Germán Ayala Osorio, profesor Asociado y politólogo de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali- Colombia.
Siguiendo con la tarea de revisar el documento Política de Defensa y Seguridad Democrática, me permito en esta segunda oportunidad, agregar los seguimientos elementos evaluativos de la polémica política.
Quizás el mayor vacío o problema que ofrece la cacareada política de seguridad democrática está en que desconoce la existencia del conflicto armado interno y las consecuencias objetivas que llevaron al levantamiento armado de varios grupos guerrilleros y de los cuales sobreviven dos, las FARC y ELN. En la presentación del documento el Presidente señala: “la Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno."[1]
No basta con decir que el país enfrenta a una amenaza terrorista para borrar un pasado de ilegitimidad del Estado colombiano. Es ingenuo, peligroso e inconveniente reducir un conflicto interno de más de cuarenta años a la existencia de grupos terroristas que amenazan al Estado y a la población civil. Que las FARC apelan al terrorismo no se puede desconocer, pero no se pueden borrar tan fácilmente las circunstancias objetivas que de alguna manera justificaron su levantamiento: extrema pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos, partidos políticos y clase política asociados para defraudar el erario público y la aún incontenible violencia política, entre otros. Esas condiciones históricas que hacen ilegítimo al Estado colombiano no se desvanecen por el solo hecho de que hoy las FARC y el ELN sean agrupaciones mafiosas o carteles de la droga armados sin orientación ideológica.
El anterior desconocimiento hace que la política de seguridad democrática parta de una falacia, de un engaño, de ahí la necesidad de hacer legítimo al Estado colombiano combatiendo esas circunstancias objetivas e históricas. Esa es la tarea que está pendiente y que Uribe fue incapaz de alcanzar en estas dos administraciones. Y es así porque está convencido de que los problemas del país se reducen a las FARC y que aquellas condiciones históricas son asuntos asociados a causas naturales y culturales propias de comunidades perezosas e incapaces de incrustarse en las lógicas del mercado libre.
En ese mismo sentido, la seguridad democrática deja por fuera elementos como la seguridad alimentaria, la seguridad social y laboral. Poco avanzaremos en esta materia si la práctica del monocultivo de palma africana y caña, entre otros, garantizan el poder agroindustrial de beneficio reducido que no garantiza, por ejemplo, que la población del país acceda a alimentos básicos a precios razonables. ¿Qué ha hecho el ministro Uribito en materia de seguridad alimentaria? ¿Qué se ha hecho para garantizar que existan comunidades campesinas dedicadas a mantener despensas en un país con vocación agrícola?
En cuánto a la seguridad social y laboral, me pregunto: ¿en estos tiempos de crisis económicas y de incertidumbre laboral qué medidas ha tomado el Gobierno de Uribe?
Otro problema que ofrece la política de seguridad democrática y las actividades que garantizaron su ejecución es que no hubo seguimientos efectivos, evaluaciones y menos aún controles desde agentes de la sociedad civil y el propio Congreso. El gobierno Uribe ha hecho de la política de seguridad democrática un festín presupuestal para mantener a gusto a una cúpula militar burocratizada y dar vida al millón de sapos de la red de informantes, entre otras estrategias, dejando mandos medios y bajos se ‘rebusquen’ con los falsos positivos.
Quizás el mayor vacío o problema que ofrece la cacareada política de seguridad democrática está en que desconoce la existencia del conflicto armado interno y las consecuencias objetivas que llevaron al levantamiento armado de varios grupos guerrilleros y de los cuales sobreviven dos, las FARC y ELN. En la presentación del documento el Presidente señala: “la Seguridad Democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política. Este Gobierno no hace suyas concepciones de otras épocas como la "Seguridad Nacional" en América Latina, que partía de considerar a un grupo ideológico o partido político como "enemigo interno."[1]
No basta con decir que el país enfrenta a una amenaza terrorista para borrar un pasado de ilegitimidad del Estado colombiano. Es ingenuo, peligroso e inconveniente reducir un conflicto interno de más de cuarenta años a la existencia de grupos terroristas que amenazan al Estado y a la población civil. Que las FARC apelan al terrorismo no se puede desconocer, pero no se pueden borrar tan fácilmente las circunstancias objetivas que de alguna manera justificaron su levantamiento: extrema pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos, partidos políticos y clase política asociados para defraudar el erario público y la aún incontenible violencia política, entre otros. Esas condiciones históricas que hacen ilegítimo al Estado colombiano no se desvanecen por el solo hecho de que hoy las FARC y el ELN sean agrupaciones mafiosas o carteles de la droga armados sin orientación ideológica.
El anterior desconocimiento hace que la política de seguridad democrática parta de una falacia, de un engaño, de ahí la necesidad de hacer legítimo al Estado colombiano combatiendo esas circunstancias objetivas e históricas. Esa es la tarea que está pendiente y que Uribe fue incapaz de alcanzar en estas dos administraciones. Y es así porque está convencido de que los problemas del país se reducen a las FARC y que aquellas condiciones históricas son asuntos asociados a causas naturales y culturales propias de comunidades perezosas e incapaces de incrustarse en las lógicas del mercado libre.
En ese mismo sentido, la seguridad democrática deja por fuera elementos como la seguridad alimentaria, la seguridad social y laboral. Poco avanzaremos en esta materia si la práctica del monocultivo de palma africana y caña, entre otros, garantizan el poder agroindustrial de beneficio reducido que no garantiza, por ejemplo, que la población del país acceda a alimentos básicos a precios razonables. ¿Qué ha hecho el ministro Uribito en materia de seguridad alimentaria? ¿Qué se ha hecho para garantizar que existan comunidades campesinas dedicadas a mantener despensas en un país con vocación agrícola?
En cuánto a la seguridad social y laboral, me pregunto: ¿en estos tiempos de crisis económicas y de incertidumbre laboral qué medidas ha tomado el Gobierno de Uribe?
Otro problema que ofrece la política de seguridad democrática y las actividades que garantizaron su ejecución es que no hubo seguimientos efectivos, evaluaciones y menos aún controles desde agentes de la sociedad civil y el propio Congreso. El gobierno Uribe ha hecho de la política de seguridad democrática un festín presupuestal para mantener a gusto a una cúpula militar burocratizada y dar vida al millón de sapos de la red de informantes, entre otras estrategias, dejando mandos medios y bajos se ‘rebusquen’ con los falsos positivos.
[1] Política de Defensa y Seguridad Democrática, 2003.
1 comentario:
German Ayala Osorio
Buenos días, comparto tu visión de que el problema de la violencia en Colombia es multifactorial y no un simple problemas de malos y buenos como lo ve el gobierno. Sin embargo me parece que entre las causas que mencionas, no tienes en cuenta el factor institucional, que me parece básico, cuando se trata de entender la situación política, económica y social del país.
Holmes
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