Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El conflicto armado interno colombiano no ha servido para resolver las circunstancias históricas que de alguna manera hicieron legítimo el levantamiento armado. Pero sí ha servido para que todos los bandos enfrentados, de muy diversas maneras y por disímiles motivos, hayan puesto en riesgo el orden social establecido de tal forma, que sectores de la sociedad colombiana hoy se sienten arrinconados y temerosos por su accionar, porque cada vez más los civiles resultan víctimas de miembros armados, bien de las fuerzas armadas legalmente constituidas, las guerrillas y, por supuesto, de los paramilitares.
Que miembros del ejército y la policía violen y asesinen civiles resulta ser un estadio de máxima degradación de las condiciones en las que el orden social se sostiene aún en el país. Que guerrilleros y paracos (o las mal llamadas Bacrim) violen los derechos humanos, resulta inaceptable, pero es previsible que ello suceda pues estamos ante grupos al margen de la ley, que existen por la precariedad del Estado para evitar su surgimiento y más aún, para enfrentarlos con decisión, hasta acabarlos, o someterlos. Y más grave aún, que agentes del mismo Estado se hayan prestado para fortalecerlos, reproducirlos y para operar conjuntamente.
El largo y penoso conflicto armado interno colombiano(1), ha desembocado, entre otras cosas nefastas para el país, en lo que hoy sucede con las organizaciones armadas ilegales y legales, en especial con lo que ocurre con ciertos miembros de las fuerzas armadas colombianas, sometidos a presiones operacionales, que terminan desatando furias y animadversión contra los más débiles: la población civil. Por ello, hay que revisar las políticas de reclutamiento y extremar los controles para evitar, por ejemplo, que casos como los tres menores asesinados en Tame (Arauca), crimen en el que está comprometido un subteniente del ejército nacional, no se vuelvan a presentar. Hechos similares abundan a lo largo y ancho del territorio y las fronteras del país.
Estos hechos y otros de los que son responsables militares y policías, paracos, bandas criminales y guerrilleros, darían para pensar que estamos ante un evidente y sistemático desprecio de la condición civil, por parte de guerreros que creen ciegamente en el poder intimidante de las armas, puesto que ellas les han dado el reconocimiento, el poder, la autoridad y el valor social, que les fuera negado justamente cuando fungieron como ciudadanos desarmados, como civiles.
El desprecio de la condición civil puede tener varios niveles de manifestación, según el actor armado. Por parte de las fuerzas militares, por ejemplo, el civil refiere a desobediencia, a desorden, a falta de honor e indisciplina. Las armas y el uniforme, psicológicamente ponen al militar por encima del ciudadano desarmado, a lo que se suma el discurso machista, haciendo fácil la comisión de delitos como violaciones a menores de edad, desaparición de drogadictos, enfermos mentales y ciudadanos que viven en las calles, muchos de ellos, víctimas de los ‘falsos positivos’.
En lo que toca a grupos como las Farc, la condición civil de igual manera es sinónimo de inferioridad e ignorancia frente al actuar del grupo insurgente, que se exhibe como una fuerza que viene a liberarlos del yugo, representado en un Estado y en un modelo social, político y económico excluyentes y violentos.
Así mismo, los paramilitares construyen y ofrecen valores con los cuales se relacionan con los civiles, especialmente, cuando éstos son campesinos, pequeños propietarios de tierras, afros e indígenas, entre otros.
Todos los actores armados, legales e ilegales, por razones o motivaciones políticas, económicas o sociales, etiquetan a grupos humanos, ciudadanos desarmados, como prescindibles, inapropiados, inconvenientes y disfuncionales.
Con lo anterior no estoy intentando clasificar el conflicto armado interno colombiano dentro de categorías como guerra civil (lejos estamos de ese escenario), guerra contra la sociedad, planteada por Pécaut o guerra contra los civiles. Tan sólo señalo que por el actuar de los guerreros (2) se desestima de tal forma la noción de civil, la condición de civil, que en muy precisos grupos humanos y en marcados territorios (especialmente rurales), ser civil resulta ser una condena, un problema y una desventaja, alimentada por la precariedad del Estado y por el desprecio de hombres en armas.
El conflicto armado interno colombiano no ha servido para resolver las circunstancias históricas que de alguna manera hicieron legítimo el levantamiento armado. Pero sí ha servido para que todos los bandos enfrentados, de muy diversas maneras y por disímiles motivos, hayan puesto en riesgo el orden social establecido de tal forma, que sectores de la sociedad colombiana hoy se sienten arrinconados y temerosos por su accionar, porque cada vez más los civiles resultan víctimas de miembros armados, bien de las fuerzas armadas legalmente constituidas, las guerrillas y, por supuesto, de los paramilitares.
Que miembros del ejército y la policía violen y asesinen civiles resulta ser un estadio de máxima degradación de las condiciones en las que el orden social se sostiene aún en el país. Que guerrilleros y paracos (o las mal llamadas Bacrim) violen los derechos humanos, resulta inaceptable, pero es previsible que ello suceda pues estamos ante grupos al margen de la ley, que existen por la precariedad del Estado para evitar su surgimiento y más aún, para enfrentarlos con decisión, hasta acabarlos, o someterlos. Y más grave aún, que agentes del mismo Estado se hayan prestado para fortalecerlos, reproducirlos y para operar conjuntamente.
El largo y penoso conflicto armado interno colombiano(1), ha desembocado, entre otras cosas nefastas para el país, en lo que hoy sucede con las organizaciones armadas ilegales y legales, en especial con lo que ocurre con ciertos miembros de las fuerzas armadas colombianas, sometidos a presiones operacionales, que terminan desatando furias y animadversión contra los más débiles: la población civil. Por ello, hay que revisar las políticas de reclutamiento y extremar los controles para evitar, por ejemplo, que casos como los tres menores asesinados en Tame (Arauca), crimen en el que está comprometido un subteniente del ejército nacional, no se vuelvan a presentar. Hechos similares abundan a lo largo y ancho del territorio y las fronteras del país.
Estos hechos y otros de los que son responsables militares y policías, paracos, bandas criminales y guerrilleros, darían para pensar que estamos ante un evidente y sistemático desprecio de la condición civil, por parte de guerreros que creen ciegamente en el poder intimidante de las armas, puesto que ellas les han dado el reconocimiento, el poder, la autoridad y el valor social, que les fuera negado justamente cuando fungieron como ciudadanos desarmados, como civiles.
El desprecio de la condición civil puede tener varios niveles de manifestación, según el actor armado. Por parte de las fuerzas militares, por ejemplo, el civil refiere a desobediencia, a desorden, a falta de honor e indisciplina. Las armas y el uniforme, psicológicamente ponen al militar por encima del ciudadano desarmado, a lo que se suma el discurso machista, haciendo fácil la comisión de delitos como violaciones a menores de edad, desaparición de drogadictos, enfermos mentales y ciudadanos que viven en las calles, muchos de ellos, víctimas de los ‘falsos positivos’.
En lo que toca a grupos como las Farc, la condición civil de igual manera es sinónimo de inferioridad e ignorancia frente al actuar del grupo insurgente, que se exhibe como una fuerza que viene a liberarlos del yugo, representado en un Estado y en un modelo social, político y económico excluyentes y violentos.
Así mismo, los paramilitares construyen y ofrecen valores con los cuales se relacionan con los civiles, especialmente, cuando éstos son campesinos, pequeños propietarios de tierras, afros e indígenas, entre otros.
Todos los actores armados, legales e ilegales, por razones o motivaciones políticas, económicas o sociales, etiquetan a grupos humanos, ciudadanos desarmados, como prescindibles, inapropiados, inconvenientes y disfuncionales.
Con lo anterior no estoy intentando clasificar el conflicto armado interno colombiano dentro de categorías como guerra civil (lejos estamos de ese escenario), guerra contra la sociedad, planteada por Pécaut o guerra contra los civiles. Tan sólo señalo que por el actuar de los guerreros (2) se desestima de tal forma la noción de civil, la condición de civil, que en muy precisos grupos humanos y en marcados territorios (especialmente rurales), ser civil resulta ser una condena, un problema y una desventaja, alimentada por la precariedad del Estado y por el desprecio de hombres en armas.
(1). Con presiones y decisiones de actores externos, armados y no armados, como el Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, las multinacionales fabricantes de armas y la injerencia del sistema financiero internacional que saca frutos de la guerra interna y que tiene que asumir responsabilidades directas o indirectas en lo que toca a la reproducción de las condiciones del conflicto armado interno.
(2).Tanto aquellos que se autodefinen así, porque reconocen que viven una guerra, o porque defienden un territorio o porque simplemente portan un uniforme o actúan como tales, es decir, utilizan estrategias propias de la guerra (trincheras, aceptación de normas, reconocimiento de jerarquías e insignias, entre otros) o simplemente viven en el sueño de una guerra.
NOTA: ESTA COLUMNA FUE PUBLICADA EN EL ESPACIO AULA Y ASFALTO, DE LA FACULTAD DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE BOGOTÁ, EDICIÓN 222, http://www.aulayasfalto.e-pol.com.ar/, DEL 25/03 DE 2011.
1 comentario:
Hola Germán, muy valiosa tu reflexión. En las academias militares de Colombia, la formación se funda en el desprecio al civil. Yo pasé por la Academia Naval de Cadetes y lo conozco por experiencia propia, Decirle a un cadete “civil” es un insulto. Cordial saludo,
Germán P.
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