Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El ejercicio efectivo, ejemplarizante y consecuente de la ciudadanía en Colombia, esto es, la participación activa en eventos electorales, pero especialmente la discusión de asuntos públicos y el respeto tanto de los deberes y los derechos consagrados en la carta política, es una tarea que se hace compleja de cumplir en Colombia, justamente porque la consolidación del Estado moderno es un asunto pendiente que nos debe preocupar y ocupar.
En el proceso de fortalecimiento de la acción ciudadana juegan, por supuesto, elementos y circunstancias culturales, políticas, económicas y psicosociales, asociadas a la historia individual y familiar de cada uno de los ciudadanos colombianos.
Hay escenarios en los que más o menos de forma natural se esperan actuaciones ciudadanas ejemplarizantes, en una suerte de idealización de algunos de esos escenarios. Un ejemplo de ello es la Academia, entorno en el que las actuaciones de profesores y estudiantes deberían sostenerse en mayor grado, en el respeto, la tolerancia, en la inclusión de la opinión divergente, pero especialmente, en la reflexión a fondo de los asuntos públicos.
Pero el desengaño es mayúsculo al observar que en la Universidad colombiana coexisten, más o menos de forma cotidiana, los mismos problemas que afuera la sociedad entera enfrenta, acepta, critica, aprueba o desaprueba: desinterés, apatía, señalamientos y persecuciòn ideológica, entre otros.
Quizás idealizar el escenario de académico universitario resulte de una inocencia no manifiesta, de quien lo caracteriza como óptimo para la discusión amplia, abierta, sin más armas y poder que las que nos ofrece el discurso.
Aceptemos por un momento que de un escenario en donde el discurso y el diálogo juegan un papel clave, se esperaría, por lo menos, un ejercicio ciudadano acorde con las condiciones de un entorno en el cual, por encima de cualquier ejercicio de poder y coerción, sobresalga el respeto por las ideas contrarias.
Pero al interior de las Universidades coexisten instituciones ya perennes en Colombia, como el clientelismo y la persecución o la discriminación ideológica, para nombrar dos de las más tradicionales y representativas políticamente hablando.
Lamentablemente, en universidades públicas y privadas hay serias manifestaciones de comportamientos clientelares, de fichaje político, que de forma clara definen no sólo oscuras y dañinas actitudes y aptitudes ciudadanas, sino el consecuentemente aletargamiento de las conciencias de quienes deberán guiar a la hoy más que nunca, confundida opinión pública nacional.
En el fichaje político de profesores juegan las negativas condiciones de un mercado laboral constreñido y por supuesto, los miedos naturales y justificados cuando la edad empieza a ser un factor para que los docentes decidan actuar o no actuar ideológica y políticamente, a través de la discusión abierta de asuntos públicos de especial importancia.
Quizás por lo anterior, haya docentes que decidieron jugar el papel más cómodo y fácil que cualquier ciudadano pueda escoger: el silencio. Hay quienes, incluso, se declaran, por franca comodidad, apolíticos o simplemente indiferentes frente a hechos públicos de los cuales difícilmente se puede estar al margen y que demandan un ejercicio ético claro y preciso.
Es evidente que la polarización política e ideológica que el país enfrenta desde 2002, con la llegada de Uribe Vélez a la Presidencia, se trasladó a los campus universitarios, exaltada, en muchos casos, por la presión de directivos y profesores que han visto favorecidos sus proyectos políticos personales, al sacar partido no sólo de la polarización, sino del ejercicio perverso del poder.
No es bueno para un país como Colombia, en el que la política ha estado al servicio de los más vivos, de los más poderosos, en un proceso de consolidación de mafias en corporaciones públicas decisorias, como el Congreso, Asambleas y Concejos, que en los espacios universitarios se fortalezcan instituciones tan dañinas como el clientelismo y la persecución ideológica. Y no se trata, hay que decirlo, de persecuciones abiertas que puedan servir de acicate para que los docentes las expongan y las denuncien antes los jueces, sino de sutiles decisiones y actuaciones surgidas de esa animadversión que genera aún en Colombia el pensamiento crítico.
Con todo y lo anterior, la Universidad es un espacio privilegiado para el ser humano, en el que todavía es posible soñar con un país mejor. Corresponde a estudiantes y docentes reconocer la oportunidad única que tienen de pensar y dialogar aún, con alguna libertad, en las aulas de clase.
A la ya existente polarización ideológica y política hay que anteponerle la fortaleza del discurso, de la palabra. Hay que impedir que el escenario universitario se convierta en una tribuna en donde por encima del estudio juicioso de asuntos públicos y la consecuente generación de opinión pública, crítica y divergente, estén los intereses particulares y clientelistas de quienes desean replicar en las aulas, el ejercicio tradicional de la política colombiana, soportado en una ciudadanía temerosa e irresponsable ética y políticamente.
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