Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El paramilitarismo pasó de ser un fenómeno asociado exclusivamente a la violencia política, en el marco de una respuesta contrainsurgente del Estado y de un sector de la sociedad civil, a un fenómeno sociocultural, económico e ideológico, que involucra al grueso de las organizaciones sociales de una sociedad civil que legitimó no sólo el actuar criminal de las AUC, sino los apoyos que grandes, medianos y pequeños empresarios dieron a las fuerzas paramilitares.
Ayer la Fiscalía General ordenó la captura de cerca de 22 empresarios del sector palmicultor, en un hecho jurídico que puede ser el inicio de un proceso o de una etapa en el contexto de la parapolítica, que bien puede llamarse paranegocios o etapa paraempresarial en la que los acusados ya no serán políticos profesionales (congresistas, ex senadores, entre otros servidores públicos), sino ciudadanos y empresarios que, actuando políticamente, apoyaron las actividades criminales de los paramilitares.
Parece ser que por un lado va el interés de la Fiscalía de develar el juicioso tejido de responsabilidades que rodean la aparición y sostenimiento del fenómeno paramilitar, y por el otro, los intereses de la gran prensa nacional de minimizar y/o ocultar lo que debería de ser un hecho noticioso de primera página: Empresarios colombianos responsables de la violación de los derechos y cómplices en la comisión de delitos de lesa humanidad.
Ahora bien, pareciera que la gran prensa en Colombia queda y está satisfecha cuando en los escándalos jurídico-políticos sólo son protagonistas congresistas, gobernadores y alcaldes. Pero cuando los protagonistas son ‘honorables empresarios’, editores y periodistas moderan el discurso y hacen un tratamiento noticioso diferente, acomodado, justamente porque se trata de Empresarios. ¿Será porque en el imaginario colectivo los políticos ya tienen una muy bien ganada mala reputación o quizás porque el empresariado para los medios es sinónimo de pauta o de negocios?
En una rápida observación a varios medios de comunicación, en sus versiones impresas, encuentro tratamientos periodísticos preocupantes, pues dejan la sensación de que los medios de comunicación son cómplices de la muerte, persecución y desplazamiento forzoso de negros, indígenas y campesinos pobres, circunstancias que se explican y se sostienen porque en el grueso de la sociedad subsisten actitudes discriminatorias y racistas frente a dichos sectores poblacionales.
Por ejemplo, al mirar el diario EL PAIS de Cali, del 20 de mayo de 2010, en la página A9, sección Orden, aparece el titular Fiscalía ordena captura de 24 empresarios (sic), nota firmada por Colprensa, con origen en Bogotá. Es decir, la decisión editorial del diario regional fue minimizar el hecho noticioso, ubicando una nota corta en el extremo izquierdo abajo de la página A9. ¿Por qué no abrió EL PAIS con ese hecho? ¿Por qué no inicia la gran prensa un proceso de pesquisa y de presión a las autoridades, con el fin de develar a las empresas y empresarios que apoyaron y apoyan aún el fenómeno paramilitar? De esta manera no se construye una opinión pública crítica y capaz de comprender lo que viene sucediendo con el desplazamiento forzoso de afros e indígenas.
En Portafolio, en la página 11, sección Economía Hoy, en el extremo inferior de la página (al centro), aparece el titular Orden de captura contra palmicultores del Urabá (sic). En la misma nota de Portafolio aparece un llamado o recuadro que dice: “20 son las personas afectadas por la medida dictada por la Fiscalía General en un proceso por desplazamiento forzado” (sic).
Por su parte, EL TIEMPO edita una nota en la primera página de su edición del 20 de mayo, en el extremo derecho de su primera página, con un título que dice: Orden de captura a 22 vinculados a empresas de palma (sic). El antetítulo de la nota lleva la palabra Paramilitarismo.
En el lead de la misma nota se lee: “Por provocar el desplazamiento forzado de afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Juguamiandó y por invadir sus tierras en esa zona del Bajo Atrato chocoano, entre 1997 y el 2001, la Fiscalía ordenó la captura de 22 directivos, dueños y empleados de empresas palmicultores” (sic).
Parece cuidarse EL TIEMPO de hablar de empresarios al ubicar en el título de primera página el termino vinculados, que poco ayuda al lector a entender si se trata de Empresarios de un sector señalado como cercano a los paramilitares, por lo menos ideológicamente, o si se trata de simples empleados de algunas empresas palmicultoras que decidieron apoyar a miembros de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.
En el periódico ADN, de la Casa Editorial EL TIEMPO, se editó una nota (página 6, extremo inferior derecho) en la edición del 20 de mayo de 2010, relacionada con el mismo hecho noticioso, bajo el título Fiscalía cuestiona proyecto palmicultor (sic). No creo que el papel de la Fiscalía sea cuestionar, por el contrario, es acusar o absolver a quienes estén vinculados procesos penales.
En esta rápida observación hay un evidente tratamiento periodístico-noticioso que podemos calificar como de ocultamiento, frente al actuar de unos empresarios que según la Fiscalía, violaron los derechos humanos de un sector poblacional golpeado no sólo por palmicultores, paras y guerrilleros, sino por empresas mineras, por la sociedad, por actores de la sociedad civil y por supuesto, por el propio Estado. Estos tipos de tratamientos noticiosos hacen a los medios cómplices no sólo de un actuar criminal de empresarios y paracos, sino de la actitud indolente de una sociedad que mira con desprecio la vida de indígenas, negros y campesinos.
Será muy difícil desmontar el paramilitarismo, como fenómeno ideológico, social, económico y político, si actores de la sociedad civil, como las empresas mediáticas, insisten en minimizar u ocultar un asunto tan grave como lo es que grandes, medianos y pequeños Empresarios se hayan aliado con los paracos para violar los derechos humanos.
Que las organizaciones sociales de la sociedad civil hayan guardado silencio frente a la expansión del fenómeno paramilitar, es un indicador de que en cada colombiano puede haberse enquistado el resistente virus de la intolerancia y del odio a la diferencia, inoculado no sólo a través de la acción armada de paracos y guerrilleros, sino por la acción discursiva de los miembros de la sociedad colombiana y de agentes de la industria cultural, que se resisten a aceptar los proyectos de vida de afros, campesinos e indígenas.
El paramilitarismo pasó de ser un fenómeno asociado exclusivamente a la violencia política, en el marco de una respuesta contrainsurgente del Estado y de un sector de la sociedad civil, a un fenómeno sociocultural, económico e ideológico, que involucra al grueso de las organizaciones sociales de una sociedad civil que legitimó no sólo el actuar criminal de las AUC, sino los apoyos que grandes, medianos y pequeños empresarios dieron a las fuerzas paramilitares.
Ayer la Fiscalía General ordenó la captura de cerca de 22 empresarios del sector palmicultor, en un hecho jurídico que puede ser el inicio de un proceso o de una etapa en el contexto de la parapolítica, que bien puede llamarse paranegocios o etapa paraempresarial en la que los acusados ya no serán políticos profesionales (congresistas, ex senadores, entre otros servidores públicos), sino ciudadanos y empresarios que, actuando políticamente, apoyaron las actividades criminales de los paramilitares.
Parece ser que por un lado va el interés de la Fiscalía de develar el juicioso tejido de responsabilidades que rodean la aparición y sostenimiento del fenómeno paramilitar, y por el otro, los intereses de la gran prensa nacional de minimizar y/o ocultar lo que debería de ser un hecho noticioso de primera página: Empresarios colombianos responsables de la violación de los derechos y cómplices en la comisión de delitos de lesa humanidad.
Ahora bien, pareciera que la gran prensa en Colombia queda y está satisfecha cuando en los escándalos jurídico-políticos sólo son protagonistas congresistas, gobernadores y alcaldes. Pero cuando los protagonistas son ‘honorables empresarios’, editores y periodistas moderan el discurso y hacen un tratamiento noticioso diferente, acomodado, justamente porque se trata de Empresarios. ¿Será porque en el imaginario colectivo los políticos ya tienen una muy bien ganada mala reputación o quizás porque el empresariado para los medios es sinónimo de pauta o de negocios?
En una rápida observación a varios medios de comunicación, en sus versiones impresas, encuentro tratamientos periodísticos preocupantes, pues dejan la sensación de que los medios de comunicación son cómplices de la muerte, persecución y desplazamiento forzoso de negros, indígenas y campesinos pobres, circunstancias que se explican y se sostienen porque en el grueso de la sociedad subsisten actitudes discriminatorias y racistas frente a dichos sectores poblacionales.
Por ejemplo, al mirar el diario EL PAIS de Cali, del 20 de mayo de 2010, en la página A9, sección Orden, aparece el titular Fiscalía ordena captura de 24 empresarios (sic), nota firmada por Colprensa, con origen en Bogotá. Es decir, la decisión editorial del diario regional fue minimizar el hecho noticioso, ubicando una nota corta en el extremo izquierdo abajo de la página A9. ¿Por qué no abrió EL PAIS con ese hecho? ¿Por qué no inicia la gran prensa un proceso de pesquisa y de presión a las autoridades, con el fin de develar a las empresas y empresarios que apoyaron y apoyan aún el fenómeno paramilitar? De esta manera no se construye una opinión pública crítica y capaz de comprender lo que viene sucediendo con el desplazamiento forzoso de afros e indígenas.
En Portafolio, en la página 11, sección Economía Hoy, en el extremo inferior de la página (al centro), aparece el titular Orden de captura contra palmicultores del Urabá (sic). En la misma nota de Portafolio aparece un llamado o recuadro que dice: “20 son las personas afectadas por la medida dictada por la Fiscalía General en un proceso por desplazamiento forzado” (sic).
Por su parte, EL TIEMPO edita una nota en la primera página de su edición del 20 de mayo, en el extremo derecho de su primera página, con un título que dice: Orden de captura a 22 vinculados a empresas de palma (sic). El antetítulo de la nota lleva la palabra Paramilitarismo.
En el lead de la misma nota se lee: “Por provocar el desplazamiento forzado de afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Juguamiandó y por invadir sus tierras en esa zona del Bajo Atrato chocoano, entre 1997 y el 2001, la Fiscalía ordenó la captura de 22 directivos, dueños y empleados de empresas palmicultores” (sic).
Parece cuidarse EL TIEMPO de hablar de empresarios al ubicar en el título de primera página el termino vinculados, que poco ayuda al lector a entender si se trata de Empresarios de un sector señalado como cercano a los paramilitares, por lo menos ideológicamente, o si se trata de simples empleados de algunas empresas palmicultoras que decidieron apoyar a miembros de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.
En el periódico ADN, de la Casa Editorial EL TIEMPO, se editó una nota (página 6, extremo inferior derecho) en la edición del 20 de mayo de 2010, relacionada con el mismo hecho noticioso, bajo el título Fiscalía cuestiona proyecto palmicultor (sic). No creo que el papel de la Fiscalía sea cuestionar, por el contrario, es acusar o absolver a quienes estén vinculados procesos penales.
En esta rápida observación hay un evidente tratamiento periodístico-noticioso que podemos calificar como de ocultamiento, frente al actuar de unos empresarios que según la Fiscalía, violaron los derechos humanos de un sector poblacional golpeado no sólo por palmicultores, paras y guerrilleros, sino por empresas mineras, por la sociedad, por actores de la sociedad civil y por supuesto, por el propio Estado. Estos tipos de tratamientos noticiosos hacen a los medios cómplices no sólo de un actuar criminal de empresarios y paracos, sino de la actitud indolente de una sociedad que mira con desprecio la vida de indígenas, negros y campesinos.
Será muy difícil desmontar el paramilitarismo, como fenómeno ideológico, social, económico y político, si actores de la sociedad civil, como las empresas mediáticas, insisten en minimizar u ocultar un asunto tan grave como lo es que grandes, medianos y pequeños Empresarios se hayan aliado con los paracos para violar los derechos humanos.
Que las organizaciones sociales de la sociedad civil hayan guardado silencio frente a la expansión del fenómeno paramilitar, es un indicador de que en cada colombiano puede haberse enquistado el resistente virus de la intolerancia y del odio a la diferencia, inoculado no sólo a través de la acción armada de paracos y guerrilleros, sino por la acción discursiva de los miembros de la sociedad colombiana y de agentes de la industria cultural, que se resisten a aceptar los proyectos de vida de afros, campesinos e indígenas.
Nota: este artículo está publicado en el siguiente enlace: http://www.revistacierto.com/
4 comentarios:
Lo felicito Germán, por esta reflexión. Me parece que puede ser el comienzo de una reflexión más profunda sobre la "cultura mafiosa" o la "mafiosidad" que ha venido permeando el pensamiento y la acción de muchos sectores del País (y no solamente de Colombia) y que está convirtiendo todo en mercancía.
Antonio
En este país en los últimos 30 años ha demostrado que la verdadera fuerza del poder político, territorial y hasta el económico, son los empresarios relacionado con el narcotráfico o con el paramilitarismo, el gobierno solo es una ficha mas o quizás la mas importante en un juego de damas chinas para los narcos y paramilitares..
Gracias Germán. Qué bueno que vuelves a escribir.
Saludos,
Carlos M:
Hola German: Muy bueno el análisis sobre los "paraempresarios". Y luego aparecen personajes como Luis Guillermo Restrepo rasgandose las vestiduras y dando lecciones de ética política en las Universidades...
Gracias.
saludos,
H
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