Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Conocido el contenido del Nuevo
Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana, y más allá del sentido de los ajustes y
las diferencias existentes con el anterior documento que puso fin al conflicto
armado entre el Estado y las Farc, deberíamos de concentrarnos en los efectos
políticos inmediatos que deja y dejará este Nuevo Acuerdo de Paz.
El primer efecto político del
nuevo pacto de paz entre los dos actores armados, es el resquebrajamiento del “Bloque
de Oposición” que conformaron sectores de poder que se hicieron al apretado
triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre. De ese proceso de “separación” quedará, en una sola y única bolsa, lo que en el
país se conoce como el “uribismo[1]”, del
que hacen parte natural los miembros del Centro Democrático, con el liderazgo
de su líder y propietario, Álvaro Uribe Vélez, y el recién llegado a esas
toldas, el ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado[2].
La atomización resultante de esa
división de ese “Bloque del NO”, gracias al beneplácito mostrado por sectores
cristianos cercanos a las ideas religiosas de la senadora Vivian Morales y de
Jimmy Chamorro, deja un segundo efecto político: el Presidente y el Acuerdo
mismo, recuperan la legitimidad necesaria, de cara al mecanismo que acuerden
los negociadores del Gobierno y los de las Farc para refrendar el Nuevo Acuerdo
de Paz.
Si se decide convocar a un nuevo
plebliscito, es probable que el SI triunfe, siempre y cuando los cristianos que
ya manifestaron estar conformes con los cambios introducidos en el nuevo texto,
en particular con el tema del enfoque de género y el concepto de familia,
inviten a sus feligreses y seguidores a aprobar
el Nuevo Acuerdo. Es claro que en la jornada electoral del 2 de octubre,
las iglesias y congregaciones cristianas y pentecostales, entre otras, jugaron
como actores políticos que al final hicieron que la balanza se inclinara hacia
el NO[3]. Eso
sí, sus líderes espirituales-políticos, apelaron a engaños, al miedo y a las lecturas equívocas del documento
inicial pactado entre las Farc y el Gobierno de Santos. Y para ello, contaron
con el apoyo de varios Medios de Comunicación, entre estos, con el Noticiero
RCN[4], que
cada vez más actúan como actores políticos que usan la información para
satisfacer intereses políticos.
Eso sí, no deja de resultar
riesgoso, electoral y políticamente, convocar a un nuevo escenario de
refrendación, en especial por el corto tiempo transcurrido desde el 2 de
octubre, los históricos niveles de abstención y la escasa cultura política de los
colombianos que a pesar de no haber leído el anterior Acuerdo, millones votaron
NO y otros tantos se dejaron engañar por la campaña que lideró el confeso
timador[5], Juan
Carlos Vélez, quien desde el Centro Democrático manipuló a un electorado mal
informado y poco preparado para discutir asuntos públicos de especial
trascendencia como conseguir ponerle fin al conflicto armado interno; y otros
tantos millones que optaron por el SI, sin haber comprendido lo que estaban
refrendando ese 2 de octubre.
Los negociadores del Gobierno y
de las Farc deberán sopesar esas circunstancias y decidir cuál es el camino más
seguro y expedito para refrendar este Nuevo Acuerdo de Paz. Lo cierto es que el
plebiscito como mecanismo refrendatorio, no ofrece garantía de éxito, por las
circunstancias ya descritas. Deben pensar, entonces, en otro mecanismo.
Por ahora, el país sigue
esperando un mayor y firme liderazgo del actual Presidente del Congreso, porque
el mejor escenario para implementar lo acordado en La Habana es el legislativo.
Su voz es poco respetada por las fuerzas políticas que solo esperan el
escenario electoral de 2018 para “aceitar” sus maquinarias y clientelas. Huelga
recordar que para el plebiscito del 2 de octubre, caciques y líderes políticos
de la Unidad Nacional poco movilizaron a sus clientelas para que masivamente
dijeran SI, al anterior y malogrado Acuerdo.
De cara al escenario electoral de
2018, y como lo señalé líneas arriba, la polarización política quedará reducida
y por cuenta de las acciones mediáticas y políticas que emprenda el Centro Democrático, en especial aquellas con
las que claramente el ex presidente Uribe Vélez buscará “recuperar” el poder
político, para desconocer el Nuevo Acuerdo y de esta forma obligar a las Farc a
levantarse del Proceso de Paz y de esa forma extender en el tiempo la
negociación, eso sí, en los términos que más le convienen al senador Uribe y a
los sectores agroindustriales, ganadero y empresarial que él representa de
tiempo atrás.
El 2018 será el escenario
político y electoral en el que una parte del país le apostará a consolidar una
paz estable y duradera; mientras que la otra parte, se la jugará por oponerse a
la implementación de lo acordado en Cuba, tratando de desconocer el carácter de
Acuerdo Especial de Paz con el que el orden internacional recibe y acepta el
documento firmado días atrás en la Mesa de La Habana.
Desde ya, el electorado
colombiano deberá aprender a reconocer quiénes de los precandidatos
presidenciales que ya exponen de manera temprana sus aspiraciones políticas y representan
de una mejor manera, a los sectores de poder que se oponen a la consolidación de
la paz estable y duradera de la que se habla en el Nuevo Acuerdo Final. He aquí
algunos de los precandidatos presidenciales que representan los intereses de
quienes insisten en mantener privilegios e insistir en el modelo de producción
agraria que le dio el sentido agrario al conflicto armado: el latifundio.
Este modelo es defendido a
dentelladas por Alejandro Ordóñez Maldonado[6],
Germán Vargas Lleras[7],
Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque, entre otros, aspirantes a llegar a la
Presidencia en 2018[8]. Todos los anteriores,
sujetos a las directrices y órdenes que
Uribe señale, por cuanto el hoy senador es quien con mayor ahínco y fiereza
defiende dicho modelo de producción agraria, con el denodado apoyo editorial e informativo del
Noticiero RCN[9].
Así entonces, mientras los medios
masivos y el periodismo en general insistirán en hablarnos de que el país
continúa polarizado entre los liderazgos de Uribe y Santos, la verdad es que lo
que se avecina para el país es la disputa entre dos modelos de producción que,
según el Nuevo Acuerdo Final, deberán convivir. El reto está allí. Superemos
entonces la polarización ideológica en las que Uribe metió al país desde el
2002, y adentrémonos en la necesidad de exigir que ambos modelos sobrevivan
dentro del territorio. Y lo haremos, cuando comprendamos que mientras el
minifundio, en cabeza de campesinos[10],
afrocolombianos e indígenas, busca garantizar la seguridad alimentaria de
millones de colombianos, el latifundio solo asegura la producción concentrada
de la riqueza en unos pocos y la producción de “comida para los carros”.
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