Quizás el punto más álgido y polémico del proceso de paz de La Habana,
sea el del modelo de Justicia Transicional[1] que el país deberá
diseñar e implementar hacia el futuro, en aras de asegurar Verdad, Justicia,
Reparación y Reformas Institucionales, que aseguren la no repetición de los
eventos y circunstancias que facilitaron y legitimaron el levantamiento armado
y las condiciones de anormalidad, anomia social y múltiples violencias,
asociadas al conflicto armado interno.
Con todo y los acuerdos preliminares sobre varios de los puntos de la
Agenda pactada, el país aún no asume la discusión pública de lo que implicará
para el Estado y la nación, el diseño y la aplicación de una Justicia Transicional[2] que asegure Verdad,
Justicia, Reparación a víctimas y Reformas Institucionales.
Debido a los cuestionamientos y reparos del Procurador Ordóñez y del
Centro Democrático, en torno a varios de los elementos constitutivos de la
Justicia Transicional que se discuten en La Habana, y a los ligeros
tratamientos periodísticos de los medios de comunicación, la opinión pública
parece reducir la Justicia Transicional, al juzgamiento y condena de los
líderes de las Farc, por la comisión de delitos de lesa humanidad y/o delitos
de guerra. Es decir, que haya cárcel efectiva y privación de la libertad de los
máximos jefes de dicha organización armada.
De esta manera, cientos de miles de colombianos creen que la Justicia Transicional
solo está para establecer niveles de verdad, justicia y reparación, en torno a
las acciones de un solo actor armado, que para el caso que nos ocupa, son las
Farc. Nada más inconveniente que reducir dicho de tipo de justicia, al cumplimiento
de esas condiciones, en relación con uno solo de los actores armados que
participaron y participan aún de las hostilidades.
Sin duda, habrá que investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de las violaciones de los derechos humanos, en el contexto de un
degradado conflicto armado interno, del que participaron tres actores armados:
la Fuerza Pública, en representación del Estado, las guerrillas y los
paramilitares. Estos actores armados son responsables de manera directa de las
violaciones al DIH y a los DDHH. Pero hay otros actores no armados, que también
deben responder por haber apoyado económica, social y políticamente a los
grupos paramilitares y guerrilleros y por haber instigado, azuzado y aupado, a
miembros de la Fuerza Pública, para que violaran de manera directa y
sistemática los derechos humanos y desconocieran las normas del DIH.
Poco se habla de las
reformas institucionales que el país deberá emprender para asegurar, en la transición de un estadio de guerra, a
uno de paz, restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones de
justicia, en las Fuerzas Armadas, en las élites, los partidos políticos, y en
general, en el Estado.
Pensar la Justicia Transicional,
exclusivamente, como un sistema especial y excepcional de juzgamiento penal de
uno o de varios de los miembros de las organizaciones combatientes, no solo es
un error de apreciación conceptual, sino un salto al vacío en el esfuerzo de
ponerle fin al conflicto armado a través de la negociación política y, por ese
camino, alcanzar una paz estable y duradera.
Es claro que el
colombiano promedio no confía en el Estado y en sus instituciones, debido,
precisamente, a que dicho orden social y político deviene privatizado, débil y capturado por disímiles tipos de mafias, que
operan la institucionalidad para asegurar beneficios a unos reducidos grupos de
poder y de interés.
Poco o nada están
haciendo el Congreso de la República y el Gobierno de Santos para el logro de
las reformas institucionales que el país necesita. Dirán algunos que la discusión
de la reforma política al equilibrio de poderes, apunta hacia el cumplimiento
de ese elemento constitutivo de la Justicia Transicional. Pero es claro que no
es suficiente.
De igual manera, no se
escucha a los banqueros, ganaderos, élites[3], empresarios y en general, a los grandes ricos,
en asocio con los partidos políticos, reconocer que el país requiere de nuevas
instituciones, no solo para cumplir con las exigencias de un tipo de justicia
excepcional y temporal, sino para asegurar, en el mediano y largo plazo,
escenarios de paz y convivencia.
Colombia debe
transformarse culturalmente. Y ello implica proscribir el ethos mafioso que se ha inoculado en la política, en las relaciones
sociales y que claramente es promovido por los medios de comunicación[4] y los canales privados
de televisión, a través de la producción noticiosa y seriados como Los Tres
Caínes, Sin Tetas no hay paraíso, Las muñecas de la mafia, Tiro de Gracia,
Rosario Tijeras, El Capo y El Cartel de los Sapos, entre otras; producciones
estas, que insisten en posicionar imaginarios y representaciones sociales
asociadas a la idea de Machos, de “Héroes”, en el contexto de una cultura
machista, conservadora y goda como la colombiana.
Finalmente, la Justicia
Transicional debe pensarse en clave de civilidad y de consolidación de los
fallidos procesos civilizatorios[5] que Colombia exhibe de
tiempo atrás.
Respetar las normas,
la ley, ampliar la democracia, devolverle al Estado y a la función pública, el
sentido de lo colectivo que el clientelismo les arrebató; lograr, por fin, una
reforma agraria integral y la socialización de la riqueza que se produce dentro
del país, son algunas de las circunstancias que bien deben acompañar a las
reformas institucionales de una esperada y hasta ahora mal comprendida,
Justicia Transicional[6].
Lo que viene
sucediendo con la extranjerización de la tierra en Colombia, la eterna
debilidad de la justicia y la histórica y creciente corrupción estatal y
privada, que recientemente tocó las huestes de la Corte Constitucional,
coadyuvan en gran medida a dudar de la capacidad, compromiso e interés de los
colombianos para construir unas nuevas instituciones estatales y reconsiderar
imaginarios y representaciones sociales en torno al sentido de lo público, de
la política.
Las anteriores circunstancias
contextuales se convierten en verdaderos obstáculos, que claramente impedirán
que los objetivos de la Justicia Transicional se alcancen, en especial aquellos
que tienen que ver con el restablecimiento y/o establecimiento de condiciones
de convivencia pacífica, el reconocimiento de los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno y la promoción de la confianza de los ciudadanos en la
función pública y en la privada, así como en la comprensión y exigencia de
valores y principios democráticos.
Por ahora, es claro
que la Justicia Transicional tiene un relativo y/o empobrecido lugar en la
sociedad, en la política nacional y en los medios de comunicación. Amanecerá y
veremos.
Imagen tomada de colombiaopina.wordpress.com
[2] Agradezco al profesor Oscar Duque
Sandoval, quien en el marco de la Cátedra de la Paz de la Universidad Autónoma
de Occidente, la conferencia que recientemente dictó sobre Justicia Transicional. Eso sí, los errores en los que incurra o los vacíos conceptúales
en los que haya incurrido en esta columna, solo comprometen al autor de la
misma.
