfonso Plazas Vega.
Vamos a pensar que la coincidencia es meramente
temporal y que por lo tanto no hay lugar a lecturas maliciosas. Pero lo que no
se puede evitar es el establecimiento de inferencias alrededor del significado
y sobre todo, de las repercusiones que los dos hechos generarán en un país que
continúa entendiendo el conflicto y las conversaciones de La Habana desde la
reducida dicotomía entre Buenos y Malos.
En medio de la pugnacidad ideológica y política que
desde la Procuraduría General de la Nación y el Centro Democrático vienen proponiendo
Alejandro Ordóñez Maldonado y el senador Uribe, el fallo de tercera instancia
que absuelve a Plazas Vega puede servir para bajarle la temperatura a la
polarización que genera lo acordado en La Habana, en lo que concierne a las
penas alternativas que recibirán los miembros de las Farc de parte de la
acordada Jurisdicción Especial de Paz.
De esta manera, se abre la posibilidad para que los
sectores societales afectos a las Fuerzas Armadas terminen por bajarle la presión
al Proceso de Paz y acepten colaborar para que el posconflicto[1]
sea una realidad para Colombia.
Lo mismo puede suceder con aquellas fracciones que
al interior de las Fuerzas Militares, en especial dentro del Ejército, no apoyan
los diálogos de paz y mucho menos ven con buenos ojos el sentido de lo acordado
en términos de justicia transicional y el establecimiento de responsabilidades
por crímenes cometidos en razón del conflicto armado, por parte de miembros de esa fuerza que han sido
juzgados y condenados por “falsos positivos”, la retoma del Palacio de Justicia,
como en el caso de Plazas Vega, y por vínculos con agrupaciones paramilitares.
Si esa línea interpretativa tiene sentido y asidero,
podrían entonces venir otros fallos absolutorios a favor de generales y
coroneles, entre otros altos oficiales, que vienen siendo procesados por
crímenes y la violación de los derechos humanos en el contexto de un degradado
conflicto armado interno.
Finalmente, lo que se necesita es pasar lo antes
posible esta horrorosa página de nuestra historia. Y para lograrlo, es
importante que las Fuerzas Armadas, como actor armado y político, se
comprometan a respaldar los acuerdos de La Habana sobre la base de que sus
“insignes altos oficiales” no paguen largas condenas, mientras que por razones
de una negociación política, miembros de las Farc reciban penas restrictivas y
alternativas a la libertad.
En esa lógica, se espera que la opinión pública -y
publicada- termine por entender y aceptar que sobre la base de polémicas
decisiones jurídico-políticas, la paz, la reconciliación y el posconflicto
pueden ser una realidad para Colombia. Necesitamos, como sociedad, tragarnos enormes sapos que vienen de
todos los bandos enfrentados.
Lo que la sociedad colombiana debe aprender de este
largo y degradado conflicto es que los combatientes, los guerreros y toda la
lógica militar, deberán quedar proscritas y desterradas hasta que la sociedad
civil logre impulsar y consolidar la civilidad[2]
que el posconflicto demandará.
Debemos hacer todo para que el espíritu que guió la
vida de los combatientes, guerrilleros y militares, quede confinado para
siempre en alejados cuarteles de invierno. Solo así podremos reivindicar la
condición civil[3],
que unos y otros se encargaron de despreciar, atacar, violentar y minimizar.
Imagen tomada de internet: http://alponiente.com/wp-content/uploads/2015/03/plazasvega.jpg
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